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El dinero que los candidatos utilizan en sus campañas electorales proviene de fuentes públicas o privadas. El dinero público viene de los impuestos de los ciudadanos y el dinero privado de individuales o empresas. Las campañas políticas son financiadas principalmente por capital privado, lo que les otorga el poder de exigir a las autoridades “retribución de su inversión” al imponer la priorización de sus intereses ante las necesidades de la ciudadanía.
Las personas o empresas generalmente invierten en iniciativas que favorecen sus intereses concretos, que pueden ser contrarios a los intereses del pueblo. Esa inversión exige algún tipo de retribución. Cuando el candidato financiado ocupa su lugar de poder, los inversionistas pueden exigir que sus intereses sean antepuestos a los de la ciudadanía.
Este es uno de los motivos por el cual la organización Semillas para la Democracia impulsa la Ley 4743/12 de Financiamiento Político, que busca regular y transparentar la financiación de las campañas políticas, para asegurar que los candidatos estén “libres de ataduras”. Así lo explicó la abogada Romy Fischer, encargada de la coordinación del proyecto “Mirador Electoral”.
“Lo importante es por sobre todo poder verificar el origen del dinero que entra a la política”, explicó Fischer, enfatizando en la necesidad de prevenir la financiación de campañas con ganancias de actividades ilícitas, como el narcotráfico, el contrabando o la trata ilegal de personas.
Con la legislación se busca “evitar que los cargos sean comprados por grupos ilícitos, el peligro es que estos se instalen en los puestos de poder”, agregó. Otro aspecto importante es evitar que el dinero público sea utilizado ilegalmente para financiar la campaña del candidato oficialista.
“En Paraguay se está dando una tendencia fuerte a la plutocracia en detrimento a la democracia”, sostuvo el exjuez electoral Jorge Rolón Luna en una publicación de Semillas. La plutocracia es un sistema de gobierno en el que el poder se basa en quienes poseen las fuentes de riqueza.
Durante las internas del Partido Colorado, los candidatos que más invirtieron en propaganda electoral cosecharon exitosamente los espacios que disputaban, según un estudio realizado por la organización.
Horacio Cartes, quien ganó la pugna por la candidatura del partido para la presidencia, gastó el 25,6% de los 7.206.253.000 guaraníes (unos 1.8 millones de dólares).
El informe de Semillas de la Democracia, recoge el costo de mercado de las emisiones televisivas y en prensa escrita, lo que no refleja la totalidad del dinero utilizado, pero puede dar una pauta del volumen de gastos de una campaña.
“Expresamos nuestro temor del peligro que significa la mercantilización de la política y el poder cada vez más elocuente del dinero en la política”, había asegurado en aquel momento Marta Ferrara, directora ejecutiva de la organización. Insistió también que los políticos deben ser elegidos por su reputación, gestión anterior o propuestas de campaña.
Para las elecciones generales que se llevarán a cabo el 21 de abril, desde octubre del 2012 hasta febrero de este año, las campañas políticas gastaron por lo menos 36 mil millones de guaraníes. La ANR gastó G. 17.701.498.000 (4.4 millones de dólares) mientras que el PLRA invirtió G. 11.724.208.000 (2.9 millones de dólares). Este monto se incrementará aún más cuando estén disponibles los datos de marzo y abril.
“Podemos afirmar que en Paraguay hay una tendencia fuerte a la plutocracia, en detrimento de la democracia, porque donde manda el poder del dinero, solo el que tiene recursos puede ingresar a espacios de decisión política, y por lo tanto aquel que no tiene recursos, pero si capacidades, tiene escasas posibilidades de acceder, y si lo hace es por necesidad de presentar listas más aceptables para la ciudadanía”, aseguró Ferrara.
La Ley 4743/12 de Financiamiento Político, promulgada en octubre del 2012, implica la modificación de 15 artículos del Código Electoral y obliga a los partidos políticos a llevar registros de afiliados, inventario, caja, personas físicas y jurídicas que realicen contribuciones y donaciones.
La normativa prohíbe a los partidos a recibir contribuciones o donaciones de entidades extranjeras, de entidades estatales o de asociaciones sindicales, entre otros. La legislación limita también impone un límite a las donaciones de individuales. Las planillas de gastos, que incluyen ingresos y egresos, tienen que ser reportados al TSJE y luego divulgados al público general.