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En la quincena del mes de abril, el ganadero Luis Meneleo Insfrán Cabrera recibió una extraña llamada a su teléfono celular, donde una voz masculina le advertía que tenía que pagar una cierta suma de dinero o caso contrario matarían a su familia o dañarían el establecimiento ganadero.
Como si fuera poco, en ese mismo día un alambrador de la estancia, de nombre Óscar Aquino Giménez, habló con el ganadero y le advirtió que gente del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), le mandó pedir G. 20 millones para el grupo logístico.
Preso del miedo, el dueño del establecimiento depositó el dinero en una cuenta de un banco ubicado en Santa Rosa del Aguaray. Creyó que la pesadilla iba a terminar con el pago, pero se equivocó: El calvario recién comenzaba.
Una serie de llamadas por teléfonos celulares, exigieron al ganadero que abonase 50 mil dólares, siempre con la misma moneda de cambio: no dañar a la familia del afectado o a la estancia.
Insfrán pidió a los delincuentes que por lo menos bajen sus pretensiones monetarias. Los extorsionadores dejaron el monto en G. 200 millones, en cuotas de G. 50 millones.
El administrador de la estancia, Ovidio Canessa, se encargó de pagar el monto, dejando el dinero en sitios señalados por los extorsionadores, casi todos ellos en el bosque de la estancia. En total, la víctima abonó G. 250 millones.
La Fiscalía y la Policía tomaron conocimiento del caso, alarmados por la mención del EPP, por lo cual realizaron una exhaustiva investigación.
Uno de los puntos más llamativos se dio el 25 de mayo de 2013, cuando el alambrador Óscar Aquino Giménez, fue asesinado en una zona boscosa de la estancia Yba Hái, de Santa Rosa del Aguaray.
Supuestamente la muerte del alambrador tenía un fuerte vínculo con los extorsionadores. La Policía Antisecuestro hizo un cruce de llamadas y encontró que varias personas estaban implicadas en el hecho.
Los policías de Antisecuestro unieron cabos y así llegaron al suboficial Humberto Mendoza Haudenschild, quien prestaba sus servicios en la comisaría 7ª de Asunción, por ser el propietario de uno de los teléfonos usados supuestamente para la extorsión.
Luego le tocó el turno al militar César Gustavo Centurión Ortega, cuyo teléfono también supuestamente fue usado en la extorsión. El detalle curioso es que en su casa ubicada en Pedro Juan Caballero, los policías encontraron 300 gramos de marihuana. También se incautaron armas de fuego.
El militar presumiblemente encabeza la gavilla y fue la persona que habló por teléfono en varias ocasiones con la víctima.
Finalmente el último imputado en la causa fue Marcelino Bogado Suárez, quien supuestamente se encargó de retirar el dinero dejado por el administrador de la estancia.
Todos están imputados por extorsión, coacción y coacción grave, por los fiscales Sandra Quiñónez (Antisecuestro) y Carlomagno II Alvarenga. Todo lo mencionado anteriormente está documentado en el Ministerio Público.