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“Es algo muy básico lo que voy a decir, pero yo creo que el karakú (lo central, en guaraní) de poder garantizar el derecho a la educación es entender la educación como un derecho humano fundamental y como un bien público”, aseguró Serafini, en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación, que se inició en Paraguay el 26 de abril.
Uno de los principales desafíos para el Estado es entender y asumir su rol como “garante de derechos”. “Lastimosamente, no todas las administraciones entienden eso”, explicó la experta.
La educación “no es un bien privado, un botín de guerra, o algo que se puede utilizar para conseguir los votos”, insistió. “Mientras eso no se entienda, no se va a poder garantizar cabalmente los derechos porque justamente la equidad no va a ser un enfoque prioritario”, aseguró.
Entender la educación como un derecho humano fundamental implica un cambio en la cultura política. Las autoridades competentes deben dejar de tomar decisiones autoritarias y adoptar medidas democráticas, explicó la experta. El Estado debe “realizar los esfuerzos necesarios para que la educación sea una realidad para los sectores más desfavorecidos”, sostuvo.
Entre estos esfuerzos se incluye un aumento de la inversión en educación, que debe ser mucho mayor, progresivo y sostenido, explicó Serafini. El aumento de inversión debe ser acorde a un plan serio y coherente, que contemple necesidades y prioridades de la política educativa. Un eventual aumento presupuestario no debe depender de prioridades partidarias “que llevan a apoyar fondos para una escuela y no otra, sin criterios técnicos”, aseguró.
“Mientras no se encare de manera seria el aspecto presupuestario, en su planificación, en su diseño, en su asignación y luego, por supuesto, en el control de los recursos, va a ser muy difícil garantizar el derecho a la educación”, explicó.
Por otro lado, se deben diseñar e implementar propuestas de enseñanza adaptadas a la necesidad de la población local, acotó Serafini. El currículum impartido en una escuela debe responder a la realidad de los distintos sectores de la sociedad. “No es el mismo planteamiento el que se necesita para la educación rural que para las poblaciones indígenas, por ejemplo”, aseguró.
Otro aspecto fundamental es la estructura del Ministerio de Educación y Culto, que actualmente tiene 129 direcciones en su estructura organizacional y cuenta con 12.000 funcionarios administrativos. Muchas de estas dependencias tienen funciones superpuestas. Esto genera “desorden en la actuación y mala utilización de recursos”, sostuvo Serafini.
Por último, la experta destaca la necesidad de insistir en una capacitación holística (en conjunto y no por partes) de los docentes. Los entrenamientos no solo deben enfocarse en las competencias relacionadas al área educacional, sino también deben incluir instrucción en derechos humanos, igualdad de género, de equidad y educación inclusiva.
“La capacitación y la formación constituyen una gran deuda del Estado que seguimos arrastrando”, acotó Serafini, explicando que en el 2012 lo invertido para capacitación por docente fue de G. 55.000.