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La ola de denuncias inició cuando salió a la luz una conversación telefónica en la cual el superintendente de Servicios Generales de Itaipú, Arturo Giménez, ordena que “desaparezcan” dos celulares dentro de la institución. Los teléfonos pertenecían a dos jóvenes que lo acusaban de acoso, lo cual se puede comprobar con sus declaraciones en dicho audio.
En el audio, Giménez señala que su exsecretaria denuncia que fue acosada por él, motivo por el cual pide que se “pierda” su teléfono. “Me andan rompiendo mucho las bolas. Va a ser un susto también para ellas... y se van a quedar sin nada”, dice el mismo a una mujer a la cual le ordena que haga el “trabajo sucio” para que los celulares sean robados. La otra mujer sería la encargada del gimnasio de la entidad.
La llamada se habría dado hace tres meses, aproximadamente. Llamativamente, poco después, una de las mujeres que denuncia haber sido acosada, Mariza Yrigoyen fue víctima de un robo en Ciudad del Este. Sin embargo, afortunadamente, la misma pudo salvar el teléfono porque lo tenía en el bolsillo.
A partir de allí, como una bola de nieve, la situación de Arturo Giménez se fue complicando puesto que fueron saliendo a luz más y más víctimas. Hasta el momento, ya son varias las mujeres que denuncian haber sido acosadas por él.
Sin embargo, esta no es la primera vez que saltan a la luz hechos de acoso en la entidad binacional. En el 2012, Leticia Montanía y Sabina Benítez contaban con contratos de pasantía en el Complejo Turístico Tati Yupi de la Itaipú Binacional, y denunciaron acoso sexual al jefe del área Osmar Oriol Sarubbi.
Sara Radice, extitular del Comité de Equidad y Género de Itaipú y abogada defensora de la denunciante Mariza Yrigoyen, relató que, en ese caso, las jóvenes recibieron la asistencia necesaria y reglamentada por la entidad: apoyo psicológico y abogados defensores.
Al contrario de ello, en una publicación hecha en febrero de ese mismo año por ABC Color, ambas chicas denunciaban que no contaban con el apoyo necesario e incluso seguían trabajando en la misma dependencia que el acosador y eran hostigadas por él constantemente.
Según el archivo, la fiscala Zunilda Martínez trabó el caso. Incluso en ese entonces, el informe del departamento de victimología del Ministerio Público en el cual señalaban que las víctimas no padecían ningún transtorno que compruebe los hechos. Sin embargo, el informe de la Secretaría de la Mujer indicaba lo contrario. Finalmente, desamparadas por la Justicia, las jóvenes se vieron obligadas a llegar a un acuerdo económico.
A esos dos casos, le siguen Norma Cardozo y Sandra Morales, quienes llegaron a instancias penales por despido injustificado, tras hechos de acoso sucedidos en el 2013. El abogado de Cardozo, Roberto Inglés, relató que tienen todas las pruebas necesarias, incluso grabaciones de la existencia del acoso por parte del superintendente Arturo Giménez. A su cliente incluso el acusado le planteó que entregue su celular (con las pruebas en su contra) y desista de la denuncia para que pueda mantener su cargo en la institución.
Tras numerosas chicanas del Ministerio Público para culminar la investigación, tuvo que aceptar un acuerdo económico pero dejó constancia documental en que seguía firme en su acusación por acoso, que contaba con las pruebas pero cedió ante la inoperancia fiscal.
Mientras que Morales, también pasante, denunció a su jefe inmediato Osvaldo Martínez, jefe de la División de Seguridad. Según el abogado, Augusto Gernhofer, el hombre la tocaba e incluso enviaba imágenes de sus partes íntimas. Para empeorar la situación, en busca de ayuda ella acudió a todas las instancias institucionales, pero llegó ante su superior inmediato: Arturo Giménez. La respuesta fue nuevamente un acoso, pues según su denuncia, quien debía tomar la posta, la citó en un hotel privado para “escuchar su denuncia”.
Ambos acusados de acoso salieron impunes a pesar de las denuncias y pruebas. Martínez continuó en el cargo hasta que años después fue destituido por otro motivo. Mientras que Giménez recibió como premio el cargo de superintendente de Servicios Generales de Itaipú.
La entidad firmó un pacto global de las Naciones Unidas mediante la cual, junto con otras casi 400 instituciones, se compromete a garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales y, además, velar por qué los empleados no sean cómplices de la vulneración de los derechos de otros funcionarios. El acoso sexual y moral denunciado en la Itaipú claramente viola dicho compromiso.
Asimismo, cada funcionario que ingresa a la entidad forma parte de un contrato colectivo de condiciones laborales. Según resalta Radice, uno de sus primeros articulados es el de fomentar el Comité de Identidad y de Género y, a través del mismo, prevenir que ocurran hechos de acoso sexual y laboral. “Están obligados por normas internas y compromisos internacionales. No entiendo cómo no han hecho nada”, expresó la abogada.
Radice indicó incluso teme que existan menores entre las víctimas, atendiendo a que numerosas estudiantes hacen pasantía escolar en la entidad binacional. Por ese motivo, pide a la Fiscalía que actúe de oficio. Pero, ante la inacción fiscal, decidió contactar con Mariza y ahora están planteando todas las posibilidades para iniciar el proceso judicial en contra de Giménez. “Ella quiere justicia, no desea que ninguna chica vuelva a pasar por lo mismo nunca”, agregó.
La extitular del Comité de Género, explicó que existen procesos establecidos que deberían ser respetados y cumplidos por la entidad. Ante un hecho de denuncia por acoso, lo primero que se debe hacer es brindar apoyo psicológico para la víctima, que está siendo sometida a un trauma muy grave.
En segundo lugar, se tiene que apartar del cargo al funcionario acusado de cometer tal abuso, hasta que culmine la investigación y se determine su culpabilidad o inocencia.
Ante la cadena de acosos, Radice insta a todas las víctimas de acoso a que contacten con ella para recibir el asesoramiento necesario. “Les digo a todas las aprendices, contratadas, pasantes, las mujeres que sufren acoso sexual o moral, que se animen y no tengan miedo. Hay instancias institucionales, también está la vía penal y civil. No hay que perder las esperanzas de que algún día la Fiscalía va a tomar riendas en el asunto”, manifestó.
Insistió además en que también los sindicatos de trabajadores pueden ayudar a las víctimas, pues cuentan con los protocolos para estos casos y tienen la obligación de apoyarlas. Finalmente, indicó que las mujeres que se animen a denunciar y quieran ayudar a que ninguna mujer vuelva a pasar lo mismo, la escriban o llamen al (0981) 412 948 para así dar fin a la problemática que podría estar afectando a una innumerable cantidad de chicas.
Tras las publicaciones hechas en los medios de prensa, la Entidad Binacional, emitió un comunicado en el cual niega que exista un “esquema para amedrentar o encubrir a denunciados”. Además, aseguró que se han tomado todas las medidas administrativas disponibles, “sin reserva alguna y se está en permanente contacto con el Ministerio de la Mujer”.
Asimismo, asegura haber asistido a la denunciante y ofrecido la colaboración de la Entidad para realizar todas las denuncias correspondientes. Sin embargo, ella misma denunciaba que se sentía desamparada y que la mandaron a una sección vacía donde su trabajo es limpiar carpetas viejas.