Cargando...
El proyecto es de larga data. Fue impulsado durante el periodo 2008-2013 por el entonces diputado nacional David Ocampos, actualmente titular de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Senatics).
Hacia finales del actual periodo de Gobierno se ha vuelto a insistir sobre el tema, y tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, pasó al Senado, que lo aprobó con modificaciones, pero quedó allí.
Los impulsores del proyecto sostienen que la comercialización de servicios relacionados con las tecnologías de la información (TIC) ha alcanzado creciente importancia en el comercio internacional debido a la rápida difusión de nuevas tecnologías y modelos de negocios.
Dicen que en materia de demanda de servicios de TI, casi el 80% se concentra en América del Norte y Europa, 18% en Asia y Oceanía en conjunto, mientras que América Latina y África representan menos de 5%.
Creen que estos índices muestran lo relegado que está nuestra región en este “papel preponderante” que juega hoy la tecnología en las economías de mercado, pero a la vez es una oportunidad de crecimiento y competitividad sin igual para nuestros países latinoamericanos, para avanzar en la industria y fortalecer nuestras economías.
Se estima que gran parte del movimiento económico y las rentas que genera la industria de software, son derivadas directamente al mercado interno de los países, fortaleciendo así las economías.
El desarrollo de la industria de software tiene dos importantes beneficios: por un lado, ofrece oportunidades para generar empleos calificados y divisas mediante la exportación de servicios y, por el otro, transmite conocimientos y productividad para una amplia gama de sectores de usuarios.
El proyecto de ley se presenta como una herramienta para fomentar el crecimiento de este importante y emergente sector, buscando expandir su alcance a todo el mercado internacional y aumentar sus numerosos beneficios hacia el interior del país (mayor competitividad, capacidades).
Al respecto, el titular de Senatics, David Ocampos, manifestó que cada año se reciben más de 300 profesionales informáticos y analistas de sistemas en nuestro país, y lo positivo del tema es que la demanda de esta mano de obra calificada es mucho mayor que la oferta. “No es ni la décima parte de lo que se necesita actualmente”, resaltó.
Al destacar el potencial que tiene el país en este sector, dijo que la economía paraguaya todavía no está informatizada, razón por la cual también se requiere de una alianza estratégica entre las universidades y las empresas, de modo a avanzar y cubrir las necesidades, que no son pocas.
En ese sentido, destacó la “importancia clave” de una ley que incentive el sector, donde la inversión depende casi en un 100% de “materia gris” (cerebro). “Además, para qué importar aquello (programas informáticos) que en el Paraguay se puede hacer”, enfatizó Ocampos.
Al destacar la necesidad de una ley de fomento para este sector, el presidente de la Cámara Paraguaya de Industrias del Software (Cisoft), Sebastián Ortiz, manifestó que “realmente es un escándalo” la manera con que se maltrata en nuestro país a la industria del software, “siendo un sector tan estratégico”.
Añadió que esta industria “está siendo discriminada”. Dijo que mientras que en los países de la región se la promueve con muchas políticas, en el Paraguay se la castiga. “Las licitaciones tienen condiciones que excluyen a la industria nacional. Hacienda tiene la posición inaudita de cobrar IVA a los exportadores de software”, lamentó.
Agregó que no existe forma de que el Estado paraguayo se modernice y las empresas sean competitivas sin el desarrollo de la industria nacional del software. “Golpeando a esta industria estamos condenando el país al atraso. Esta ley intenta paliar algunos de estos problemas, en esto radica su importancia”, expresó.
Consultado sobre la incidencia del rubro en la economía nacional, sobre todo en materia de empleos, Ortiz explicó que actualmente hay alrededor de 50 empresas desarrolladoras de software en Paraguay, de las cuales dependen en forma directa alrededor de 4.500 trabajadores altamente calificados. “No obstante, calculamos que en todo el país hay unas 12.000 personas trabajando en desarrollo de software”, indicó.
Acotó que, sin embargo, la importancia de esta industria radica en que se trata de un índice de la competitividad nacional, de las organizaciones públicas y privadas, que emplean esta tecnología.
Según el proyecto, los beneficiarios de la ley serán las personas físicas y jurídicas domiciliadas en la República del Paraguay, cuya actividad principal sea la industria del software y/o servicios conexos, así como las instituciones educativas debidamente acreditadas de nivel medio y superior; que desarrollen una o varias de las actividades definidas en la norma ley y se encuentren inscritos en el registro habilitado por la autoridad de aplicación.
Para la adquisición de software o sus servicios conexos por parte del Estado, el proyecto establece que tendrán preferencia las ofertas de software nacional o sus servicios conexos, antes que las de software o servicios desarrollados en el extranjero.
Además, fija el margen de preferencia en 20% del precio ofertado. Si de la comparación adicional resultare ser la oferta nacional la más baja, se la seleccionará para la adjudicación.
Asimismo, los beneficiarios gozarán de exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la exportación de bienes de software y servicios conexos de software nacional (actualmente esto no está bien definido, por lo que no se aplica uniformemente). Se crea el Registro de Exportadores de Software y Servicios Conexos.
Se dispone la creación de programas de crédito diferenciados, préstamos blandos y otros mecanismos financieros dirigidos al sector de la industria nacional de software y servicios conexos. Se promoverá la valoración de la industria de software como activos intangibles, para el otorgamiento de estos créditos.
Asimismo, se crea el Fondo de Fomento al Desarrollo y Producción de Software Nacional, al que los sujetos beneficiarios de la ley podrán realizar aportes que serán deducidos del monto a abonar al fisco en concepto de Impuesto a la Renta, al cierre de cada ejercicio fiscal, hasta un máximo del 20%.