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El Paraguay se sitúa en la categoría de “riesgo extremo” de vulnerabildidad ante el cambio climático, ocupando la posición número 8 de 33 países de América Latina y el Caribe, según el documento “Índice de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático en la Región de América Latina y el Caribe”, elaborado por el Banco de Desarrollo de América Latina.
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Esta situación es atribuida a varios factores, entre ellos la pobreza, la desigualdad y los medios de subsistencia vulnerables que caracterizan al país. Desde marzo de 2014, Paraguay cuenta con un Plan Nacional de Cambio Climático. Los sectores contemplados en este plan son aquellos importantes por la magnitud de sus impactos y la necesidad de acciones de adaptación:
1. Producción agropecuaria y seguridad alimentaria. 2. Recursos hídricos: Gestión y reducción de riesgos. 3. Salud y epidemiologia. 4. Infraestructura, transporte y energía. 5. Ambiente, bosques y ecosistemas frágiles. 6. Educación y difusión. 7. Aspectos Normativos y Legales.
Cada uno de esos sectores tienen su relevancia en la emisión de gases invernaderos, por ejemplo, el sector transporte, que es considerado el segundo que más gases emite. En ese sentido, se está implementando actualmente el plan de “Transporte sustentable y de bajas emisiones para la ciudad de Asunción y el Área Metropolitana”, mediante el cual se está renovando la flota de autobuses de manera progresiva.
Para implementar este plan, se elaboró un Consejo Nacional de Cambio Climático, el cual está conformado por 23 instituciones. Entre ellas se pueden citar al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Viceministerio de Transporte, la Secretaría Nacional del Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, la Unión Industrial del Paraguay y otras entidades estatales y privadas que relacionadas con los siete sectores citados con anterioridad. Este grupo se reúne cada cierto periodo para tratar los nuevos datos que se poseen y posibles proyectos a ser impulsados.
Lo principal para que el extenso y detallado plan pueda ser un éxito es la colaboración de todos los municipios, las gobernaciones y los principales organismos privados afectados. Se divide en dos fases: la primera es la de la estrategia de mitigación y, la segunda, la estrategia nacional de adaptación al cambio climático.
En la primera fase, lo clave es “incentivar las inversiones e industrias limpias”, además de fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías amigables con el ambiente. Mientras que, la segunda, tiene por objetivo instalar el tema de cambio climático en el país. Para ello, se debería impulsar acciones para reducir la vulnerabilidad y los riesgos. Además de lograr la mejor adaptación ante el impacto climático y los eventos extremos.
Entre los planes propuestos, se plantea la implementación de incentivos fiscales y económicos para las inversiones en proyectos de manejo sostenible y enriquecimiento de bosques nativos y plantaciones.
No obstante, hace unas semanas el Ejecutivo emitió el decreto forestal 7702, el cual, según expertos y ambientalistas, pone en peligro nuestros bosques. Además, afirman que esta nueva normativa, que califican de ilegal, permite remplazar las reservas obligatorias de bosques nativos por monocultivos forestales, eliminando la muy rica biodiversidad existente.
La adaptación al cambio climático es un proceso de ajuste al clima real, con la finalidad de evitar daños o aprovechar las oportunidades que podrían ser beneficiosas. Nuestro país cuenta con planes y políticas nacionales y locales de adaptación.
La Oficina Nacional de Cambio Climático realizó una guía para elaborar planes de adaptación al cambio climático para los gobiernos locales. La intención es disminuir los impactos negativos de este fenómeno o sacar provecho del mismo, enfocándose en los beneficios.
1. Planificar actividades. Se establecen acuerdos, conforman equipos técnicos para liderar el proceso de elaboración del plan local y se elaboran cronogramas de trabajo, involucrando a todos los actores claves y habitantes del territorio.
2. Identificar la necesidad de un plan de adaptación. Para ello, se debe considerar si se enfoca en todo el departamento o se impulsa a nivel municipal. En esta etapa, se evalúa cómo los fenómenos climáticos afectan a la zona y cuáles son las principales actividades económicas de la localidad.
3. Identificar, evaluar y priorizar las medidas de adaptación. Teniendo en cuenta de que los recursos para implementar, se debe focalizar cuales son mas medidas que traerían mayores beneficios. Esas acciones deben ser tomadas teniendo en cuenta los aspectos económicos, ambientales, sociales e institucionales.
4. Implementar las acciones. Para esta etapa, se debe elaborar una estrategia y un cronograma de ejecución.
5. Monitorear, evaluar y actualizar el plan. Finalmente, preguntarse: ¿hemos cumplido con lo establecido? ¿Cómo podemos mejorar?
El índice de vulnerabilidad al cambio climático en nuestro país es de solo el 1,58. Ethel Estigarribia, directora de la Oficina Nacional de Cambio Climático de la Secretaría Nacional del Ambiente, señaló que el cambio climático es una problemática que trasciende fronteras, por lo cual, pese a las acciones que se puedan tomar a nivel local, nunca serán suficientes si las demás naciones no ponen de su parte.
Boquerón y Alto Paraguay son los únicos que ya poseen un plan de adaptación local en nuestro país. En esas localidades, se realizó el proyecto denominado “Enfoques basados en ecosistema para reducir la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria a los impactos del cambio climático en la región del Chaco en Paraguay”. Mientras que en Filadelfia, Loma Plata e Irala Fernández se están elaborando los planes de adaptación local teniendo en cuenta el nacional.
En la Región Oriental, aún no se cuentan con planes específicos, pero sí varios proyectos. Uno de ellos es el de Caazapá, donde se diseñó e implementó secadero para almidón de mandioca, a fin de que los productores puedan seguir trabajando pese a los cambios del clima en esa localidad donde las lluvias azotan con fuerza constantemente.
Asimismo, se impulsó en ocho departamentos un proyecto denominado “Diseño metodológico para la determinación y evaluación de caudales ambientales y planes de manejo de cuencas, basado en la cuenca prioritaria del río Tebicuary, como instrumento para la implementación de la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático”.
Si bien los avances en cuanto a planes y proyectos de adaptación han avanzado en las últimas décadas, aún son pocos los municipios y gobernaciones que se han sumado para la elaboración de sus propios planes locales. Ni siquiera la capital del país cuenta con uno, pese a ser una de las más pobladas.