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Pro Cordillera San Rafael (Procosara) es una organización que trabaja en la conservación de la Reserva San Rafael. La misma se maneja con recursos propios para el pago de sus cuatro monitores forestales, a los que se suman dos guardaparques de la Secretaría del Ambiente (SEAM), quienes se turnan en la semana para cuidar las 73.000 hectáreas que tiene la Reserva San Rafael, amenazadas día y noche por depredadores ya sea para el cultivo de marihuana, el tráfico de rollos o la plantación de soja.
La Reserva está ubicada a unos 450 kilómetros de Asunción, entre los departamentos de Itapúa y de Caazapá. Dentro de la Reserva y alrededores -que aún conserva gran variedad de flora y fauna- se concentran varios asentamientos indígenas y campesinos, una situación que va en contra de lo que establecen las leyes ambientales. Sin embargo, respetar las leyes es lo que menos se hace en esta zona del país. La Reserva forma parte de lo que se conoce como el Bosque Atlántico del Alto Paraná, que abarca territorios de los departamentos de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Paraguarí, Caaguazú, San Pedro, Concepción, Caazapá y Guairá.
En 2005 entró en vigencia la Ley 2524, más conocida como “deforestación Cero” para la región Oriental. Supuestamente, con esta normativa, ya no se tendría que desmontar bosques ni hacer cambios de suelo para uso de extensiones agrícolas. La ley establece sanciones y hasta pena carcelaria de 3 a 8 años en caso de violarla. Sin embargo, nadie fue enviado a la cárcel por deforestación en Paraguay en los últimos diez años, es decir, desde entrada en vigencia dicha ley, según confirmaron a ABC Color desde la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) del Congreso Nacional.
Uno de los últimos monitoreos realizados por Procosara, a finales de 2015, permitieron detectar de nuevo el desmonte de varias hectáreas dentro de la Reserva. De acuerdo con el informe técnico de esta organización, en sobrevuelos realizados entre octubre y noviembre pasados, se observó mucha deforestación en el área protegida, en diferentes propiedades. El informe de Procosara señala que en uno de los sobrevuelos se detectaron más de 9 parcelas de área deforestada de bosques nativo uno al lado de otro, cada parcela de tres hectáreas aproximadamente, lo que totalizan 27 hectáreas deforestadas. Esta situación se presentó en la zona colindante con la Reserva Guyra Reta de Guyra Paraguay y la Colonia Amistad, en el Distrito de Alto Vera.
En otro sobrevuelo, en la zona norte de la Reserva, en el distrito de Tava’i, dentro de la comunidad campesina conocida como “San Miguelito”, se visualizaron varias hectáreas de bosques nativos deforestadas y la presencia de unos 20 hornos para hacer carbón, algunos de ellos incluso dentro de la Reserva y el resto en el límite mismo. Actualmente, en esta zona existen –además de estos hornos detectados- más de 100 hornos en las comunidades de Rivas Kue, Toro Blanco, San Miguelito y Guasu Kua que trabajan día y noche.
El carbón es uno de los productos más rentables para los depredadores de los bosques de Parques y Reservas Nacional. Los financistas generalmente son empresarios brasileños, que pagan una buena suma por llevar el producto desde nuestro país ya que en territorio brasileño, la producción de carbón ha disminuido bastante, después de varias medidas establecidas por el gobierno local para evitar justamente la deforestación en el país con el objetivo de hacer carbón.
Según datos oficiales que maneja la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), desde 2011 a junio de 2015, Paraguay exportó en forma oficial 244.233 kilos de carbón vegetal al Brasil, principal mercado legal e ilegal de este producto. De acuerdo con lo que estiman fiscales y otras organizaciones que trabajan en el cuidado de los bosques, esta cantidad no llegaría a representar ni el 20% de todo lo que se fue de contrabando desde Paraguay a Brasil en los últimos años en este rubro.
El problema de la producción ilegal de carbón tiene que ver con la formación de asentamientos que están en algunas zonas de la Reserva. En efecto, la ley que forma la Reserva San Rafael de 1992, establece que de las 73.000 hectáreas que tiene la propiedad, unas 15.000 hectáreas serán destinadas exclusivamente a comunidades indígenas. El resto, todo será de la Reserva y no se menciona la posibilidad de que haya asentamientos.
Sin embargo, en la propiedad de Pa’i Paredes, en la zona de san Miguelito, distrito de Tava’i, unas 25 familias campesinas se asentaron en el lugar y dicen que tienen la autorización del INDERT para instalarse, ya que el referido instituto agrario adquirió las tierras para ellos, de acuerdo con el reporte que maneja Procosara. Solamente en esta zona, se tiene más de 20 hornos para carbón y varias hectáreas de bosques deforestadas. Casi la misma situación se presenta en la expropiedad del banco Sudamerix, asentamiento denominado “Guasu Kua”, en donde supuestamente, el INDERT está en tratativas para adquirir las tierras y darles a los campesinos que ya se encuentran asentados en el lugar. En la zona, como en casi todos los lugares en donde se instalaron asentamientos campesinos, se registran hornos para carbón, extracción de maderas acerradas y la tala de bosques.
En la zona de la estancia Santa Inés, que está dentro de la Reserva, se detectó “cambio de suelo de pastizal natural a área de cultivo mecanizada” en un área de alrededor de 500 hectáreas. Es decir, se cambió el pastizal que se tenía para plantar soja en la superficie mencionada. Según el reporte El pastizal natural de la Mesopotamia es una de las ecoregiones altamente amenazada que cubre el 30% de la Reserva y que en ella se encuentra especies de aves endémicas.
“El tráfico o las talas indiscriminada de los árboles en la Reserva sigue siendo un grave problema a pesar de los patrullajes, denuncias y sobrevuelos que se realizan, nunca es suficiente” señala el documento de Procosara.
En el documento, se lee que, solamente en 2015, los cuidaparques de esta organización hicieron un total de 23 sobrevuelos en los cuales identificaron las zonas más afectadas por el tráfico de rollos. Ellas son: Comunidad Indígena Arroyo Moroti, Comunidad Amistad, Santa Ana, Takuapi, Arroyo Claro y Taguato. En estos lugares los principales problemas son la madera cortada con motosierra para convertirlos en tirantes y talbones, la extracción de madera acerrada en tirantes, el tráfico de postes y rollitos, la madera acerrada con tractor, la extracción de leña y corte de tirante y tabla. Como se ve, se trafica la madera en todas sus variantes posibles, sin ningún problema.
En la zona del Distrito de Tava’i, la situación se torna más difícil porque las comunidades están muy alejadas. Sin embargo, para los traficantes, ni la distancia se hace obstáculo. Por ejemplo, de las comunidades Rivas kue, Toro Blanco, 3 de junio, Santa Inés, Guasu kua, se extrae todo tipo de especie de madera en rollos y acerrados que se pueda comercializar.
En un comunicado dado a conocer el pasado 11 de enero, la Secretaría del Ambiente recordaba la prohibición que existe para realizar actividades de transformación de superficies con cobertura de bosques y destinarlas a asentamientos humanos, a partir de dos hectáreas. De acuerdo con lo establecido por la SEAM, el espacio geográfico en donde esta norma jurídica surte efectos se refiere a áreas rurales que estén en zonas forestales por lo que esta disposición no se aplica a áreas urbanas, ni a zonas no forestales.
En efecto, esta reglamentación de la SEAM se basa igualmente en lo que establece la “Ley de Deforestación Cero” que fue ampliada y prorrogada por sucesivas leyes (como la Ley N° 3.139/06 y la Ley Nº 3.663/08) y en la actualidad se encuentra vigente por medio de la Ley Nº 5045/13 hasta el 31 de diciembre del 2018.
Mientras tanto, en toda la zona de la Región Oriental, en los últimos 10 años se han deforestado casi la misma superficie que el total de 24 parques y reservas nacionales que existen en la zona y que corresponden al Bosque Atlántico, según datos satelitales que maneja la WWF. En ese sentido, de 2005 hasta el año pasado, se deforestaron unas 231.882 hectáreas, mientras que la superficie de 24 parques y reservas –de las 25 que existen en la Región- llegan a las 286.000 hectáreas.
El nulo control de las autoridades, la falta de una política de Estado sobre el asunto y sobre todo, la total impunidad con que se manejan los depredadores de estos recursos naturales, hacen que estos números, muy por el contrario de reducir, vayan aumentando cada año.