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Un informe realizado entre junio y octubre de este año del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) pone al descubierto las serias violaciones a los derechos humanos y a las leyes por parte del citado centro, administrado por una organización sin fines de lucro, encabezada por una estudiante de psicología, Natalia Barrios.
El centro, ubicado en el kilómetro 20,5 de Capiatá, cuenta con pabellones divididos únicamente por sexo, pese a que comparten espacio adolescentes y mayores, que a su vez albergan celdas con barrotes, similares al de las prisiones, donde los internos pasan las noches encerrados y sin acceso alguno a materiales de lectura o escritura.
Para internar a una persona con problemas de drogas y hacer uso de los servicios que promete “Transformando Vidas”, como atención médica, psiquiátrica, psicológica, terapéutica y espiritual, entre otras, se debe pagar la exorbitante suma de G 4.000.000 aproximadamente, sin embargo las observaciones de los comisionados revela que el cuidado de los pacientes está casi en exclusiva a cargo de lo que denominan “guardias”, incluso las enfermeras deben seguir las órdenes de estos.
En caso de que uno de los pacientes haga uso de su derecho de retirarse y no volver voluntariamente - pues no es un centro penitenciario - el Centro pone a disposición de las familias un servicio de “rescate” el cual tiene un costo adicional de G 500.000 más - y puede ser mayor dependiendo de la hora del operativo - en el cual usan la fuerza incluso cuentan con la colaboración de la Policía, para regresar a los que escapan. Esto fue afirmado por la propia directora, refiere el informe.
“Es un servicio de condiciones precarias de habitación y alimentación. Quedan enjaulados como en un establecimiento penitenciario, no se le permite la lectura. También existen condiciones de maltrato, ya que los familiares deben firmar el acuerdo de que puedan usar la fuerza en ciertos casos. Hay esposamiento incluso con apoyo de la policía”, dijo a ABC Color Diana Vargas, comisionada que encabezó el equipo técnico que verificó las condiciones del Centro.
El documento socializado advierte que el elevado costo que se solicita para ingresar a este Centro “no garantiza una atención integral a la salud, ni condiciones materiales, ni de trato adecuadas: Se han identificado carencias materiales como falta de ropa de cama y mantas para el frío, comida en escasa cantidad y no variada (guiso de arroz, guiso de fideo, todos los días) ni que contemple necesidades alimenticias individuales”.
A criterio del MNP, el modelo de encierro que implementa Transformando Vidas constituye una privación ilegítima de la libertad y a todas luces tratos crueles, inhumanos o degradantes, contrarios a la dignidad humana.
Durante el periodo estudiado, la población del centro era de 32 personas, 27 varones, cinco mujeres, un adulto mayor, dos adolescentes, una persona declarada homosexual y un extranjero. El paciente con mayor tiempo de internación es de 582 días (20 meses) y el promedio general de estadía es de cinco meses.
Pese a la diversidad de pacientes, no se pudo comprobar que existan criterios individuales de asistencia ya sea conforme a la edad o a las necesidades particulares de cada individuo.
Aún hay más, pese a todas las irregularidades ya descriptas, el sitio no cuenta con habilitación expedida por Ministerio de Salud, lo que resulta una falta grave pues suministran tratamientos médicos. También funciona sin que esté habilitado por la Municipalidad de Capiatá, lo que pone al descubierto el nulo interés de las autoridades por controlar este tipo de establecimientos.
“Las irregularidades que nos preocupan son aquellas que tienen que ver con el rol del Ministerio de Salud Pública, sobre el control de la habilitación de centros de esta naturaleza, hacia ahí hay que apuntar. Este informe es solo un ejemplo, hay otros (centros) que funcionan de forma muy precaria, las familias recurren y abonan estos montos altos pero hay hacinamiento como en las cárceles, la atención medica es una vez a la semana, están al cuidado de guardias, tienen barrotes en las habitaciones, cuando hay peligro de fuga, se los retiene contra su voluntad y esposados por largo tiempo”, analiza la Comisionada.
El informe también pone al descubierto que se encontraron serios indicios de la existencia de malos tratos tanto físicos como mentales, que podrían configurarse como tortura y hace responsable directamente al Ministerio de Salud por su omisión en el control del funcionamiento de este tipo de establecimientos, pese a contar con un área designada, la Dirección de Establecimientos de Salud.
“Se le presiona a que reciban el tratamiento, si o si terminan recibiendo el tratamiento” dijo una enfermera del centro a los comisionados. Esto pone al descubierto que los usuarios no pueden rechazar su tratamiento, diagnóstico o medicación recibida. En contraste, el lugar hace énfasis en un ambiente religioso, con mensajes bíblicos en diferentes sitios.
Por todo lo expuesto, entre otras revelaciones, el MNP recomienda al Ministerio de Salud a que proceda inmediatamente con la clausura de Transformando Vidas, además de abrir una investigación y procesos judiciales contra los responsables de la administración del sitio que funciona por completo al margen de la ley.
“Se le permite a cualquier lugar, con habitaciones, a funcionar como centro de tratamiento de adicciones, ni siquiera esos mínimos requisitos estamos controlando, la situación es realmente grave. Estos lugares difícilmente pueden tratar las afecciones, no tienen enfoque terapéutico”, sentenció la comisionada Vargas.