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El gobierno del presidente saliente, Horacio Cartes, deja a su sucesor un sistema de transporte público de pasajeros perverso y corrupto, que manejan alrededor de 50 empresas, gran parte de ellas vinculadas a políticos.
Pese a los US$ 26 millones en concepto de subsidio que distribuyó el Gobierno entre 2014 y 2017, apenas logró renovar alrededor del 30% de 1.500 unidades que circulan diariamente en la capital y su área de influencia.
Los pasajeros pueden viajar en buses climatizados pagando un precio más caro (G. 3.600) al convencional (G. 2.600), pero deben esperar hasta una hora o más para abordar y, encima, van apretujados en los pasillos. Las unidades no respetan el tiempo establecido. La frecuencia de circulación es de 5 y 10 minutos en horas pico, y fuera de ella, de entre 10 y 30 minutos.
Los sufridos usuarios se ven obligados a viajar a diario en buses chatarra del servicio convencional y, encima, ilegales. Los fiscalizadores del Viceministerio de Transporte se limitan a sancionar a las empresas legales por subir pasajeros fuera de las paradas establecidas y hacen la vista gorda a los buses chatarra ilegales, que varias veces inclusive ocasionaron accidentes con saldos fatales.
El gobierno de Cartes benefició con subsidios del Estado a empresas que no cumplían con las exigencias. Una de ellas fue la Línea 15, propiedad de la familia Jure Yunis, que es una antigua morosa del Banco Nacional de Fomento (BNF). Asimismo, otorgó subsidio al pasaje del servicio convencional (G. 100 por boleto) a Transporte y Turismo Lambaré (Líneas 23 y 24), propiedad de Juan Carlos Aveiro, que solo hacía circular buses climatizados.
El Gobierno saliente también benefició con subsidio de pasaje y bonos a transportistas que incumplen leyes laborales y de seguridad social.