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La demanda tiene como fundamento mediato sentar precedente jurisprudencial respecto de la manera en que algunos fiscales –los menos por cierto– han venido ejerciendo su actividad investigativa de manera “mediática” con clara violación del artículo 4 del Código Procesal Penal, entre otras reglas legales expresas, y del principio de inocencia, pilar básico del derecho. En la actualidad se presenta a los investigados e imputados como culpables y luego se culpa o a la prensa de exagerar y si no hay condenas, se culpa al Poder Judicial de complacencia con los poderes fácticos, para encubrir investigaciones temerarias, subjetivas y en algunos casos como el que funda esta demanda.
Se ha convertido en lamentable costumbre que en las investigaciones penales que afectan –con razón o no– a personas de alguna relevancia pública, algunos fiscales recurran a la imputación sin haber efectuado el mínimo esfuerzo investigativo y recurriendo a los medios de opinión pública presentando como culpables a sus investigados. Ejemplos existen decenas, pero podemos citar los más recientes que han afectado incluso a ministros de la Corte, en que se cita a una conferencia de prensa para “avisar” a la prensa de que se abrirá una investigación a ministros, ni más ni menos por vínculos con el narcotráfico, sin que hasta la fecha se haya iniciado investigación alguna.
En el caso del demandado Giuzzio, se probará como hecho mediato pero relacionado con el fundamento de esta causa, que inició decenas de investigaciones contra personalidades públicas sin obtener resultado alguno, pero logrando en todo esos casos una enorme presencia mediática.
La demanda
Según Bogado, el 3 de octubre de 2006, Giuzzio le imputó junto a otras personas por la supuesta comisión de delitos en la administración de los “fondos universales para subsidios” que distribuye Conatel.
Agregó que la investigación penal se fundó en una “denuncia anónima” de dos carillas, en la que se acusó a varios presidentes de Conatel. “Ante esta denuncia que claramente no revestía las mínimas condiciones de seriedad, se procedió, con el acompañamiento periodístico de estilo, a efectuar pomposos allanamientos en Conatel”, apuntó el demandante.
En otra parte de la presentación, el parlamentario explicó que en marzo de 2011, luego de 9 meses de haber sido desaforado, “sin ninguna diligencia relevante, ante el nulo avance de la investigación, sin que se practicara ninguna diligencia, pedí el sobreseimiento definitivo”.
Agregó que el entonces fiscal Giuzzio de “manera increíble” se opuso a su solicitud, “en un escrito de diez líneas que indica como causa de oposición que él considera que no es el momento procesal oportuno y que además había diligencias pendientes (que no efectuó en cuatro años)”.
“No contento con ello, el entonces fiscal constantemente declaraba en la prensa que la investigación contra Víctor Bogado estaba paralizada porque el imputado presentó una prejudicialidad. El ahora demandado traspasó todos los límites razonables y faltó a la verdad para hacerme aparecer como responsables del nulo avance de la investigación”, apuntó Bogado.
Daño a la imagen
Los daños causados a mi imagen, integridad y honor son muy difíciles de cuantificar y es más, el propio demandado, actuando ahora como senador, en un reciente caso que me involucra como es de público conocimiento, llegó a declarar, cubierto por sus fueros, que él en el pasado ya me había imputado y que la justicia impidió concluir la investigación (ABC edición de 7 de noviembre 2013). Es decir, aún hoy insiste en recordar a los medios la “investigación” que efectuó.
Por otro lado, el senador Bogado fue acusado por el Ministerio Público en el caso más conocido como el de la “niñera de oro”, por los hechos punibles de estafa y cobro indebido de honorarios, como cómplice. La exniñera de sus hijos, Gabriela Quintana, percibía salarios en la Cámara de Diputados y en Itaipú Binacional.
cbenitez@abc.com.py