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El 14 de junio último, la fiscala Stella Marys Cano imputó a cinco policías de la comisaría 7ª –el oficial 1º Sebastián Espínola Sachelaridi, el oficial 2º Guillermo Rafael Torres, el suboficial 1º Francisco Javier Giménez, el suboficial 1º Julvio Cubas Cartamán y el suboficial 2º Víctor Abel Vallejos– y pidió prisión para todos, tras alegar una posible obstrucción a la investigación.
El relato presentaba a los agentes como responsables de una supuesta agresión sufrida por el abogado Antonio Augusto Álvarez Núñez, hijo del juez camarista de Paraguarí y exdiputado nacional Augusto Álvarez. Afirmaba incluso que el letrado quedó internado en un sanatorio privado a raíz de la brutal golpiza que recibió por parte de los agentes.
Álvarez había sido detenido el pasado 10 de abril luego de rozar con su camioneta a un transeúnte, en Ana Díaz casi avenida Próceres de Mayo. Los agentes objetaron la falta de chapa en la parte trasera del vehículo, lo que motivó la airada reacción del letrado, posteriormente demorado por resistirse al procedimiento.
El caso estuvo desde un principio a cargo del fiscal Emilio Fúster, que fue recientemente recusado por Álvarez. Aunque la recusación fue rechazada por el fiscal adjunto Édgar Moreno, el mismo dispuso la separación de Fúster y derivó el caso a la fiscala Cano.
En la audiencia de imposición de medidas realizada el viernes 17 de junio ante el juez de garantías Julián López, el magistrado decretó la prisión de los agentes. Fue a pedido de la fiscala Cano, quien alegó que los agentes podrían obstruir la investigación de los hechos.
En ese mismo día, salió a luz un video de la intervención, donde se observa la airada reacción del abogado Álvarez, quien agrede verbal y hasta físicamente a uno de los intervinientes, al que repele con un empujón.
“Imbécil”, “burro” e “inútil” son términos con los que el letrado se refiere a los agentes, a los que advierte al oficial que lo redujo que “no sabe con quién se metió”.
En las mismas grabaciones se observa la intervención del hermano mellizo de Antonio, Andrés Adán Álvarez Núñez, quien además de dirigirse a uno de los agentes como “gordito cornudo”, también intenta golpear a uno de los agentes que filmaba la acción.
Ante la notoria disparidad entre lo que se observa en el video y el relato de la denuncia y de la Fiscalía respecto a lo que supuestamente ocurrió, el juez Julián López dispuso la libertad de los agentes, en una audiencia de revisión de medidas que tuvo lugar el martes último.
En la audiencia, Cano pidió prisión domiciliaria para Cuba y Giménez, quienes han sido imputados por supuesto robo (de dos celulares y G. 700.000) además de los delitos de coacción grave y lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas comunes a todos.
El juez López dijo que desconocía la existencia del video y que actuó de conformidad al escenario que le presentó la Fiscalía. Cano dijo no haber visto dicho material porque su antecesor lo envió a Laboratorio Forense. A su vez, el abogado defensor Rolando Cáceres Salvioni afirmó que Cano tuvo el video desde el primer día y lo ignoró, al igual que los diagnósticos médicos de las lesiones sufridas por los agentes.
Estas son las interrogantes que se espera que tanto el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados como la Corte Suprema de Justicia puedan aclarar con las investigaciones de oficio que abrieron.
Lamentan manoseo y exigen investigación
“Yo solamente hice mi trabajo y por eso estoy acá. Estuve ocho días preso, me pusieron las esposas y están recorriendo las redes sociales las fotos mías con las esposas. ¿Quién me recupera el daño emocional a mis hijos? ¿Quién me recupera eso?”, expresó el oficial 1° Sebastián Espínola, en declaraciones a la prensa en el Palacio de Justicia.
El uniformado, que habló en nombre propio y en representación de sus compañeros, cuestionó que no se haya investigado las lesiones que ellos sufrieron y destacó que en el video se puede observar el profesionalismo con que actuaron al contenerse ante las provocaciones de los hermanos Álvarez.
Espínola presentó un diagnóstico que certifica que sufrió “traumatismo de partes blancas más luxación de falange distal primer dedo mano derecha”, mientras que a Cuba le diagnosticaron “traumatismo de partes blandas: labios superior e inferior y brazo izquierdo”.
“¿Por qué no se investigó nuestra denuncia? ¿Por qué solo investiga la denuncia de otro si nosotros fuimos los perjudicados acá? Fuimos violentados en nuestras garantías, no se tuvo en cuenta la presunción de inocencia. Obviamente algo hubo acá, por eso terminamos así”, indicó, tras destacar que no es posible que por un delito cuya expectativa de pena no supera los 5 años, tenga que ir a prisión y menos aún luego de dos meses del inicio del proceso.
Trato indignante
El uniformado calificó de humillante el trato recibido al ser esposado como un delincuente para ser trasladado del retén hasta el juzgado, medida que está establecida como regla general para todos los casos y lamentó haber tenido que pasar el día del padre en prisión, sin poder participar en los actos escolares de sus hijos.
“Fuimos esposados, eso para mí es aberrante, indignante, cómo se han de sentir los 23.000 policías que están afuera queriendo cumplir su trabajo, se sienten coartados a realizar un procedimiento. Yo creo que se tienen que tomar cartas en el asunto y que nunca más vuelva a ocurrir eso”, acotó Espínola.
Según imputación, abogado fue “golpeado brutalmente”
La imputación presentada por la fiscala Stella Mary Cano afirma que el abogado Antonio Álvarez fue detenido sin motivo alguno y “golpeado brutalmente” por los policías ahora imputados al negarse a entregar la llave de su vehículo y presenta el siguiente relato de los hechos acontecidos el 10 de abril:
“La víctima, el Sr. Antonio Álvarez, habría sido encañonado con una escopeta calibre 12 por el oficial Francisco Javier Giménez Martínez para que se calle y sea esposado.
Mientras que la víctima se trataba de defender y desesperadamente solicitaba auxilio, el oficial Francisco Giménez Martínez le habría aplicado un culatazo a la altura del hombro, lado derecho, por lo que el mismo habría perdido el equilibrio cayéndose al suelo, situación que habría sido aprovechada por el suboficial Julvio Cuba para avalanzarse e intentar estrangular a la víctima, mientras que los oficiales Sebastián Espínola Sachelaridi y Guillermo Rafael Torres lo habrían pisado y esposado, para luego arrastrarlo desde el interior de la vivienda por más o menos 20 metros hasta lanzarlo a la patrullera.
Es así que, con una segunda esposa, la víctima habría sido sujetada a la patrullera, donde habrían continuado las torturas por parte de los oficiales, donde presumiblemente le habrían apretado fuertemente sus ojos con los pulgares y le habrían metido los dedos en el oído a la víctima de manera sistemática, mientras que otros oficiales le habrían cerrado la boca a golpes, pegándole en la pierna con un caño de escopeta y mientras le apretaban sus genitales, requiriéndole insistentemente que entregue las llaves de la camioneta”.
Para asesor de la Policía, es “totalmente aberrante”
“Es una vergüenza, la institución policial necesita garantías al momento de realizar su trabajo específicamente el personal policial que cumple tarea de seguridad como órganos de seguridad, miembro de la fuerza pública, necesita garantías de las instituciones (Ministerio Público y Poder Judicial) al momento de realizar su trabajo”, expresó el abogado Édgar Ledesma, de la asesoría jurídica de la Policía Nacional.
Ledesma destacó que no se explica cómo una investigación que se inicia como un caso de resistencia, puede terminar con los agentes que denunciaron el caso como procesados.
“Totalmente aberrante desde todo punto de vista jurídico”, acotó, tras resaltar que la fiscala Stella Mary Cano no dio trámite alguno a la denuncia de resistencia hecha por los agentes.
Resistencia y robo
Asimismo, el letrado sostuvo que el denunciante debería estar procesado no solamente por resistencia sino también por robo, puesto que arrebató la radio policial de uno de los agentes.
“Le sacó el walkie, le arrebató el walkie y tiró dentro de su casa, prácticamente ellos tenían que estar procesados por el hecho punible de robo y sin embargo... yo no entiendo, no llega a mi entendimiento. Yo creo que cualquier persona, ni siquiera hace falta ser profesional de Derecho para entender que todo ese proceso en contra de los policías estuvo plagado de irregularidades. Para mí es una vergüenza, ¡indignante!”, enfatizó.
Además de Ledesma, también están a cargo de la defensa de los agentes los abogados Orlando Mareco, Fredy Jara y Rolando Cáceres Salvioni, este último particular.
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