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Bogado había sido imputado por lesión de confianza –cuando Giuzzio era fiscal– por un perjuicio patrimonial de G. 12.000 millones a Conatel, del cual era presidente.
Se trataba de un servicio de teléfonos celulares para zonas rurales. Una buena idea que no se llegó a concretar porque no se cumplió el acuerdo, y con todo eso se pagó.
Lo cierto es que Bogado ahora se lanza contra Giuzzio, en un momento en que soporta otro proceso por el caso de la denominada “niñera de oro”, en el cual nuevamente fue imputado y por el que fue objeto de escraches de la ciudadanía, a la que pretende ignorar.
Bogado puede tener sus motivos para presentar su demanda y es legítimo que cada persona se preocupe por su imagen ante la sociedad, pero esto no quita la sospecha de que se gesta un nuevo argumento de defensa por parte de los legisladores que están en la mira de la justicia.
Anteriormente eran los fueros –del cual Bogado se agarró fuertemente en su momento–, luego fueron los pedidos s de investigación de los bienes fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción y ahora la demanda civil.
Sabido es que nuestra justicia no garantiza un juicio justo y que tiene clara tendencia de favorecer a los poderes fácticos, entre los que aparecen los políticos a la cabeza.
Entonces esta demanda plantea un nefasto antecedente para investigar a los políticos, más aun en el momento en que se conoce el despilfarro que se hace con el dinero público. Pese a todo la fiscalía debe mantener una postura firme. La presión política está siempre latente, pero el contrapeso la hace una opinión pública cada vez más exigente, pero dispuesta a acompañar al que hace de su trabajo un medio de lucha contra la corrupción.
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