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Tentativa de homicidio doloso, homicidio doloso agravado y consumado, e invasión de inmueble ajeno y asociación criminal son los delitos atribuidos a Villalba. La Fiscalía sostiene que el acusado realizó uno de los tres disparos de escopeta que le costaron la vida al subcomisario Erven Lovera, jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GEO).
De acuerdo a la tesis sostenida por la acusación, el segundo disparo fue efectuado por el acusado Luis Olmedo y el tercero, por un desconocido.
Para sustentar el pedido de pena máxima de 30 años de prisión y otros 10 años de medidas de seguridad, el Ministerio Público aseguró que Villalba ideó, planificó y ejecutó su plan para resistir y matar por cuestiones ideológicas, debido a un alto grado de resentimiento y odio que tenía, de acuerdo con un estudio psicológico.
Para Luis Olmedo Paredes, considerado parte importante en la estructura de más de 150 ocupantes del inmueble, la Fiscalía pidió una condena de 25 años de reclusión, por coautoría de homicidio doloso agravado, tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
Por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y tentativa de homicidio, los agentes fiscales solicitaron condenas de 20 años de pena privativa de libertad para Arnaldo Quintana y Néstor Castro.
Para Lucía Agüero, Fany Olmedo y Dolores López, la Fiscalía requirió una condena de 8 años de prisión, por complicidad en homicidio doloso y tentativa de homicidio doloso agravado. Los fiscales afirman que actuaron de “señuelos” en complicidad con los acusados por homicidio doloso, al ubicarse en la primera línea con niños y ancianos al momento del ingreso de los policías al inmueble, para aparentar tranquilidad.
Las penas más leves, de 5 años de reclusión, fueron solicitada para Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro Benítez, Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería Cáceres, la Fiscalía por invasión de inmuebles y asociación ilícita.
En su exposición, los fiscales Nelson Ruiz, Liliana Alcaraz y Leonardi Guerrero se explayaron durante dos días sobre los distintos aspectos que hacen a la acusación, entre ellos la situación irregular de los ocupantes del inmueble que se convirtió posteriormente en escenario del sangriento enfrentamiento.
En este sentido, el fiscal Ruiz destacó que los acusados sabían de la situación jurídica de las tierras de las fincas 30 y 72 e intentaron dar un ropaje de legalidad al propósito. Más allá de la discusión respecto a si la propiedad correspondía a la familia Riquelme o al Estado paraguayo, la Fiscalía destacó que los ocupantes carecían de documentos que avalen la propiedad del inmueble, por lo tanto nada justifica su ingreso a la misma.
Asimismo, Ruiz resaltó que en el hipotético caso de que la propiedad sea del Estado, esta situación tampoco habilita a los acusados a instalarse en la misma por la fuerza, debido a la legislación vigente prevé los resortes legales para la realización del reclamo administrativo o judicial ante las instituciones que correspondan.
Prosigue el jueves 23
El Tribunal de Sentencia está presidido por Ramón Trinidad Zelaya e integrado por Benito González y Samuel Silvero, dará continuidad a la audiencia oral este jueves 23, con la presentación de los alegatos finales de los defensores.
Para la defensa, pedido fiscal es infundado
Los defensores Víctor Azuaga, Amelio Sisco y Marcos Shirakawa coincidieron en sostener que la petición de condena de la Fiscalía carece de fundamento, debido a que no está sustentada en las pruebas producidas en juicio. Fue en declaraciones a nuestro diario tras la conclusión de los alegatos finales de la Fiscalía.
“La Fiscalía en forma temeraria establece unas condiciones de pena alegando que hubo cuestiones de resentimiento, odio... Parecía un libreto, más bien un alegato de la época de la dictadura, que habla de resentimiento y odio, y ese es el motivo por el cual funda porque tiene que darle una pena mayor de 30 años y también aplicar medidas de seguridad”, explicó Sisco.
El letrado, quien tiene a su cargo la defensa de Dolores López, sostuvo que ninguno de los testigos ha dicho en forma fehaciente que alguien de ellos fue el que disparó contra Erven Lovera u otro agente policial.
El letrado destacó, además, que la advertencia del artículo 400 hecha por el colegiado no es suficiente para sostener una acusación por homicidio doloso.
“El Tribunal tuvo que haberlo dicho en su momento, advertir y ya directamente decir en relación a que tipo penal y cuál sería la modificación y no dejar así en la incertidumbre hasta llegar al momento de los alegatos finales y que la Fiscalía impute un nuevo tipo penal”, acotó .
“Absolución es lo que corresponde porque no hay una identificación de nadie, la Fiscalía se basó en un NN para poder solicitar la responsabilidad de la conducta y con esto solicitar la pena agravada hasta 40 años”, dijo a su vez Víctor Azuaga, defensor de Néstor y Adalberto Castro, Juan Tillería y Luis Olmedo.
“Para mi defendido Alcides Ramírez, la Fiscalía pide 5 años de pena privativa de libertad, que aparte de manifestar su inocencia, porque él no estuvo en el lugar, no estuvo presente en el momento cuando se realizó la masacre; y además fue aprehendido 1 mes después en Brítez Cue”, expresó Marcos Shirakawa, quien lamentó que su cliente lleve ya 4 años en prisión.
Protestas aumentan tensión
Familiares de los acusados de la masacre de Curugutaty y activistas de derechos humanos protagonizaron algunos incidentes en la semana pasada, molestos por el ingreso de policías de civil a la sala de juicio sin los rigores de control correspondiente.
Tras protestar a los gritos en las afueras de la sala de juicio, a la que incluso se negaron a ingresar por algunos minutos, la situación se normalizó tras el registro de los agentes.
El clima de tensión debido a las agresiones verbales entre gran parte del público y los representantes de la Fiscalía, en especial la fiscala Liliana Alcaraz, es una constante. Esta situación ha sido incluso motivo de advertencias por parte del Tribunal de Sentencia a los visitantes de que, en caso de reiteración, deberán abandonar la sala de juicio.
Familiares de los acusados de la masacre de Curugutaty y activistas de derechos humanos protagonizaron algunos incidentes en la semana pasada, molestos por el ingreso de policías de civil a la sala de juicio sin los rigores de control correspondiente.
Tras protestar a los gritos en las afueras de la sala de juicio, a la que incluso se negaron a ingresar por algunos minutos, la situación se normalizó tras el registro de los agentes.
El clima de tensión debido a las agresiones verbales entre gran parte del público y los representantes de la Fiscalía, en especial la fiscala Liliana Alcaraz, es una constante. Esta situación ha sido incluso motivo de advertencias por parte del Tribunal de Sentencia a los visitantes de que, en caso de reiteración, deberán abandonar la sala de juicio.
Persiste un estricto control
El control para el ingreso a la sala de juicio oral y público donde se realiza la audiencia del caso Curuguaty sigue siendo estricto.
El recinto judicial tiene capacidad para 60 personas, y el ingreso es por orden de llegada, sin distinción, y los asistentes deben presentarse con sus respectivas cédulas de identidad y estar previamente acreditados.
El acceso a la sala de juicio está restringido para los periodistas, inclusive durante los recesos, por lo que los trabajadores de prensa deben esperar fuera de la sala para realizar las notas.
El presidente del Tribunal de Sentencia, Ramón Trinidad Zelaya, ha intervenido en más de una ocasión para llamar la atención a personas del público que expresan a viva voz sus cuestionamientos a la postura de los representantes del Ministerio Público.
rferre@abc.com.py