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Bajo la coordinación del fiscal adjunto Federico Espinoza, los fiscales anticorrupción Hernán Galeano, Luis Lionel Piñánez y Josefina Aghemo investigan al titular de la Senad, Luis Rojas, así como a los senadores Arnaldo Giuzzio, del Partido Democrático Progresista (PDP), y Arnoldo Wiens, del Partido Colorado
Igualmente, por el momento, los mismos fiscales analizan la conducta del jefe del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, comisario Gilberto Fleitas, el fiscal antidrogas Carlos Alcaraz, y del narcotraficante brasileño Ezequiel de Souza, detenido desde noviembre del 2012 tras la incautación de más 1.700 kilos de cocaína en Canindeyú.
La investigación guarda relación con una conversación secreta que el jefe antidrogas y los citados legisladores mantuvieron con el narco brasileño a supuesta solicitud de este, porque estando preso en una celda de máxima seguridad de la Senad, presuntamente recibía amenazas de muerte por parte de narcotraficantes.
La charla confidencial fue grabada en un dispositivo que permaneció oculto desde el día en que se realizó la reunión, ocasión en que el detenido habló de millonarias coimas que los narcotraficantes pagan a fiscales, jueces y demás autoridades.
El caso saltó a la luz pública después de que el medio de cable Unicanal difundiera el audio generando críticas y solicitudes de investigación sobre la reunión, así como la filtración de la grabación.
Todos los participantes negaron descaradamente tener conocimiento de la grabación de la conversación registrada en horas de la tarde del miércoles 5 de noviembre del 2014. De la misma participaron el detenido brasileño Ezequiel De Souza, el actual director de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, y los senadores Arnaldo Giuzzio y Arnoldo Wiens.
En el audio se escucha al director de la Senad preguntar al brasileño detenido por los nombres de las personas a quienes pagaba. Rojas dijo que esas personas son las mismas que “desean que vos estés muerto ahora”.
Ante la pregunta y advertencia de Rojas, el brasileño dice, según se escucha en el audio, que “sin cobertura política no se podía traficar en el norte” y agrega: “a algunas instituciones yo pagaba 40.000 (dólares), otras regionales 30.000, no solo la Senad, también Ministerio Público, Fuerzas Armadas, todos”.
Tras afirmar De Souza que también pagaba a jueces y fiscales, Luis Rojas pregunta el nombre del fiscal que recibía la coima. “No recuerdo un fiscal de la zona que no haya sido pagado”, respondió el detenido antes de mencionar a Celso Morales como otro fiscal que presuntamente era sobornado.
Al ser preguntado en la charla secreta si tenía vinculación con la diputada colorada Cristina Villalba, del departamento de Canindeyú, el narco brasileño dijo que daba dinero a la legisladora por indicaciones de su hermano Carlos “Cabrito” Villalba. “Sí, le tenía que dar 10 a su hermano y cinco a ella”, manifestó.
También citó a agentes especiales de la Senad a quienes también pagaba para supuestamente proteger a la estructura del narcotráfico en la frontera. Uno de ellos, Silvio Amarilla, y el otro Aquiles Villalba.
Al señalar que existen filmaciones, grabaciones e informes, el detenido dijo que la droga era traficada por territorio de La Paloma, previos pagos que oscilaban entre 160.000 y 400.000 dólares mensuales.
De Souza afirmó que entregó personalmente dinero al entonces fiscal y actual viceministro, Javier Ibarra, quien más tarde rechazó esas acusaciones.
Cometieron barbaridades
Los protagonistas de la reunión cometieron barbaridades, porque transgredieron numerosas normas legales y si todo termina en el opareí o la nada, queda abierta la posibilidad de que en el futuro cualquier reo se sienta con el derecho de exigir en sus celdas la presencia de legisladores para denunciar amenazas de muerte o culpar de ilicitudes a otras personas, según investigadores del Ministerio Público.
Estos dijeron además que se sentó una especie de “jurisprudencia” o antecedente ilegal que no debe repetirse en adelante porque, si vuelve a ocurrir, se pondría de patas para arriba al Estado de derecho.
El audio de la conversación evidencia que se envileció el rol del legislador porque, por inducción de un carcelero, dos senadores fueron hasta una prisión de máxima seguridad para escuchar el relato de un narcotraficante que debió ser puesto a disposición de un fiscal o juez para manifestar lo que denunció.
El evento también demostró que se corrompió la función de un ministro del Poder Ejecutivo, en este caso el titular de la Senad, porque además de su función de carcelero de un preso a su cargo, se convirtió en una especie de abogado y protector del mismo.
Entre otras cosas, el organizador de la reunión secreta del narco brasileño con los legisladores violó la norma penal que obliga a todo encargado de un detenido a acudir al Ministerio Público o al Juzgado a solicitar protección ante las amenazas. En este caso, Luis Rojas, técnicamente carcelero de De Souza, al no haber acudido al juez o fiscal, evidenció mal desempeño, violación de la ley e ignorancia de la norma legal que debió cumplir.
En la grabación se escucha a Rojas formular preguntas capciosas al detenido y este se ve obligado a ofrecer respuestas esperadas por su interrogador. Según los investigadores, los interrogatorios de Rojas demuestran manipulación y transgreden reglas que protegen a todo detenido.
En cuanto a la participación de los senadores Arnaldo Giuzzio y Arnoldo Wiens, ambos se convirtieron en cómplices de hechos denunciados por el narcotraficante De Souza, de acuerdo a los analistas del episodio secreto. Durante la charla confidencial grabada, el extranjero atribuyó numerosos delitos a jueces, fiscales, autoridades políticas y gubernamentales.
Estudiosos de las ciencias jurídicas señalan que al día siguiente de la mencionada conversación secreta, Giuzzio y Wiens debieron acudir presurosos al Ministerio Público y denunciar las revelaciones hechas por el detenido. Al no hacerlo y esperar que la grabación trascienda en un medio de comunicación, la ciudadanía tiene derecho a pensar que los legisladores especularon con el contenido del audio, concluyen analistas legales que escucharon la grabación.
Igualmente, otros investigadores jurídicos del suceso indican que al ser sometido a preguntas capciosas por parte su carcelero, el detenido fue obligado a declarar contra sí mismo, posibilitando la apertura de nuevos procesos a los que debería quedar sujeto.
Asimismo, De Souza fue sometido a interrogatorios capciosos sin la presencia de su abogado y con ello se consumó la violación de su derecho a la defensa, agregan los observadores judiciales.
Estos recordaron que todo imputado o detenido puede declarar cuantas veces crea conveniente, pero toda vez que su declaración sea pertinente y no se constituya en una chicana o incidente dilatorio.
eruizdiaz@abc.com.py