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En la parte central del acta e imputación, los fiscales manifestaron lo siguiente: “En fecha 5 de mayo de 2015, los señores Carlos G. Fernández Valdovinos, presidente del Banco Central del Paraguay; Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos, y Rolando Arréllaga Yaluk, gerente general del BCP, remitieron un informe preliminar elaborado por los funcionarios de la Superintendencia de Bancos que fueron designados como interventores en el proceso de resolución de la Financiera Ára SA de Finanzas y del cual surgían indicios serios sobre la existencia de un daño patrimonial importante a la citada financiera.
Del informe preliminar de irregularidades se desprende que los interventores (en fecha 30 de abril del corriente año) realizaron arqueos generales para validar el saldo de cuenta de la caja, tanto de la casa matriz como de las sucursales, arrojando como resultado una diferencia aproximada de G. 74.546.000.000, en contrapartida a los saldos de balance declarados a fecha 29 de abril del año 2015, que ascendía a G. 77.805.000.00.
Asimismo, del informe de los interventores se infiere que la diferencia citada estaba representada por los documentos obrantes en las cajas de las sucursales de Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, es decir, en lugar de contabilizarse dinero en efectivo, se contabilizaron documentos, tales como cheques devueltos, recibos de dinero y vales que no podían registrarse como dinero efectivo”.
El señor Carlos Sosa Palmerola ocupaba el cargo de asesor de negocios de Ára SA de Finanzas; sin embargo, del relato formulado por empleados de la entidad financiera surge que, en la práctica, el mismo ejercía la función de jefe de Mesa de Dinero y, en ese sentido, se encargaba de ejecutar y rentabilizar todas las operaciones de cambio que se realizaban en la referida financiera.
El citado, en su rol de jefe de Mesa de Cambio y con la ayuda de Liz Paola Díaz (jefa operativa de Mesa de Cambio, Víctor Daniel Valdez (gerente administrativo y financiero) y Francisco Apolonio Ortiz Barboza (operador de cambios) ordenaba y ejecutaba todas las operaciones tanto en la casa matriz como en las sucursales de la Financiera Ára de Finanzas, entre las cuales se encontraban las sucursales situadas en Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y Ciudad del Este, donde se registraron los faltantes de dinero.
En la sucursal Ára SA de Finanzas de ciudad de Salto del Guairá ejercía el cargo de tesorero el señor Arcenio Céspedes; en la sucursal de la ciudad de Pedro Juan Caballero ejercía el cargo de Tesorero la señora Ninfa Thomaz y en ocasiones lo hacía María Beatriz Gill Ávalos y en Ciudad del Este ejercía el cargo de Tesorero el señor Gustavo Vera. Estas personas eran responsables del control de la existencia de efectivo en tesorería; de la vigilancia, mantenimiento y administración de la provisión de efectivo; del cuidado de los niveles de dinero con relación a los límites del seguro; de la declaración y reserva de sobrantes y faltantes y del procesamiento de autorizaciones para operaciones de caja dentro de los límites, según políticas definidas por la financiera.
Arcenio Céspedes, Ninfa Thomaz, María Beatriz Gill Ávalos y Gustavo Vera eran funcionarios de confianza del señor Carlos Sosa Palmerola, a tal punto que le reportaban directamente todas sus operaciones para que, finalmente, el señor Carlos Sosa Palmerola sea quien tome las decisiones referentes a las operaciones de cambio. Asimismo, Liz Paola Díaz, Víctor Daniel Valdez y Francisco Ortiz Barboza cumplían órdenes directas del señor Carlos Sosa Palmerola y, en tal sentido, habían de saber las órdenes de los tesoreros de cada sucursal”, expresa el acta de la imputación.
Agrega que Carlos Sosa Palmerola ordenaba pagos de vales, documentos y cheques por montos multimillonarios, pero sin fondos, produciéndose así el vaciamiento de la financiera y la desaparición al equivalente de 14,3 millones de dólares.
En prisión
Carlos Sosa Palmerola hoy día se encuentra en la cárcel de Tacumbú, adonde fue a parar después de que el juez penal de garantías Miguel Tadeo Fernández decretara la prisión del imputado, el pasado miércoles 17 de junio.
En horas de la mañana de ese día, después de enterarse de la decisión del magistrado, Sosa Palmerola, sufrió una descompensación en el Palacio de Justicia y fue sacado en una silla de ruedas desde el juzgado del magistrado Fernández, hasta donde había sido llevado para la audiencia de imposición de medidas.
El juez Miguel Tadeo Fernández dispuso la prisión de Sosa Palmerola después de recibir el expediente del proceso por el vaciamiento de la financiera luego de una inhibición en cadena de sus colegas Patricia González, Julián López, Alcides Corbeta y Pedro Mayor Martínez, quienes invocaron causales de inhibición por amistad con los abogados defensores que se presentaron en el caso.
Después de ser sacado en silla de ruedas y llevado a la sala de sanidad del Palacio de Justicia, la médica Zulma Basualdo informó que Sosa Palmerola sufrió una “crisis hipertensiva y opresión precardial”.
Tras ser medicado, el procesado fue derivado al departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional desde donde más tarde fue remitido a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Inhibición
Después de decretar la prisión de Sosa Palmerola, el juez Miguel Tadeo Fernández se apartó del expediente del caso y dijo que tomaba esa determinación por “odio y resentimiento” con el abogado Álvaro Arias, quien se presentó como defensor de Gustavo Vera Ávalos, uno de los once imputados. Antes de apartarse del expediente, el juez Fernández fijó el 26 de junio, a las 08:00, la fecha y hora para la audiencia de imposición de medidas para Gustavo Vera Ávalos, Liz Paola Díaz Ramírez, Víctor Valdez Chamorro, Francisco Sarubbi Prieto, Liliana María Franco Yegros y Francisco Ortiz Barboza, quienes poseen tienen órdenes de detención.
Las calificaciones de las conductas de los imputados
Al formular las calificaciones de los hechos atribuidos a los imputados, los fiscales intervinientes explican bajo qué normas penales se clasifican las conductas de los imputados y en ese sentido dicen: “La conducta de Carlos Hugo Sosa Palmerola se subsume (clasifica) en el tipo penal descrito en el artículo 192 incs. 1 y 2 del Código Penal (lesión de confianza) en calidad de instigador, conforme al Art. 30 del Código Penal; Gustavo Vera Ávalos se subsume en el tipo penal descrito en el artículo 192 incisos 1 y 2 del Código Penal (lesión de confianza) y en el artículo 246 inc. 1 del Código Penal (producción de documentos no auténticos) en calidad de autor, conforme al art. 29 inc. 1° del Código Penal; Liz Paola Díaz Ramírez se subsume en el tipo penal descrito en el artículo 192 incs. 1 y 2 del Código Penal (lesión de confianza) en calidad de cómplice, conforme al Art. 31 del Código Penal”.
En relación a Víctor Daniel Valdez Chamorro, el dictamen dice que su conducta está dentro del tipo penal descrito como lesión de confianza al igual que Francisco Manuel Sarubbi, Liliana María Franco Yegros, Francisco Apolonio Ortiz Barboza, Arcenio Céspedes y Ninfa Thomaz Rudis.
Respecto a María Beatriz Gill Ávalos y Hugo Daniel Ortiz Barboza, los fiscales dijeron que las citadas personas son responsables de los delitos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Finalmente, los representantes del Ministerio Público solicitaron prisión preventiva para Carlos Hugo Sosa Palmerola, Gustavo Vera Ávalos, Arcenio Céspedes Maciel, Ninfa Thomaz Rudis, María Beatriz Gill Ávalos y Hugo Daniel Ortiz Barboza.
“Ára no debió abrirse nunca”
Por otro lado, el diputado colorado Óscar Tuma sostuvo, en declaraciones a radioemisoras locales, que la financiera Ára SA nunca debió abrir sus puertas y que la misma fue habilitada porque existió “complicidad” de directivos del Banco Central del Paraguay (BCP).
El legislador dijo que posee un documento de la Superintendencia de Bancos del BCP, firmado por una persona de nombre Américo López, que no dio el visto bueno para la apertura de la financiera porque se opuso, por varias razones.
Tuma dijo que financiera Ára fue una transformación de la empresa de Multicambios, conforme a un aval de directivos del BCP.
El legislador colorado mencionó a Jorge Corvalán, expresidente del BCP, y a Benigno López, también exmiembro del Banco Central y actual presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) como implicados en la apertura de la financiera. “Ára de Finanzas, Sosa Palmerola y los que están alrededor están dedicados al lavado de dinero. Hoy, después de dos décadas, cae”, dijo Tuma, en declaraciones a 780 AM.