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“Solicitaremos oficialmente al gobierno brasileño la revocatoria de la condición de refugiados de Juan Arrom y Anuncio Martí, y su consecuente extradición, para que rindan cuenta de sus actos a la justicia paraguaya”, anunció vía Twitter el presidente de la República el 29 de octubre pasado.
“No solamente hace a una cuestión de cesar con la impunidad con la que gozan estos dos delincuentes, que lamentablemente obtuvieron el estatus de refugiado, también hace cuestión de seguridad nacional; ellos fueron un poco la raíz del (grupo armado) Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), antes Patria Libre”, afirmó a su vez el canciller Luis Alberto Castiglioni.
Cabe destacar que la decisión sobre el estatus de refugiado corresponde a la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), cuya integración ocupan en gran parte representantes de distintos entes estatales.
Esta será la cuarta petición del gobierno paraguayo, pero la primera bajo el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien a juzgar por su postura frontal contra la izquierda, no se hará rogar para impulsar dicha entrega.
De hecho, durante su campaña política el futuro presidente brasileño se había pronunciado con relación a un caso similar, específicamente del exguerrillero de izquierda Cesare Battisti, acusado en su país de terrorismo.
“Como ya se dijo, reafirmo aquí mi compromiso de extraditar al terrorista Cesare Battisti, amado por la izquierda brasileña, inmediatamente, en caso de victoria en las elecciones; mostraremos al mundo nuestro total repudio y esfuerzo en el combate al terrorismo, Brasil merece respeto“, afirmó Bolsonaro en su cuenta de Twitter.
Al parecer, la inminente coyuntura desfavorable no pasó inadvertida para los refugiados, que tras permanecer en la nebulosa durante años, repentinamente decidieron tratar de archivar sus respectivos procesos.
Para el efecto, en vez de ponerse a disposición de la Justicia, Arrom y Martí recurrieron a un hábeas corpus, mediante el cual solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que declarara la prescripción de la causa que afrontan por secuestro y el cese de las medidas cautelares que pesan contra ambos.
La defensa, a cargo del abogado Carlos Abadíe Pankow, argumentó que la causa penal que afrontan los exactivistas de Patria Libre está prescripta y, por lo tanto, la orden de captura dictada es ilegítima.
Por unanimidad, los ministros Miryam Peña, Gladys Bareiro y Sindulfo Blanco rechazaron dicha pretensión.
La ministra Peña resaltó que la orden de captura librada contra Arrom y Martí fue dictada por juez competente y en consecuencia, es legal. En estas condiciones, no se cumple uno de los requisitos básicos para la viabilidad del habeas corpus.
A su vez, Bareiro destaca que ambos se encuentra en rebeldía, es decir, no sometidos a los mandatos de la justicia.
“Es un sinsentido lógico procesal y hasta si se quiere axiológico el pretender beneficiarse con instituto legal sin antes suscribirse a las normas procesales pertinentes y someterse a los mandatos de la justicia ante los órganos jurisdiccionales competente, existiendo copiosa jurisprudencia pacífica al respecto”, acotó Bareiro.
En declaraciones a la prensa, Abadíe negó que la nueva situación política de Brasil preocupe a sus defendidos, pero anunció nuevas acciones.
Integración del Conare
El Conare está presidido por el Ministerio de Justicia e integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (que ejerce la Vicepresidencia), los Ministerios de Salud, Educación y Trabajo, la Policía Federal y por organizaciones no gubernamentales dedicadas a las actividades de asistencia – el Instituto de Migraciones y Derechos Humanos (IMDH) y las Cáritas Arquidiocesanas de Río de Janeiro y São Paulo. El ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) también participa en las reuniones del organismo, aunque sin derecho al voto. (http://www.itamaraty.gov.br)
Refugiados en el Brasil
En Brasil, actualmente viven más de 8.800 refugiados de 79 nacionalidades diferentes, entre las cuales las cinco comunidades más grandes provienen, en orden descendente, de Siria, Angola, Colombia, República Democrática del Congo y Palestina. La ley brasileña es más amplia que la Convención de 1951, ya que también prevé la concesión de refugio en casos de violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos. Una fracción significativa de aquellos que buscan refugio en Brasil es originaria de países afectados por conflictos o disturbios internos. (http://www.itamaraty.gov.br)
Prófugos en el vecino país
Además de Juan Arrom y Anuncio Martí, en el Brasil también se encuentran otros prófugos de la Justicia paraguaya, aunque en una situación distinta. Uno de ellos es Flavio Acosta Riveros, sobrino del exintendente de Ypejhú Vilmar “Neneco” Acosta (condenado a 39 años de cárcel), actualmente preso y a la espera de juzgamiento ante un Tribunal Popular, por el asesinato del periodista de ABC Pablo Medina y Antonia Almada, ejecutados a tiros el 16 de octubre de 2014, en Curuguaty. También están presos en el vecino país Óscar Luis Benítez y Lorenzo González Martínez, implicados en el secuestro y crimen de Cecilia Cubas (2004).
Plagio, pago y liberación
María Edith Bordón de Debernardi fue secuestrada el 16 de noviembre de 2001, del parque Ñu Guasu. Tras permanecer 64 días en cautiverio, fue liberada el 19 de enero del 2002 previo pago de un rescate de 1 millón de dólares. Dionisio Olazar, exactivista de Patria Libre, declaró ante la justicia que Juan Arrom se habría quedado con más de US$ 1.300.000 del citado rescate, según se supo a raíz de un reclamo de otro compañero durante una reunión.
“Uno de los compañeros solicitó que Osmar (Martínez, activista del PPL condenado por el secuestro de Cecilia Cubas ya fallecido) informe sobre el monto que se iba a cobrar para evitar la corrupción, como en el caso de la María Edith, en el cual se cobraron 2.300.000 dólares, pero Arrom rindió cuenta sobre 1.000.000 de dólares. En esta reunión, Osmar dijo que, si no cobran 3.000.000 de dólares, iban a ejecutar a la cautiva”, afirmó el testigo del caso Cecilia.
En el primer juicio, fueron condenados José Tomás Rosa, a 8 años y 6 meses; su esposa Nidia Espínola de Rosa, a 5 años, y De los Santos Saldívar, a 7 años. En un segundo juicio, fueron sentenciados como autores materiales Alcides Oviedo Brítez, Carmen Villalba Ayala y Aldo Meza Martínez, a 18 años de reclusión (15 años de prisión y 3 de medidas de seguridad). De concederse la extradición, Juan Arrom y Anuncio Martí afrontarán un tercer juicio.
Piden indemnización a la CIDH
Juan Arrom y Anuncio Martí, acusados por el secuestro de Edith Bordón de Debernardi en 2001, reclaman al Estado una indemnización de unos 80 millones de dólares, a través de una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La acción fue admitida en el 2008 como causa N° 12.685.
Los dirigentes del Partido Patria Libre (PPL) argumentaron que fueron detenidos en forma ilegal y torturados por agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía, en el marco de la investigación del secuestro .
Según una publicación de la época, del portal digital Neike, refiere que en su presentación Arrom sindica como responsables de su captura y detención a un grupo parapolicial que presuntamente estaba encabezado por los policías Antonio Gamarra y David Schémbori y el exjefe del Centro de Investigación Judicial de la Fiscalía Javier Cazal. La versión que circuló en aquel entonces es que los mismos investigadores fueron en busca del dinero pagado por la libertad de la esposa del empresario Antonio Debernardi, pero la Fiscalía archivó el caso.
Arrom, Martí y Víctor Colmán acompañaron todo el proceso por plagio de María Edith pero huyeron del país en agosto del 2003, en vísperas del juicio oral y público. Al año siguiente lograron el estatus de refugiados en el Brasil.