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El pasado 13 de mazo a raíz de un inventario realizado a las evidencias de la causa donde se encuentran imputados Reinaldo “Cucho” Cabaña, el diputado Ulises Quintana, un fiscal, funcionarios fiscales y policías, se percataron en la unidad de la fiscalía antidrogas de la sustracción de algunas joyas. Dicha situación fue comunicada al fiscal adjunto Marco Alcaraz y este a su vez a la fiscal general del estado, Sandra Quiñónez.
El trabajo se realizó luego de que el abogado Pedro Wilson Marinoni, defensor de “Cucho”, denunciara públicamente el robo de evidencias. Posteriormente volvieron descubrir que “desaparecieron” unos US$ 2.000 en billetes de bajo valor. El 22 de marzo Alcaraz denunció esta situación, por lo que se decidió abrir una causa por quebrantamiento de depósito y se asignó a la fiscala Alicia Sapriza, de la misma Unidad Especializada.
Nuevamente surge como sospechosa del hecho, una funcionaria, la asistente fiscal Pamela Ramírez Villalba, quien justamente fue designada en dicha unidad a fin de reforzar la unidad para “ayudar” por la complejidad del caso.
Sin embargo la funcionaria fue una de las que realizó el inventario y constató dicha desaparición. Por ese motivo realizó una denuncia en la Comisaría N° 18 metropolitana en 24 de marzo alrededor de las 23:00, debido a que quieren responsabilizarla de la desaparición de evidencias.
El hecho, indica el escrito policial, ocurrió en fecha 21 de marzo, a las 09:00, en la sede de la Fiscalía Antidrogas, ubicada sobre las calles, Perú casi Teniente Garay.
Según el abogado Leonardo Garófalo, desde el Ministerio Público buscan incriminar a la asistente en lo ocurrido, por lo que solicitan que se abra un sumario y se investigue el hecho. También indicó que fue amenazada.
Los investigadores sospechan que Pamela supuestamente escaneó un escrito fiscal de una causa en la cual no intervenía. Es la de “Ali Issa Chamas y otros s/ tráfico de drogas y otros” donde, curiosamente Garófalo, es el abogado defensor. Es por esto que la computadora de Ramírez fue lacrada y será peritada en el Laboratorio Forense del Ministerio Público.
Condena a seis años
En noviembre del 2018, los jueces del tribunal de sentencia Elio Ovelar, Juan Carlos Zárate y Víctor Alfieri condenaron por quebrantamiento del depósito y producción y uso de documentos no auténticos a la exfuncionaria de la unidad I de la fiscalía antidrogas, Vania Báez Bogado, a la pena de seis años
Ha sido probado que Vania fue la responsable de la desaparición de US$ 5.000 de la causa “Nery Pinazo y otros sobre tráfico de droga”, de un reloj pulsera de oro de la causa “Erineu Domingo Soligo”, y muchos otros objetos y dinero de distintas denominaciones.
El Tribunal indicó que “el bien jurídico protegido de la citada norma es la prueba documental, así tenemos que la conducta de la acusada se subsume plenamente dentro de lo dispuesto por a misma, de que Vania Báez falsificó la firma del fiscal Marcelo Pecci, de quien estaba a cargo, ya que para sustraer las evidencias era un elemento necesario para que las mismas puedan ser entregadas a la citada funcionaria, configurándose así la producción de documentos no auténticos, ya que la misma produjo y utilizó dichos documentos para inducir al error, sobre la autenticidad de los oficios y así retirar las evidencias. Al dar a conocer su decisión, uno de los magistrados Elio Ovelar, criticó las falencias y desprolijidades del manejo de las evidencias que se tuvieron en dicha oportunidad en la Fiscalía Antidrogas.
La investigación se inició tras la denuncia de Pecci contra su exfuncionaria luego de percatarse de la falta de evidencias que se encontraban en depósitos designados y que fueron retiradas por Vania Báez.
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