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El 10 de setiembre pasado la fiscala Lorena Ledesma (actualmente recusada) imputó al diputado Ulises Quintana por los hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Se pidió su desafuero, que se dio el 12 de setiembre y se dictó una orden de detención. Desde esa fecha, el parlamentario estuvo oculto.
Recién el viernes pasado, acompañado de sus abogados Álvaro Arias y Derlis Martínez, se presentó ante el juez Rubén Ayala Brun para la audiencia de imposición de medidas y solicitaron la aplicación del arresto domiciliario.
Sin embargo, la fiscalía se ratificó en su imputación y volvió a pedir la prisión. El magistrado dispuso procesar a Quintana y rechazó los pedidos de la defensa alegando que no era la etapa procesal para esos requerimientos. Seguidamente ordenó la prisión del diputado colorado en la cárcel militar de Viñas Cue, atendiendo a que el sistema penitenciario no tiene un presidio en condiciones para albergar al político.
Un duro revés se llevó la defensa de Quintana, que incluso para poder conseguir una medida menos gravosa que la prisión presentó una fianza personal del diputado por unos G. 500 millones y también los dos abogados dijeron que iban a dar una caución (la que disponga el juez) para acceder a la medida alternativa. Pero, el magistrado Ayala Brun atendiendo a que el diputado colorado se mantuvo oculto por dos semanas cuando sabía que había una orden de detención en su contra alegó que hay un peligro de fuga y además de una posible obstrucción a la investigación, por lo que ordenó la prisión del encausado.
La decisión que tomó el magistrado Ayala Brun se tornó en un hecho histórico, ya que es el primer diputado que va preso por una causa penal en la que está sindicado de ser miembro de una organización que se dedica al tráfico internacional de cocaína.
El fiscal Ysaac Ferreira durante la audiencia de imposición de medidas fue atacado por la defensa de Quintana de que la imputación no tenía un argumento sólido que demuestre la implicancia del diputado en los hechos punibles que se le acreditan y el agente respondió de forma contundente al hacer saber que gracias a la intervención de los celulares se logró saber cuál era el rol del político en la estructura criminal liderada por el presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho.
Ferreira dijo que el 28 de agosto pasado Diego Medina secretario de Cucho salió de Ciudad del Este con rumbo a Asunción con US$ 190.000, dinero que era para comprar drogas, pero en el kilómetro 193 de la Ruta II agentes de la comisaría de Nueva Londres, Caaguazú, en un control rutinario interceptaron la plata y la confiscaron. Fue entonces que se comunicó el hecho a Cucho, quien a su vez llamó a Quintana al que le requirió que mueva sus contactos para recuperar lo antes posible ese dinero.
El diputado así lo hizo y se logró que la mayor parte del dinero le sea devuelto a Diego Medina. Todas las conversaciones fueron interceptadas y grabadas.
De esta manera, también se supo que Quintana fraguó una factura de la empresa California Trading para “lavar” el dinero y poder justificarlo. Siempre siguiendo el relato del fiscal Ysaac Ferreira, se supo que finalmente se compraron 50 kilos de cocaína con ese dinero y el 2 de setiembre se envió al Brasil, pero en la ciudad de Santa Teresinha la Policía brasileña detuvo el vehículo e incautó la droga.
Desde ahí se comenzó a hacer un seguimiento de los movimientos de la organización de Cucho, que fue desbaratada entre el 7 y 8 de setiembre pasado cuando se realizó una serie de allanamientos en Ciudad del Este que terminaron con la detención de Cucho y también del grupo de policías que había interceptado el dinero. Después se requisó una camioneta del poder del diputado Ulises Quintana, que le pertenece a Reinaldo Cabaña. En base a todo esto se procedió a imputar a todos los detenidos y entre ellos estuvo Quintana.
Se pidió el desafuero del parlamentario, hecho que se dio el 12 de setiembre y desde entonces el diputado se mantuvo oculto, hasta que se entregó el viernes y quedó preso.
Para el Ministerio Público, están bien claros algunos puntos en esta investigación; el primero es que la organización de tráfico de drogas que operaba en Ciudad del Este era liderada por Cucho, el segundo es que el diputado Ulises Quintana conocía perfectamente a Cabaña, sabía a que se dedicaba y el tercero y más importante es que el diputado colorado era parte de esta estructura criminal.
Dicen que todo se trata de una persecución política
En su breve paso por el departamento de Judiciales de la Policía, donde fue fichado, el diputado colorado Ulises Quintana dijo que era inocente y que todo el proceso que se le adjudica es solo parte de una persecución política.
El parlamentario acusó al clan Zacarías Irún de estar detrás de su imputación y que todo se manipuló para que Rocío Abed de Zacarías, esposa de Justo Zacarías, asuma su banca, ya que ella es su suplente.
Quintana también había señalado que no tiene vínculo con Reinaldo Javier Cabaña alias Cucho, sin embargo la fiscalía a través de audios que tiene desmintió esto y señaló que entre el presunto jefe narco y el diputado se dieron varias conversaciones telefónicas el pasado 28 de agosto; todas fueron grabadas y agregadas en la carpeta fiscal para luego solicitar la imputación y prisión del político.
El diputado dijo que pese a que se viene a poner a disposición de la justicia para que se lo investigue, tiene miedo de la labor que puedan hacer los fiscales del caso que no gozan de su confianza
“No existen garantías, ni objetividad, ni imparcialidad por parte del Ministerio Público hacia mi persona”, dijo Quintana, quien estuvo escondido por dos semanas tras la orden de detención dictada por el fiscal Isaac Ferreira.
Finalmente, tras ser procesado y llevado a la cárcel militar de Viñas Cue, el diputado se convirtió en el primer parlamentario en estar preso. Si bien Quintana ya no tiene fueros, sigue siendo diputado, al no ser sometido a la perdida de investidura y, efectivamente, como el mismo lo dijo, su suplente Rocío Abed de Zacarías será llamada a jurar en su reemplazo mientras dure su proceso.
Manifestantes esteños
Desde tempranas horas del viernes un grupo grande de manifestantes bien organizado llegó desde Ciudad del Este hasta la explanada del Poder Judicial de Sajonia para traer su apoyo al diputado Ulises Quintana, quien se presentó ante el juzgado.
Los manifestantes esteños llegaron en una flota de taxis del Este y en vehículos particulares, tenían pancartas, remeras con consignas de apoyo a Quintana y un arsenal de bombas que fueron usando durante toda la mañana del pasado viernes.
Los manifestantes dijeron que vinieron por iniciativa propia y que nadie les costeó el traslado hasta la capital. “Acá cada uno puso para su pasaje y vino como pudo, es mentira que fuimos arreados”, dijo una de las manifestantes.
Sin embargo, se vio que desde tempranas horas los líderes de la movilización repartieron las remeras y también jugos para aplacar el calor del día.
Muchos de los que llegaron hasta el Palacio lograron burlar la seguridad del Palacio de Justicia y llegaron hasta la sala de juicios orales donde se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas e ingresaron.
Una vez que el juez Rubén Ayala Brun confirmó la prisión del diputado Ulises Quintana y lo remitió a la cárcel de Viñas Cue, un grupo ya menos numeroso de manifestantes fue a apostarse frente al reclusorio militar para seguir dando aliento a su “líder”.
Pero el contingente más grande de gente apostada en Sajonia partió de nuevo hacia el Este del país ante el revés que tuvieron con la decisión del magistrado.
victor.franco@abc.com.py