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En su acta de imputación, la fiscala Blanca Agüero sostiene que gracias al análisis de los documentos colectados durante la investigación, se pudo detectar varias irregularidades que guardan relación con la construcción de las aulas del Colegio Nacional Lambaré, cuyo techo cayó el 30 de setiembre pasado.
En la carpeta fiscal se tiene la nota N° 28/12 dirigida al ingeniero Guido Ortellado, coordinador de Infraestructura del MEC, quien recibió el pedido de autorización para el inicio de la construcción por parte del exdirector del Colegio, Vicente Acosta Gibbons. Se autorizó el inicio de la obra “siempre y cuando se cumpla con las especificaciones técnicas del MEC”.
La obra inicialmente iba a costar G. 69.965.937. Sin embargo, según los documentos reunidos, por los trabajos se pagaron G. 266.730.000, monto que varía sustancialmente de lo que se había presupuestado con el Ministerio de Educación.
La forma de pago consistía en la entrega del 50 por ciento a la firma del contrato y el saldo al finalizar la obra. Sin embargo, de las documentaciones en la carpeta fiscal se puede ver que la intendencia desembolsó el 100% antes de que hubiera culminado la obra.
En su imputación, la fiscala detalla que a fojas 37 de la carpeta se encuentra la orden de pago de la Municipalidad de Lambaré y a fojas 14 la copia del cheque, cargo banco Continental por la suma de G. 133.365.000 y la factura de ADC Construcciones de Alejandrino Duarte, de fecha 5 de diciembre de 2012, por la cual se recibe el 50 por ciento de la entrega por ampliación de la estructura.
A fojas 15 se agregó el segundo pago que se registró el 27 de diciembre, como también la factura emitida por ADC Construcciones.
“Es decir, en 23 días corridos se pagó el total de la obra, con grave sospecha de sobrefacturación”, dice parte de la imputación.
Agrega que la obra que se derrumbó se construyó gracias a los fondos del Fonacide, en este caso administrados por la Municipalidad de Lambaré.
La ley en su artículo 7 refiere que “los recursos del Fonacide deberán ser incluidos dentro del Presupuesto General de la Nación”.
La Ley 4581/12 (Del presupuesto) en su artículo 6° refiere que “los organismos y entidades establecidos en el artículo 3 de la ley 1535/99 De Administración Financiera del Estado... deberán estar conectados e incorporados en la línea del Sistema Integrado de Administración Financiera”.
Las municipalidades deberán regirse por las normas técnicas y reglamentaciones establecidas por el Ministerio de Hacienda.
“De las transcripciones legislativas se tiene que la transferencia de fondos del Fonacide realizada por el Ejecutivo Municipal, a la fecha de la realización de la obra derrumbada descansaba en la persona de Roberto Cárdenas Ramírez y se hizo en transgresión a toda la normativa que rige en la materia del Derecho Administrativo”, enfatiza la imputación.
El dinero se desembolsó directo para el Colegio Nacional de Lambaré a nombre de su entonces director, Vicente Acosta Gibbons, quien contrató en representación de la institución educativa al señor Alejandrino Duarte Centurión, aparentemente dueño de la ADC Construcciones, que hizo la obra siniestrada, enfatiza el escrito de la fiscala.
Duarte Centurión también fue imputado por la fiscala Agüero por el hecho punible de actividades peligrosas en la construcción.
Los demás imputados son Vicente Acosta Gibbons, Carlos María Mendieta, Guido Ortellado (jefe de infraestructura del MEC) y Javier Villalba Cantalupi, funcionario de la Municipalidad de Lambaré.
La semana pasada, el juez de Lambaré Hugo Camé otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva a Cárdenas, quien estuvo ya por dos periodos como intendente y ahora busca su segunda reelección.
Los alumnos del Colegio Nacional y los estudiantes se manifestaron ante el local de la Comuna, como una forma de protesta contra la autoridades locales sospechadas de corrupción.
Falta de control y coordinación entre la Comuna e instituciones educativas
La Contraloría General de la República había verificado el uso del dinero de Fonacide por la Municipalidad de Lambaré, correspondiente al periodo 2012 y 2013, durante la administración de Roberto Cárdenas.
El órgano contralor revisó el uso del dinero en obras cuyo monto alcanzó G. 2.832 millones. De este total se verificaron obras por valor de G. 1.527 millones (54% aproximadamente).
Los principales hallazgos durante la auditoría fueron la falta de controles adecuados, así como la ausencia de coordinación entre la Municipalidad y las distintas instituciones educativas. Se resaltó que las obras ejecutadas con fondos del Fonacide fueron pagadas cantidades no ejecutadas, o menores cantidades a las estipuladas.
La Contraloría encontró un pago irregular por G. 77 millones.
Según fuentes, los antecedentes no fueron remitidos a la fiscalía debido a que las autoridades municipales hicieron las correcciones en los puntos cuestionados por el órgano contralor.
Otro periodo
Un examen especial a los fondos provenientes del Fonacide del ejercicio 2014, hasta agosto de 2015, se hace ahora a la Comuna lambareña.
Todas las documentaciones requeridas fueron proporcionadas, según se informó.
El contralor Roy Rodgers, el lunes de la semana pasada se constituyó en el municipio con el equipo de auditores. De acuerdo a las fuentes, la auditoría no arrojaría nada, atendiendo que la comuna no habría ejecutado dinero del Fonacide durante los años 2014 y 2015.
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