Cargando...
Tanto la fiscala Sara Torres como la abogada querellante Raquel Mendieta objetaron al tribunal de sentencia integrado por los jueces Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate y Cynthia Lovera la introducción de una junta pericial, tres testimonios y prueba documental que no son elementos nuevos sino reexámenes de diagnóstico del recién nacido Pablo Ibarra, por lo que no podían ser incluidos.
Además, durante las declaraciones se obvió entregar copia a la Fiscalía y querella, por lo que no pudieron realizar preguntas. Ante esta situación, Torres y Mendieta se opusieron a la introducción de las pruebas, pero el tribunal denegó los recursos.
Luego, la querella adhesiva planteó una excepción de inconstitucionalidad que nunca fue tramitada por el tribunal porque rechazó por defecto de forma, pero nunca dio a conocer esa resolución.
Ante esta situación, la abogada Raquel Mendieta planteó un recurso de queja por retardo de justicia y la Cámara de Apelaciones ordenó al colegiado a dar trámite al recurso, correr traslado a las partes, a la Fiscalía General del Estado y remitir el expediente a la Sala Constitucional de la Corte para que se estudie la excepción.
La semana pasada, el juzgamiento iba a continuar, pero la querella decidió recusar al pleno del tribunal por supuesta parcialidad manifiesta. Se objeta que se estaban introduciendo las pruebas a pesar de que la decisión del tribunal no quedó firme.
Renuncia, chicanas y polémica
El proceso por homicidio culposo contra los médicos Antonia Acosta y Blas Centurión, del Instituto de Previsión Social (IPS), estuvo plagado de irregularidades desde el inicio.
El hecho ocurrió el 4 de agosto de 2011, durante un parto normal presuntamente mal practicado por los acusados, pese a que el bebé Pablo Ibarra pesaba más de 5 kilos y que la madre les refirió la indicación de cesárea de su médico tratante, por tener también hipertensión.
Las diversas chicanas ponen en riesgo de extinción el caso debido a que seis años después de ocurrido el hecho, sigue sin sentencia de primera instancia.
De hecho, la Cámara de Apelaciones confirmó 100 días-multas para los abogados defensores Milciades Centurión y Gabriel Chase, equivalentes a G. 7.555.900 para cada uno, por el exceso de planteamientos dilatorios.
Cuatro tribunales tuvieron que conformarse para intentar juzgar a los galenos. Esta vez, la querella recusó a los actuales juzgadores, pero todas las veces anteriores fueron las defensas las que objetaron a los magistrados.
De hecho, primero fue recusada la fiscala Marlene González, quien investigó el caso y presentó acusación penal contra los doctores. La misma resultó confirmada en la causa, pero fue trasladada de Unidad y el proceso quedó a cargo de Sara Torres, quien sustenta la acusación.
“Presiones políticas”
La Corte Suprema de Justicia ordenó auditar el proceso a los médicos Antonia Acosta y Blas Centurión debido a que una jueza se excusó alegando “presiones políticas” pero no especificó quienes estaban detrás.
Se trata de Laura Ocampo, quien en marzo de este año decidió apartarse del caso alegando estas circunstancias. Por esto, también quedó desintegrado ese tribunal tras el apartamiento de los jueces Jesús Riera y Juan Pablo Mendoza.
Rechazan una mala praxis
La médica Antonia Acosta rechazó que junto con su colega Blas Centurión hayan cometido mala praxis en el un parto normal que terminó con el fallecimiento del recién nacido Pablo Ibarra.
La acusada indicó que la asfixia de la criatura se dio porque supuestamente la madre parturienta, Amelia Rodríguez, se sentó sobre el bebé y lo dejó sin aire. Dijo que en el forcejeo por la desesperación, el niño también se rompió la clavícula.
“Se practicaron todos los mecanismos para intentar salvar a la criatura, pero emocionalmente la mamá no ayudó porque se desesperó”, refirió en su defensa.
Acotó también que la madre no era una gestante de “alto riesgo”, que tuvo otros tres partos normales con criaturas de mayor peso y que ella tenía bastante sobrepeso.
Durante el juicio oral, el doctor Pablo Lemir, director del Departamento de Pericia Legal y Forense del Ministerio Público, afirmó que la muerte del bebé pudo evitarse si se realizaba una cesárea a la madre, pero los médicos trataron de hacer nacer al bebé de forma normal.
“Por las características que tenía la madre, correspondía hacer una cesárea, porque tenía varias indicaciones relativas de cesárea y en el contexto completo. Por la presión alta en sí tenía que ser operada, además, tenía un feto grande con peso estimado de 4.500 según la ecografía del día anterior y por la obesidad misma, porque el parto en pacientes obesas tarda más y es más riesgoso”, dijo al tribunal de sentencia el Dr. Lemir.
Chicanas en exceso dilatan desde hace seis años el proceso por homicidio culposo contra los médicos de IPS, Antonia Acosta y Blas Centurión, acusados por la muerte del recién nacido Pablo Ibarra, con 5 kilos, en un parto normal practicado en agosto de 2011.
La Corte Suprema ordenó la auditoría en marzo de este año luego de que la entonces presidenta del tribunal de sentencia, Laura Ocampo, se inhibiera alegando “presiones políticas”, sin dar nombres. Aparentemente era para absolver a los galenos en el juzgamiento oral.
griselda@abc.com.py