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Quintana lleva adelante ahora la pesquisa por la adjudicación irregular de la merienda escolar a la empresa “La Bandeja”, que ganó un concurso de licitación pese a que hizo la oferta más onerosa.
Padres de alumnos del Colegio Nacional de Lambaré habían presentado una denuncia formal, que finalmente cayó también con la fiscala Blanca Agüero. La agente, luego de tener una horas de estudio, decidió imputar a Cárdenas por lesión de confianza y pedir su prisión.
La investigadora tuvo a la vista una protesta realizada por una de las empresas que perdió la licitación contra “La Bandeja”.
Se trata del Instituto Arte Culinario (IAC), a quien la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas rechazó la protesta por “extemporánea”. Luego, la firma recurrió a la Junta Municipal de Lambaré, pero ahí también hicieron caso omiso.
Los antecedentes de la adjudicación por la licitación del almuerzo escolar, refieren que “La Bandeja” presentó una oferta total de G. 3.207.192.800 por dos años de servicio (2015-2016).
Sin embargo, el Instituto Arte Culinario presentó una oferta de G. 2.634.279.200, siendo la más conveniente, y Ladero Paraguayo SA presentó la segunda mejor propuesta por un monto de G. 2.637.087.600.
Entre la oferta de “La Bandeja” y la del Instituto Arte Culinario hay una diferencia de G. 572.913.600, cuyo monto la fiscala Agüero consideró parte de la presunta sobrefacturación debido a que la misma dijo que habría un daño de G. 1.400 millones.
A esto se suma que la investigadora, antes de ser recusada por la defensa, en un allanamiento realizado en la Municipalidad de Lambaré, incautó documentos más graves que tienen que ver con más adjudicaciones por la vía de la excepción (contratación directa) de “La Bandeja”.
Para el fiscal interino Miguel Quintana, estos antecedentes no son suficientes para imputar y pedir la prisión de Cárdenas. Su primera diligencia consistió en solicitar un “consultor auditor” al Laboratorio Forense del Ministerio Público para el análisis de las documentaciones que incautó su colega Agüero y no descartó la “colaboración” de técnicos para saber qué otros documentos buscar.
Llamativamente este es el mismo criterio del diputado colorado Hugo Velázquez, quien cuando negó haber “operado” para el “blanqueo” del segundo caso contra Cárdenas y se despachó contra la fiscala Agüero, dijo que “lo primero que debió pedir era la pericia y el informe de la Contraloría, y no hacer lo que hizo” (imputar y solicitar prisión preventiva).
La maniobra
La “maniobra” judicial para desechar la segunda imputación contra Roberto Cárdenas empezó con la jueza penal de garantías de turno de San Lorenzo, María Elena Cañete, quien se negó a recibir el escrito de Blanca Agüero.
Lo hizo con una acordada de la Corte que establece que la Oficina de Atención Permanente recibe escrito en casos de urgencia e imputaciones que cuentan con aprehendidos. Sin embargo, es sabido que esto en la práctica no acontece.
En el anterior caso presentado contra Cárdenas por el derrumbe de un aula del Colegio Nacional de Lambaré, la misma Oficina de Atención Permanente (San Lorenzo) tuvo otro criterio y recibió el escrito un sábado, que es día inhábil.
Mientras la fiscala Agüero realizaba el allanamiento en la Municipalidad de Lambaré y emitía la orden de detención contra Cárdenas, el abogado defensor Óscar Germán Latorre tuvo tiempo para preparar una recusación que fue presentada el martes en horas de la noche.
El miércoles, a primera hora, el fiscal adjunto Patricio Gaona designó como fiscal interino a Miguel Quintana quien ya puso “paño frío” a la cuestión. El agente dijo que no existían “méritos” aún para imputar y menos para pedir la detención de una persona “en base a una denuncia”. Indicó que tenía un criterio diferente a su colega Agüero.
Sin imputación y con orden de detención vigente, ese mismo día, al mediodía, se presentó Cárdenas y Quintana dejó sin efecto la orden de detención que había firmado su colega Agüero.
Luego de saberse “libre”, el colorado político utilizó el embrollo para decir que todo era una persecución contra el “Partido Colorado”.
Apoyo y confirmación, tras las críticas
El fiscal general del Estado Javier Díaz Verón brindó su respaldo y apoyo a la fiscala Blanca Agüero después de recibir un aluvión de críticas en las redes sociales, por disponer la auditoría de su causa y no hablar públicamente del acto de patoterismo del que fue víctima su inferior, en plena sede del Ministerio Público de Lambaré por adherentes de Roberto Cárdenas.
Díaz Verón dispuso la auditoría del caso y de gestión no solo de Agüero, sino de su interino Miguel Quintana, debido a que ambos tienen criterios dispares en un mismo proceso.
Mientras Agüero intentaba imputar a Cárdenas y libró su orden de detención, Quintana lo liberó por no “encontrar elementos que justifiquen una imputación y pedido de prisión preventiva”.
El fiscal general también rechazó la recusación de Cárdenas y confirmó a Agüero al frente de la pesquisa. Sin embargo, el abogado defensor Óscar Germán Latorre impugnará esto ante la Sala Penal de la Corte, por lo que es factible que la agente ya no vuelva a intervenir por un buen tiempo.
Agüero fue recusada dos veces por el político y amenazada con ser llevada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por procesar al candidato oficialista.
La agente tuvo que “encerrarse” en su domicilio, ubicado en Lambaré, por ser víctima de amedrentamientos de parte de simpatizantes de Cárdenas. Esto hasta fue “justificado” por el senador colorado Hugo Velázquez, quien dijo que “dada la actuación de la fiscala, esa es una consecuencia esperable”.
La reunión del presidente de la República, Horacio Cartes con el fiscal general Javier Díaz Verón, justo cuando saltó la segunda imputación de Cárdenas, también levantó suspicacias.
griselda@abc.com.py