Otro legislador estará en el banquillo de acusados

Tras cuatro años de iniciarse la investigación por lesión de confianza y usurpación de funciones al senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, la causa se elevó a juicio oral y público. La jueza María Gricelda Caballero, tras la audiencia preliminar, resolvió que el caso sea juzgado por un tribunal de sentencia. Buzarquis calificó de una persecusión política dicha decisión.

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Una semana de decisiones importantes en tribunales fue la que pasó; una de ellas la tomada por la jueza penal de garantías María Gricelda Caballero, quien resolvió que el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis afronte juicio oral y público por lesión de confianza y usurpación de funciones públicas. La fiscala Victoria Acuña lo había imputado en el 2014, tras la denuncia realizada por el entonces ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona, por la contratación directa e innecesaria de una empresa italiana para una consultoría internacional. Posteriormente el Ministerio Público resolvió acusar y pedir que la causa sea elevada a juicio oral y público. El escrito de acusación de la fiscala Acuña indica que cuando Salyn Buzarquis se desempeñaba como ministro en el periodo de la presidencia de Federico Franco, firmó el convenio N° 9143 de fecha 25 de junio 2012, entre la cartera de Obras y la empresa Italiana ANAS SPA (Anas International Enterprise SPA), representada por el presidente de la empresa Pietro Ciucci, obligando de esa manera presuntamente al Estado Paraguayo (MOPC) por la suma de 500.000 dólares para la realización de trabajos de estudio de suelos en el Chaco, contraprestación a cargo del MOPC, y 100.000 dólares en el departamento de Ñeembucú, contraprestación a cargo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El convenio se celebró entre ambas entidades, pese a que ya existían estudios de suelo del territorio chaqueño, “por ende no existía necesidad que justificara generar una nueva obligación pecuniaria, causando un perjuicio patrimonial que asciende a la suma total de US$ 600.000”. La Fiscalía menciona que Buzarquis no contaba con autorización del Poder Ejecutivo para comprometer fondos del Estado paraguayo con un trabajo que además ni siquiera estaba presupuestado, conforme se desprende del memorándum de fecha 16 de enero del 2012. Tampoco contaba con una autorización para viajar a la ciudad de Roma, Italia, en fecha 26 de setiembre del 2012. Supuestamente la EBY tampoco lo autorizó a comprometer sus fondos, acota la acusación. Por su parte el senador liberal calificó de una persecusión política la investigación fiscal, culpando de ello al expresidente de la República Horacio Cartes. “Tengo todas las pruebas a mi favor, la intención de la Fiscalía fue perjudicarme, esta gente no tiene currículum sino que prontuario, tengo informes de Obras Públicas donde se demuestra que no se pagó nada, informes de Yacyretá donde no se procesó nada, organigramas de Obras Públicas donde demuestra su vinculación con las binacionales; el informe del procurador de la República donde dice que no hay ninguna deuda del Estado paraguayo” acotó.

Preliminar a puertas cerradas

Contrariamente a la política de acceso a la información que vienen implementando varios jueces, está audiencia fue privada a pesar de que el propio acusado había solicitado que sea pública y la fiscalía tampoco se opuso. Sin embargo la jueza María Gricelda Caballero prohibió el acceso, cuestión que también afectó a abogados que quería ingresar a ver sus casos en las secretarías de los diferentes juzgados del cuarto piso.

perla.silguero@abc.com.py

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