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“Ustedes no van a tener problemas de acceso a la información. (..) Yo les puedo asegurar que siempre habrá publicidad. Hoy vamos a suscribir con el Dr. Jiménez un pedido de que las sesiones sean públicas y mañana lo vamos a presentar (hoy). Hay un proyecto de ley al respecto y lo que vamos a hacer es adelantarnos a eso”, explicó el Dr. Manuel Ramírez Candia, en declaraciones a la prensa.
El proyecto de ley al que se refería es el presentado el 10 de setiembre pasado por el presidente de la República Mario Abdo Benítez, que establece la publicidad de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) , del Consejo de la Magistratura (CM) y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Específicamente, el titular del Ejecutivo propone que las sesiones de dichos órganos sean transmitidas a la ciudadanía a través de medios audiovisuales, de manera a garantizar la transparencia del accionar de sus miembros.
De hecho, las audiencias del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se realizan en forma pública desde la presidencia de Christian Kriskovich, que son transmitidas por YouTube.
Idéntica vía utilizó el Consejo de la Magistratura para compartir con la ciudadanía las audiencias públicas realizadas para evaluar a los candidatos a ministros de la Corte Suprema de Justicia y a fiscal general del Estado. Asimismo, recientemente la modalidad fue extendida a los candidatos a titular del Ministerio de la Defensa Pública.
Pese a contar con los medios necesarios para dar publicidad a sus sesiones –el Poder Judicial suele realizar transmisiones de juicios varios y material informativo a través de TV Justicia– la Corte Suprema de Justicia tiene otro tipo de obstáculo, que es la postura reacia de los ministros a la transparencia.
A diferencia de otros países –las memorables sesiones de los ministros Corte de Justicia de Brasil en el sonado caso “lava jato”, por ejemplo– nuestras autoridades son más afines a las reuniones a puertas cerradas y a resolver las cuestiones entre cuatro paredes.
En abril del año pasado, por ejemplo, los abogados de organizaciones que integran el Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) –Ezequiel Santagada, María Victoria Rivas (por el Centro de Estudios Judiciales), Juan Pablo Fernández (Fundación Libre) y Marta Ferrara (Semillas para la Democracia)– solicitaron al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis María Benítez Riera, que la sesión en la que se debía estudiar la acción de inconstitucionalidad promovida contra la sesión mau del 28 de marzo del 2017 sea pública, transmitida en directo vía TV Justicia.
La condición del Poder Judicial de fuente pública de información y la importancia de la decisión a ser tomada para la institucionalidad democrática de la República, fueron los argumentos esgrimidos por los profesionales.
“Creemos que al hacer la sesión pública, se está dando mucha legitimidad al juzgador, que son en este caso los ministros de la Corte que tienen a su cargo el juzgamiento de esta causa. Entonces estamos haciendo un esfuerzo y presentando la petición a la Corte Suprema de Justicia y esperemos que la CSJ asuma este compromiso histórico de hacer que esa plenaria integrada por todos los ministros de la Corte, donde cada uno de nosotros podamos escuchar la posición de cada uno de los ministros de la Corte en este tema que para nosotros es de interés nacional”, explicó Rivas en su momento.
“La esencia de un colegiado es el debate, el Paraguay ha tenido una práctica muy nefasta con relación a las plenarias, porque las decisiones de la CSJ cuando se amplía la sala constitucional con la mayoría de los miembros, como en este caso, esta decisión se tiene que hacer en plenaria y la esencia de una plenaria es el debate y la herramienta utilizada para el debate es la oralidad. Entonces, creemos que puede hacer un momento histórico importante para que la Corte empiece a ensayar una modalidad más democrática para resolver los casos”, agregó Rivas.
Aquella petición fue rechazada, pero ahora la Corte tiene nuevamente la oportunidad de hacer historia. Esperemos que no la desaproveche.
Legislación prevé publicidad pero magistrados incumplen
El Dr. Marcos Köhn Gallardo valoró que el proyecto de ley que plantea realizar audiencias públicas tanto del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia haya sido presentado por el propio Presidente de la República.
“Es una iniciativa muy sana. Me parece sano contribuir con la República, ya que las Repúblicas para que sean serias, necesitan de que sus actos de gobierno sean públicos como requisito esencial de la existencia de las mismas. Por otra parte, me parece a mí que la transparencia y la trasmisión de las reuniones de los poderes del Estado como actualmente ocurre con el poder legislativo o como puede ocurrir eventualmente con la CSJ genera ciudadanía, ya que los ciudadanos se enteran a través de los medios las diversas posiciones de su representantes y eso hace que genere una masa crítica ciudadana que puedan tomar posiciones conforme a lo que ha escuchado de parte de sus representantes”, indicó.
Köhn destacó que el sistema penal vigente prevé la realización de audiencias públicas no sólo para el momento del juicio oral, sino también para la imposición de medidas como la preliminar, pero que por razones desconocidas no se llevan a la práctica. Recordó que en los inicios de la implementación del nuevo sistema penal, en distintos casos las audiencias de medidas y preliminares se realizaron en forma pública, pero inexplicablemente luego dicha práctica cayó en desuso y a la fecha, con excepción del juicio oral, todas las audiencias se hacen a puertas cerradas.
Consultado sobre cómo es posible que estando previsto en la ley no se lleva a la práctica, dijo lo siguiente:
“Esa es la pregunta del millón. Hay una disfunción en la realidad, ya que lo que prevé la ley, los órganos de justicia no cumplen, entonces hay una disfunción. Yo puedo decir que hay una tendencia y aunque la ley está marcando un procedimiento diferente, se sigue utilizando la vieja cultura, es un problema cultural, el viejo modelo procesal de hacer justicia entre cuatro paredes”, acotó, tras resaltar que cabe a la Corte Suprema de Justicia.
Köhn Gallardo, exjuez penal de garantías, expresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y actual candidato a la Corte Suprema de Justicia, recordó que a través del Inecip en distintas ocasiones plantearon hacer públicas las audiencias de la máxima instancia judicial y también las de la Cámara de Apelación, pero dichos pedidos nunca prosperaron.
“Yo confío en que la Corte comprenda el momento en que estamos viviendo y comience a transparentar sus audiencias como la mayor parte de la ciudadanía espera”, concluyó.
1. Exposición de motivos del PE
“Las leyes que regulan el funcionamiento de estos órganos no prevén la obligación de que sus sesiones sean públicas, circunstancia que impide a la ciudadanía enterarse de los argumentos que motivaron el acceso, la permanencia o la expulsión del sistema judicial de determinadas personas”(...). “La ciudadanía tiene el derecho y el deber cívico de controlar la gestión estatal y, en ese sentido, el mandante tiene el deber de suministrar la información sobre cuáles han sido los criterios adoptados para la designación de magistrados y agentes fiscales por parte de la Corte”.
2. Proyecto de ley. Artículo 3. CSJ
“Las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Corte Suprema de Justicia en las cuales se trate, se delibere o decida sobre la designación de miembros de tribunales inferiores, jueces, de fiscales adjuntos, de agentes fiscales, de defensores adjuntos, de defensores públicos, de síndicos adjuntos, de agentes síndicos, serán públicas. La CSJ deberá transmitir las sesiones mencionadas en el párrafo anterior en vivo a través de medios audiovisuales de fácil acceso para la ciudadanía; en dichas sesiones, los miembros de la CSJ deberán fundamentar oralmente sus decisiones con relación a las designaciones correspondientes, bajo pena de nulidad de lo actuado”.