Cargando...
Diez y siete muertes, 12 adultos y una adolescente acusados y cuatro intentos fallidos de iniciar el juicio oral y público a los adultos y otros cinco de la adolescente, componen el intrincado panorama judicial del caso Curuguaty.
A tres años del sangriento enfrentamiento entre policías y campesinos en Campos Morombí, luctuoso episodio de nuestra historia que quedó conocido como la masacre de Curuguaty y que costó incluso el cargo al entonces presidente Fernando Lugo, destituido previo juicio político, las circunstancias de lo ocurrido y las responsabilidades de los acusados constituyen interrogantes que, al parecer, tardarán mucho en contar con una respuesta.
Los acusados son Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López y R.R.V.O. Esta última tenía 17 años en ocasión de los hechos, motivo por el cual su juicio –a cargo del mismo Tribunal– se realiza con las garantías previstas para los menores de edad, es decir, a puertas cerradas.
Por frustración a la persecución penal fue acusado Felipe Nery Urbina, mientras que Alcides Ramírez y Juan Tillería afrontan juicio por invasión de inmueble ajeno.
Sorpresivo cambio de defensores
El lunes último, el Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá integrado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Samuel Silvero pretendió iniciar el juicio, pero la súbita renuncia a la defensa privada a cargo de los abogados Guillermo Ferreiro y Vicente Morales por once de los doce acusados obligó a postergar la audiencia. Ni los acusados ni los abogados dispensados precisaron los motivos. Es más, los profesionales ni siquiera habían sido informados, pues en la noche anterior seguían hablando con los acusados sobre la estrategia defensiva.
En juicio, los procesados solicitaron ser representados por el defensor público Joaquín Díaz, quien ya participaba en la audiencia como abogado de Felipe Nery Urbina, acusado por frustración de la persecución penal.
En atención a la complejidad del caso, puesto que los demás acusados afrontan los cargos de homicidio en grado de tentativa, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, el defensor público pidió la colaboración de dos letrados más, motivo por el cual el Tribunal convocó a las partes para el día siguiente.
En aquella oportunidad, Díaz se presentó con los defensores públicos Federico Hetter, Ana María Esquivel y Carlos Arce, para asumir la defensa de todos los acusados. Sin embargo, los acusados habían tomado otra decisión, pues un día antes firmaron poder al abogado Víctor Azuaga.
Tras asumir la representación de once acusados, Azuaga pidió tiempo para interiorizarse del caso y de inmediato expresó su disconformidad cuando el colegiado los citó para hoy.
Recusación en cierne
El letrado alegó es muy poco el tiempo para estudiar todo el caso y también cuestionó las expresiones del presidente del Tribunal, que entre otras cosas hizo referencia a la expectativa de la prensa y de la ciudadanía en la conclusión del juicio. Azuaga dijo que a su criterio el presidente del Tribunal incurrió en preopinión y anunció que lo recusará por este motivo, aunque posteriormente, ante las consultas de los periodistas, optó por ser más cauto y se limitó a decir que estudiará la posibilidad de hacerlo.
Azuaga, abogado de la pastoral social, dijo que interviene en el caso ad honórem y que lo hace debido a que conoce a los acusados hace tiempo.
Juicio a adolescente, en noviembre
El lunes último también debió iniciarse el juicio oral y público a la 13º acusada, una adolescente identificada con las iniciales R.R.V.O., pero esta audiencia también fue pospuesta por el Tribunal para el 2 de noviembre.
Se trata de la quinta postergación por disposición del tribunal, tal como se dio en tres ocasiones anteriores. La primera convocatoria para la audiencia fue en setiembre del 2013, ocasión en que la defensa –a cargo de las abogadas Sonia Von Leppel y Mirta Moragas, de la Cordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy)– solicitó tiempo para interiorizarse del caso, pues había tomado el caso en vísperas del juicio.
La inesperada suspensión de la audiencia causó sorpresa a las propias defensoras, que se presentaron con antelación para dar inicio al juicio, ocasión en que fueron informadas por la actuaria de que la audiencia pasó para noviembre, sin mayores explicaciones y sin que haya pedido alguno de parte de las mismas.
Plantearon nulidad y prejudicialidad
La joven está acusada por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno en carácter de autora y tentativa de homicidio en grado de cómplice. Antes de iniciarse el expediente, la defensa planteó un incidente de nulidad y otro de prejudicialidad.
La falta de evaluación psicológica de la adolescente, diligencia de realización obligatoria al inicio del proceso, es la base del incidente de nulidad.
“No se hizo evaluación psicológica, que es fundamental para un adolescente porque determina el grado de madurez psicosocial y la capacidad de reprochabilidad. Esta es una diligencia de realización obligatoria que se tiene que realizar al inicio del proceso, es decir, no se puede hacer en el juicio oral porque no se subsana. Es un incidente absoluto que anula todo el proceso y no se puede retrotraer porque va a ser en perjuicio de ella”, explicó la abogada Von Leppel.
Tierras en disputa
Por otro lado, el incidente de prejudicialidad tiene su fundamento en la falta de definición de la titularidad del inmueble que fue escenario de la tragedia.
El conflicto se da porque se trata de un inmueble de 2.000 hectáreas, donado en 1970 al Estado paraguayo, pero que no inscribieron en los Registros Públicos. La empresa Campos Morombí, propiedad de los Riquelme, se hizo de esas tierras a través de un juicio de usucapión, luego de la donación hecha al Estado, es decir, cuando ya no era una propiedad privada.
Hay seis demandas civiles con relación al caso, entre los cuales está la acción promovida por la Procuraduría General de la República para obligar la escritura pública, ya que la donación fue realizada, pero no finiquitada; la que se relaciona con el juicio de usucapión planteada por los Riquelme y la acción autónoma de nulidad contra esa acción jurídica, planteada sobre la base de que al Estado no se le puede usucapir.
Tras huelga de hambre, domiciliaria
Los acusados tienen prisión domiciliaria desde el 12 de abril del año pasado, ocasión en que el presidente del Tribunal les concedió la medida sustitutiva de prisión a Rubén Villalba, Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro Benítez, Arnaldo Quintana Paredes y Felipe Benítez Balmori.
El colegiado tomó la determinación tras recibir un informe del médico forense Alejandro Fretes, quien certificó que los acusados –entonces con 55 días de huelga de hambre– se encontraban descompensados y con un alto riesgo de complicación clínica de consecuencias impredecibles. Posteriormente, idéntica medida se adoptó con relación a los demás acusados.
Cuestionan generalización
Los distintos defensores que intervinieron en el caso Curuguaty coincidieron en cuestionar tanto la investigación como la acusación fiscal, por supuesta parcialidad. En este sentido, los entonces defensores Guillermo Ferreiro y Vicente Morales señalaron que las pericias balísticas, muestras de sangre, topográficas, y otras pruebas más fueron realizadas sin la presencia de la defensa, lo que también produce indefensión y debe derivar en su exclusión y nulidad de todo el proceso.
Por su parte, la abogada Sonia Von Leppel, representante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), quien defiende a la adolescente R.R.V.O., advirtió que jamás se determinó en qué consistió su participación y sostuvo que la acusación es genérica. Asimismo, cuestionó que todos estén acusados por tentativa de homicidio sin que haya un solo acusado por homicidio.
“Eso es lo más absurdo. Nadie está procesado por homicidio consumado, todos están por tentativa. Ni siquiera puede probar quién mató, ¿cómo va a probar quién ayudó a matar?”, argumentó.
La defensora también fustigó la actuación de las defensoras públicas que tuvieron a su cargo el caso de la adolescente, pues en la preliminar no impugnaron pruebas que eran notoriamente improcedentes y que inclusive fueron impugnadas por la defensa de los adultos, y no ofrecieron pruebas ni testigos a su favor.
Fiscal aduce planificación
La acusación presentada por el fiscal Jalil Rachid sindica a Rubén Villalba como el cabecilla del grupo y como la persona que planificó la emboscada a los policías, que derivó en el mortal enfrentamiento.
Por esta razón, el Ministerio Público lo acusó por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal en calidad de autor y homicidio doloso en grado de tentativa, en calidad de instigador. A continuación, parte de su argumento:
“En síntesis, cuando Rubén Villalba tomó conocimiento cierto de la realización del procedimiento el día 15 de junio de 2012, dirigió la puesta en ejecución de un plan, en concierto con los demás ocupantes, para evitar abandonar el predio de Marina Cue, ubicado dentro de Campos Morombí y para ello, impartió las instrucciones de utilizar la fuerza y matar para permanecer en el inmueble, decisión aceptada y acatada por el grupo El plan concertado, en el que cada uno de los ocupantes tenía un puesto y una función específica, consistía en lograr que las fuerzas del orden lleguen hasta el lugar preparado especialmente para el enfrentamiento (el puente ubicado a metros del retiro), que como se explicó, naturalmente constituye un lugar estratégico para el ataque. El plan preveía que los efectivos policiales lleguen hasta allí a pie, no con vehículos (por la disposición de las tablas de madera con clavos, que en el eventual caso de ingresar un automotor, produciría el daño de la rueda).
En el puente, colocaron unos hilos de alambre para impedir el paso e izaron una bandera paraguaya.
La organización de la ubicación de los ocupantes para recibir a las fuerzas de seguridad también fue planificada y, hasta las mujeres y niños que formaban parte del grupo, debían cumplir una tarea concreta dentro de esa organización, prestando su colaboración.
En este orden de ideas, el plan consistía en fijar una primera línea que recibiría a la comitiva policial y se ubicaría al cruzar el puente. Esa primera línea se ubicaría en la zona “0”, que como se describió, es la única zona despejada y la más baja del camino de terraplén, a los efectos de obligar a la fuerza pública a acceder hasta ese lugar en concreto en donde ellos se encontraban esperándolos.
(...) Finalmente y como se señaló, la planificación para la recepción del procedimiento fiscal policial incluyó una última fase, que se extendía hasta el campamento mismo de los ocupantes. En cada una de las carpas precarias ubicadas junto al retiro, se encargaron de colocar un explosivo, tipo cazabobo, debajo de los colchones, previendo la posible inspección del lugar por parte de personal policial”.
rferre@abc.com.py