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El Ministerio de Salud Pública, a través de varios informes remitidos a la fiscala Acuña, confirmó que no existe el convenio N° 45000002881/2007, firmado supuestamente entre dicha cartera de Estado y la Itaipú, denominado “Fortalecimiento de la vigilancia y sustentación de las redes de voluntarios del paludismo, dengue, leishmanianiasis y esquistosomiadis con apoyo comunitario en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú y Caaguazú”. (Ver facsímil).
El documento firmado por el abogado Walter Troxler, jefe de Asuntos Judiciales, refiere que no existen antecedentes del convenio solicitado por el Ministerio Público y que el mismo no fue ejecutado. Agregó que existió una “especie” del anterior convenio, que consistía en pagos de viático/plus o similar a funcionarios de las zonas de Alto Paraná, Canindeyú y Caaguazú por “ampliación de horario de trabajo”. Aclaró que todo fue gerenciado por la Superintendencia de Responsabilidad Social de la binacional.
El informe desacredita la versión de Wilfrido Taboada Molinas, Rulfo René Medina Aguilera y Guido Roque Zacarias Michelagnoli, imputados por el uso de dinero de Itaipú para la campaña de Blanco Ovelar, candidata del Partido Colorado para las elecciones generales de 2008.
Los imputados, en los documentos arrimados a la Fiscalía, señalaron la existencia del referido convenio y que la plata se uso en la lucha contra el dengue y no en la campaña publicitaria de la candidata de la ANR.
De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, que luego sugestivamente solicitó el sobreseimiento definitivo de los procesados, se desviaron unos G. 1.116.047.500.
Los encausados, que hablaron de un convenio con Salud Pública, llamativamente realizaron los pagos a las publicitarias KAD Estudios, Jop Publicidad y Sistema Siete.
Con el supuesto convenio, proyectos y carteles publicitarios, los imputados pretenden justificar el pago de 18 facturas a las referidas publicitarias por más de G. 1.100 millones.
Sin embargo, el informe del Ministerio de Salud Pública desacredita totalmente la versión de los encausados. La secretaría de Estado fue categórica al informar a la Fiscalía que el convenio al cual hacen referencia los procesados no existe. Por otro lado, no tiene sentido que la Itaipú pague a las publicitarias por un convenio supuestamente ejecutado por Salud Pública.
Este y otros documentos probarían el desvío de dinero de la binacional en la campaña de la candidata colorada para el 2008. Sin embargo, la fiscala Acuña alega una supuesta duda o la falta de certeza y por ello solicita el sobreseimiento definitivo de los tres imputados.
Acuña ya había pedido la desvinculación de los sospechosos, pero el juez Tadeo Fernández no hizo lugar a su solicitud.
El dictamen de la fiscala fue rectificado por el adjunto Marco Alcaraz, quien evidenció la pésima investigación que llevó a cabo Acuña, quien ni siquiera se preocupó, en la primera ocasión, de solicitar a Salud Pública los antecedentes del convenio alegado por los imputados. Solo lo hizo después cuando el superior le indicó y ahora pese a que los documentos desacreditan la versión de los encausados, la agente insiste en que estos sean desvinculados del proceso.
Es una burla a la ciudadanía, que teniendo todos estos documentos que desmienten a los imputados, el Ministerio Público pida e insista en el sobreseimiento de los encausados. Acuña, en esta causa, ya había desvinculado al exdirector de la binacional, el senador colorado Víctor Bernal. Argumentó que Bernal no autorizó ningún pago, sino que fue Taboada.
Existiría una fuerte injerencia política en el caso, a la que se estaría prestando la Fiscalía. Desde un principio, los imputados buscaron un fiscal a medida en el proceso. Lograron apartar a los fiscales Rocío Vallejo, Liliana Alcaraz, Arnaldo Guizzio, René Fernández y al adjunto de Delitos Económicos Carlos Arregui.
La decisión final queda en manos del juez Tadeo Fernández, quien tiene que resolver si hace lugar o no a la solicitud de Acuña. El magistrado fijó para el 23 de noviembre la audiencia preliminar en la cual va a resolver si dispone el sobreseimiento definitivo o nuevamente se opone. En este último caso, la carpeta deberá ser analizada por la Fiscalía General del Estado.