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De acuerdo a los antecedentes, durante el periodo 2008-2013, la Justicia solicitó el desafuero de nueve legisladores (seis diputados y tres senadores), pero solo dos fueron aprobados, con la particularidad de que ambos resultaron a “instancia de parte”, por impulso de los propios afectados. Se trata de los diputados Clemente Barrios y Víctor González Segovia.
Por su parte, se rechazó retirar los fueros de José Chamorro, Magdaleno Silva (ambos diputados colorados), mientras que siguen pendientes de estudio solicitudes que afectan a Artemio Barrios (ANR) y Hugo Capurro (PLRA).
En el Senado rechazaron el desafuero de Rogelio Benítez y últimamente el de Carlos Filizzola, imputado por el caso compra irregular y sobrefacturada de helicópteros para la Policía Nacional.
La incógnita respecto al caso de Filizzola es que poco tiempo después del rechazo de su desafuero, juraron los nuevos miembros de la Cámara de Senadores. El Ministerio Público analiza la segunda petición de desafuero.
Mientras tanto, los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción que solicitaron el desafuero, Victoria Acuña y Martín Cabrera, fueron denunciados por mal desempeño de funciones, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Esa denuncia no provino de Filizzola, sino de los parlamentarios Alberto Jaeggli, Luis A. Wagner, Carlos Guapi Brítez, Blanca Fonseca, Alberto Grillón y Juan Manuel Bóbeda.
Respecto a Carlos Filizzola, los denunciantes refieren que al ser senador de la Nación cuenta con las inmunidades previstas en el artículo 191 de la Constitución Nacional. “...se halla constitucionalmente protegido por fueros, el mismo fue imputado y por ende, se ha iniciado un proceso penal en su contra, sin haber sido desaforado previamente”.
Los parlamentarios hacen énfasis en que el artículo 328 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público debe iniciar una investigación preliminar para recabar datos y elementos para fundar el pedido de desafuero.
“La formulación del acta de imputación y el requerimiento de notificación de la misma es el inicio de la primera etapa del proceso penal –la etapa de investigación– y los fiscales no pueden iniciar proceso penal contra una persona con fueros, por imperio de la Constitución Nacional”.
En la denuncia también se indica que los fueros pueden ser de expresión, de detención o como es en este caso, de proceso. “Por tanto, ningún parlamentario puede ser procesado sin antes ser despojado por sus pares de esa protección constitucional” y concluyen pidieron la suspensión de Acuña y Cabrera como “medida cautelar” y la correspondiente remoción.
Carlos Filizzola fue imputado al igual que Rafael Filizzola, ambos exministros del Interior del gobierno de Fernando Lugo, por supuesta compra irregular de helicópteros para la Policía Nacional. Supuestamente, cometieron un perjuicio por valor de G. 50.062.368.788 contra el Estado paraguayo.
Contrabando
El diputado colorado Carlos Núñez Salinas también soporta un proceso penal, pero por supuesto contrabando de decodificadores para televisores por US$ 1.026.000, a través de su firma Intercom Ingeniería.
Si bien el fiscal Martín Cabrera todavía no solicitó que le sean despojados sus fueros, aseguró que en breve enviará el pedido al juez Humberto Otazú, quien tendrá a su cargo remitir los antecedentes a la Cámara de Diputados.
El investigador reconoció que actualmente la causa está paralizada por la inmunidad que le ampara.
Omisión de auxilio
El senador de Parlasur Tomás Bittar Navarro soporta también un proceso penal por omisión de auxilio, que derivó de un grave accidente de tránsito. La defensa del mismo logró dilatar su audiencia de imposición de medidas, con recursos contra la providencia de citación del juez Rubén Riquelme, hasta que el mismo prestó juramento el pasado 1 de julio. Cualquier impulso procesal de la fiscala María Teresa Ruiz Díaz está suspendido hasta que la misma pida su desafuero y este sea concedido.
LA NORMATIVA EN LA QUE SE ESCUDAN
Artículo 191 de la Constitución Nacional: De las Inmunidades: “Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Ningún senador o diputado podrá ser detenido, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta de inmediato del hecho a la Cámara respectiva y al juez competente, a quien remitirá los antecedentes a la brevedad.
Cuando se formase causa contra un senador o un diputado ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará, con copia de los antecedentes, a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario, y por mayoría de dos tercios resolverá si ha lugar o no desafuero, para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros”.
En la mira de la fiscalía
A pesar de los sonados casos de investigación que soportan los senadores liberales Fernando Silva Facetti y Zulma Gómez, es una incógnita todavía si el Ministerio Público decidirá imputarlos, y mucho más si la Cámara Alta accederá a despojarlos de sus fueros en un eventual proceso.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción indaga dos denuncias contra Silva Facetti, de la propia Contraloría General y del Sindicato de Funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS).
Supuestamente, el parlamentario ocasionó un daño patrimonial por un valor de cerca de 80.000 millones de guaraníes que, presuntamente, cometió durante el tiempo que estuvo al frente de IPS. El perjuicio se habría dado en licitaciones de compras equipos visuales y audiovisuales. El caso es indagado por los agentes Victoria Acuña y Martín Cabrera.
Por su parte, la senadora Zulma Gómez es investigada por la fiscala Claudia Criscioni, tras la denuncia de intento de estafa a la Itaipú que hizo Domingo Laíno. El caso también salpica al presidente Federico Franco y al titular de la binacional, Franklin Boccia. Supuestamente, a través de la fundación Género y Medio Ambiente (Gema) –vinculada a Gómez– se intentó estafar unos US$ 12 millones.
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