Fortuna que González Daher y su hijo no podrían justificar

Desde el 24 de setiembre el exsenador colorado Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chaves pasaron a ser los civiles número 31 y 32 que guardan reclusión en la Agrupación Especializada, de una población total de 151 presos, entre uniformados y civiles. El Ministerio Público los imputó porque no podrían justificar su fortuna y se trabó embargo de todos los bienes.

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Causó revuelo la imputación del fiscal de Delitos Económicos René Fernández contra el exsenador Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chaves, hace exactamente una semana y por tres hechos punibles: enriquecimiento ilícito en la función pública, lavado de dinero y declaración jurada falsa.

Además, el investigador ordenó la detención y pidió prisión preventiva, al ser el enriquecimiento un crimen con expectativa de hasta 10 años de cárcel.

Los dos imputados se presentaron presurosamente en sede fiscal, se abstuvieron de declarar y finalmente comparecieron con el juez Humberto Otazú, quien decretó la prisión preventiva en la Agrupación Especializada. A su vez, el magistrado trabó embargos de todos los bienes y decretó la inhibición general de grabar y vender bienes contra padre e hijo.

Luego, la defensora Sara Parquet recusó a los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz, siendo que ésta última ni siquiera firmó la imputación por estar de vacaciones.

De manera interina asumió en la causa la fiscala Josefina Aghemo, por disposición de la Fiscalía General del Estado.

La agente indicó que está analizando los 25 tomos de informes bancarios, informes tributarios, informes de Registros Públicos, Abogacía del Tesoro, otras instituciones públicas y además, el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que dio inicio a la investigación por un reporte de movimientos de G. 8 billones (unos US$ 1.500 millones) del clan familiar.

Además, Aghemo no descarta ampliar el caso por presunta usura y a su vez, incorporar al proceso a otros familiares.

En ese sentido está en la mira la esposa de González Daher, la escribana pública Nélida Josefa Chaves, quien movió G. 15 mil millones en seis años, según el propio examen de correspondencia de bienes con el que “blanqueó” la Contraloría General a González Daher.

También aparece la hija del exsenador, María Emilia González Chaves, una de las directoras de la empresa Príncipe Di Savoia, empresa donde se lavaría el dinero.

Movimientos millonarios

La imputación contra el exsenador Óscar González Daher y el concejal de Luque Óscar Rubén González Chaves reveló las declaraciones juradas falsas de los dos, movimientos millonarios y la identificación de 67 inmuebles, de los más de 125 que se le atribuye al clan familiar.

González Chaves movió cuantiosas sumas a través de varias cuentas bancarias, y su padre aparece como firmante de al menos dos.

El concejal obvió poner en su declaración jurada de bienes de 2016 las millonarias sumas, lo que además de constituir indicios de enriquecimiento ilícito configuró el delito de declaración jurada falsa.

En ese sentido, de la imputación se desprende que González Chaves solo declaró que tenía tres cuentas bancarias y la suma de G. 230.000.000, pero luego se supo que en un solo banco (Sudameris) posee seis cuentas. En esa entidad cuenta con certificados de depósitos de ahorros (CDA) en dólares (US$ 1.500.000, US$ 118.000 y US$ 200.000, y en guaraníes de 3.750.000.000.

Por su parte, en el Banco Atlas tiene CDA por valores de G. 2.500.000.000 y US$ 1.100.000, mientras que en Itaú posee cuenta corriente en dólares y dos CDA por valor de G. 500.000.000 cada uno.

En el caso de González Daher también se encontró que obvió declarar lo que en realidad posee, en nueve presentaciones que hizo en la Contraloría General entre los años 2001 y 2018.

Los números que llaman la atención son los de su esposa, la notaria Nélida Chaves, con quien no tiene separación de bienes.

Informes proveídos por los bancos Sudameris y Atlas revelaron que la esposa tuvo activas cinco cuentas y operaciones de CDAs en el primero y en el segundo una caja de ahorros, con valores varias veces millonarios, haberes que no fueron expuestos en ninguna de las declaraciones juradas citadas, correspondiendo dichos valores, en un 50% al funcionario Óscar González Daher. En total, la mujer movió más de G. 15 mil millones en alquileres, honorarios profesionales e intereses por CDA.

En cuanto al presunto lavado de dinero, en la imputación se consigna que se presume la utilización de la empresa Príncipe Di Savoia.

Para el Ministerio Público la constitución de la empresa en el 2009 es poco creíble, porque fue aparentemente con testaferros. El dueño real de la firma sería el exsenador, quien se vale de la misma para “disimular la realidad en cuanto a quién es el verdadero titular de dichos bienes”. La empresa tiene 52 inmuebles a su nombre, y González Daher, otros 15. Sin embargo, al clan familiar se le adjudica al menos 125 inmuebles.

La imputación

La imputación contra el exsenador Óscar González Daher y su hijo, el concejal de Luque Óscar Rubén González Chaves, es por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Según la Fiscalía, González Chaves obvió declarar millonarias sumas de dinero en 2016 y su padre aparece como firmante de al menos dos de ellas. Además, el exlegislador no justificó el 50% de los haberes de su esposa, la escribana Nélida Chaves, quien percibió unos G. 15.000 millones en seis años. Además, la firma Príncipe Di Savoia se utilizaría para lavar dinero.

Los embargos

El juez Humberto Otazú decretó embargos preventivos contra todos los bienes de Óscar González Daher y Óscar Rubén González Chaves, al tiempo de decretar la inhibición general de gravar o vender bienes a pedido del fiscal René Fernández. El magistrado también resolvió dictar la prisión preventiva de los dos imputados en la Agrupación Especializada hace exactamente una semana. Actualmente, son los presos civiles 31 y 32 de ese recinto que, en realidad, es para policías. La defensa apeló tanto la prisión como los embargos concretados y debe ser resuelto por la Cámara de Apelaciones.

La recusación

Un día después de la imputación penal, la abogada defensora Sara Parquet, en representación de Óscar González Daher y Óscar Rubén González Chaves, recusó a los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz, siendo que esta última ni siquiera firmó la imputación. La representante legal alegó “odio” y supuesto mal desempeño de funciones. Aduce que sus clientes fueron citados para esta semana a audiencias indagatorias y que, pese a eso, se los imputó antes sin darse el derecho a la defensa. Además, reclama que la imputación se presentó supuestamente solo con base en un informe de la Seprelad.

Seprelad y 30 tomos más

El fiscal René Fernández rechazó que la imputación contra Óscar González Daher y su hijo, Óscar Rubén González Chaves, se base únicamente en el informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y que se haya utilizado de forma “ilegal”.

Estos cuestionamientos fueron realizados por las abogadas defensoras Sara Parquet y Cecilia Pérez. Fernández, un día después de presentar su imputación, fue recusado por supuesto “odio” y “mal desempeño de funciones”.

Sobre el informe de Seprelad, Fernández fue claro al indicar que en un proceso penal todo elemento de prueba que pueda aportar un dato útil para el esclarecimiento puede ser ofrecido y valorado en las distintas etapas.

Además, refirió que es “una obligación” de Seprelad elevar una denuncia cuando detecte indicios de lavado, así como también lo hace la Contraloría, la Aduana.

Asimismo, negó que la imputación se base solo en ese informe.

“Nosotros hemos tenido a la vista el informe que ha sido la noticia criminis para el Ministerio Público y nos tomamos nuestro tiempo. Hemos recolectado unos 30 tomos de datos provenientes de entidades públicas y privadas, además de las voluminosas informaciones incautadas en los allanamientos y en base a esos datos llegamos a la conclusión preliminar de que es una imputación contra dos personas”, indicó el agente.

Recordó también que no existe un solo artículo de ley que prohíba la utilización de los informes de la Secretaría como medio probatorio.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, brindó públicamente su apoyo al investigador y dijo que con estas recusaciones solo se buscan frenar los procesos como este o los del diputado Ulises Quintana y Javier Díaz Verón.

griselda@abc.com.py

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