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La madrugada del 1 de abril del 2017, en un ataque coordinado de las fuerzas del orden, se produjo el ingreso violento y sin orden judicial en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que desencadenó en el asesinato del joven dirigente liberal de La Colmena, Rodrigo Quintana.
Fue tras los disturbios y la quema del Congreso Nacional donde un Senado paralelo intentó incluir la reelección presidencial que aspiraba entonces el presidente Horacio Cartes, pero se truncó.
Para la investigación de este hecho, el Ministerio Público siguió desde un principio un libreto marcado por el gobierno, que quiere que toda la responsabilidad recaiga en el suboficial 1° Gustavo Florentín, preso en la Agrupación Especializada. El mismo fue imputado el 3 de abril.
El próximo martes se cumple un año de pesquisa y la Fiscalía debe presentar requerimiento conclusivo con relación a Florentín, pero no amaga incluir a ningún jefe policial pese a que el procesado nunca debió integrar ningún pelotón, ya que contaba con arresto domiciliario en la Comandancia de la Policía desde el 15 de marzo de 2017. El suboficial relató que la orden verbal de ingreso al lugar fue del comisario Amado Cantero entonces jefe de la comisaría 3ª Metropolitana y hoy premiado como jefe de Prevención y Seguridad de Alto Paraná.
También la abogada Selva Rodríguez dijo que su cliente Florentín le refirió que se escuchaba que Cantero recibía órdenes de un tal “José”, que sería el empresario tabacalero José Ortiz.
Esto sumado a las insistentes comunicaciones telefónicas del entonces comandante de Policía, comisario Críspulo Sotelo con Horacio Cartes y gente de su entorno que no tiene que ver con el gobierno, tampoco resultó llamativo para los fiscales.
Solo por insistencia de la querella adhesiva y por disposición de la Cámara de Apelaciones, la Fiscalía realiza actualmente la pericia de cruce de llamadas de 21 teléfonos celulares, con la intención de llegar a quienes ordenaron el atraco.
Entre las llamadas resaltan las 16 comunicaciones de José Ortiz con Sotelo, y las 24 del abogado de Yacyretá, Luis Canillas, con el entonces comandante.
Comisario trabó proceso
Por el ataque a la sede del PLRA están imputados el comisario Tomás Paredes Palma, exsubjefe del Departamento de Investigación de Delitos el oficial Guido Amarilla y el suboficial 2° Arnaldo Andrés Báez, pero ni siquiera se pudo hasta ahora imponerles medidas porque trabaron desde el inicio la imputación por tentativa de homicidio (Paredes y Amarilla) y coacción (Báez). Amarilla fue filmado atacando un sanitario a escopetazos, por orden de Paredes. La fecha de requerimiento conclusivo contra ellos es el próximo 11 de abril.
Juicio pendiente para agresor de diputado
El caso del agente policial Benito Joel Sanabria es el que más avanzado está ya que está pendiente su juicio oral y público, suspendido a principios del mes porque el implicado se presentó con un abogado nuevo.
El uniformado está acusado de herir con balines de goma y desfigurar el rostro al diputado Édgar Acosta Alcaraz.
El suboficial ayudante de la Unidad Antimotines de la Policía Nacional está acusado por la fiscala Liliana Zayas por lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas y la expectativa de pena es de 2 a 15 años de cárcel.
El proceso se sustanció con normalidad debido a que el mismo fue identificado por imágenes fotográficas en el momento en que disparó al parlamentario.
De esta forma, Sanabria fue acusado por Zayas y en la audiencia preliminar realizada el 22 de noviembre del año pasado, el juez penal de garantías Paublino Escobar decidió elevar la causa a juicio oral y público.
El tribunal de sentencia integrado por los jueces Arnaldo Fleitas, Olga Ruiz y Elsa García fijaron para el 6 de marzo el inicio del juzgamiento, pero el policía se presentó con un nuevo abogado, Alfredo Sosa, y el mismo pidió tiempo para interiorizarse del caso.
Asimismo, el diputado Acosta comunicó que debía realizarse otra intervención quirúrgica en el exterior, por lo que el juicio oral y público fue marcado recién para el 2 de mayo y proseguirá a las 8:00.
Dieciocho acusados por quema de Congreso
La quema del Congreso Nacional el 31 de marzo de 2017, desencadenó en un proceso judicial contra 18 manifestantes, entre ellos el concejal de Asunción Rodrigo Buongermini, acusado por supuestamente estimular a la turba de manifestantes sin siquiera haber ingresado al recinto.
Los agentes fiscales Giovanni Griseti y Alcides Corvalán decidieron acusar y pedir juicio oral y público para Buongermini por ser “una figura de autoridad” y piden juicio oral y público por perturbación a la paz pública. Sin embargo, el político del P-Mas nunca ingresó al Congreso.
Asimismo, acusaron a Paraguayo Cubas, Stiben Patrón Cáceres (incluido también en el caso de supuesta fabricación de bombas molotov dentro del PLRA), Jorge Sebastián Radice, Roberto Rojas González, Silvino Rafael Romero, Jorge Luis González Diarte, Juan Alberto Radice, Juan Alberto Del Puerto Gómez, Nelly Carlota Cortesi y Rafael Esquivel.
La lista continúa con Marlene Tatiana Orué León, Richard Daniel Chamorro Alvarenga, Víctor Gabriel Rodríguez Ullón, Marco Antonio Ramos Mareco, Héctor Eusebio Estepa Astorga, José Salvador Flores Valiente y Jorge Luis Recalde López.
Resultó sobreseído definitivamente Cristhian David Castillo y el plazo con relación a Luis Osvaldo Sánchez todavía no feneció debido a que era uno de los cuatro liberales refugiados en Uruguay, que volvió al país.
Dos imputados por agresión a periodistas
Los desmanes de la fuerza pública se cobraron varias víctimas el 31 de marzo de 2017, entre ellos varios periodistas que realizaban labores frente al Congreso Nacional.
La fiscala Martha Sandoval imputó a dos policías que manejaban carros hidrantes durante los disturbios. Se trata de Isidro Carrera (conductor) y Gilberto González (operador), quienes lanzaron impactos de agua desde el carro hidrante H3 a los camarógrafos Cynthia Saldívar y Osvaldo Woitschach, cuando estos estaban caídos en el piso.
Sin embargo, más de una veintena de trabajadores de prensa fueron heridos, pero no existe reprochabilidad hasta ahora de los agresores.
Derechos Humanos
La fiscala de Derechos Humanos Liliana Zayas tiene causas contra efectivos del orden, por agresiones a manifestantes.
La agente imputó al suboficial 2º Jorge Francisco Ramírez Bogarín por disparar en el ojo un balín de goma a una mujer que se encontraba en la sede del PLRA, en la madrugada del 1 de abril, durante el atropello ilegal. Fue en la misma intervención donde falleció Rodrigo Quintana.
Asimismo, hace unas semanas Zayas acusó al suboficial ayudante de policía Rodi Javier Rivas Román por agresiones físicas y por el pedido de una coima de G. 2 millones para liberar a dos manifestantes detenidos en el microcentro, luego de participar de las manifestaciones.
Causa por fabricación de bombas caseras
Otra causa abierta por los sucesos del 31 de marzo tiene que ver con la supuesta fabricación bombas molotov en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde están imputados cinco activistas liberales.
Actualmente la causa es llevada por el fiscal Francisco Torres, pero en octubre del año pasado acusó y pidió juicio oral y público el agente Eugenio Ocampos (recusado actualmente).
Resultaron acusados por el hecho punible de fabricación ilícita y hechos punibles conexos, establecidos en la Ley 4036/10 de “Armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, Stiven Patrón y un joven de 17 años.
Con relación a los cuatro liberales que tuvieron refugio político en Uruguay, todavía no venció el plazo.
Los mismos son Rubén Galeano, Osvaldo Aquino, Brian Martínez y Luis Osvaldo Sánchez.
Según el Ministerio Público, los mismos aparecen con botellitas con querosén y mechas de tela blanca, en los mismos vídeos de circuito cerrado del PLRA.
El suboficial Gustavo Florentín, imputado por la muerte de Rodrigo Quintana, declaró como testigo que le tiraron ese líquido cuando ingresó al local partidario.
Pericia, con juez
El juez Gustavo Amarilla dispuso el viernes último la realización de la pericia del vídeo, ante la negativa del Ministerio Público y a pedido de las defensas.
griselda@abc.com.py