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En ocasión de la audiencia de revisión de medidas realizada del miércoles pasado, el representante del Ministerio Público se opuso a la concesión de medidas menos gravosas al exrector de la UNA, tal como requirió la defensora.
En una exposición de más de dos horas, la abogada Sara Parquet alegó baja expectativa de pena por el delito imputado, inexistencia de peligro de fuga, en atención al arraigo de su defendido y la millonaria fianza real ofrecida. La letrada adujo que tampoco hay posibilidad de obstrucción a la investigación, porque las principales pruebas se encuentran en poder de la fiscalía.
Sin embargo, el fiscal Cabrera hizo hincapié en la existencia del peligro de obstrucción a la investigación e incluso destacó que se estudia la comisión de otros delitos.
“La fiscalía si bien es cierto ha puesto ya a disposición y conocimiento del señor juez dos hechos que son, cobro indebido de honorarios e inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, con relación al señor Peralta, la investigación en esta causa igualmente, señoría se focaliza a otros hechos punibles (...)”, argumentó Cabrera.
De hecho, minutos antes de la audiencia, la abogada Kattya González cuestionó a la fiscalía por imputar a Peralta únicamente por instigación a un subordinado a la comisión de un hecho punible, cuando a su criterio, también se configuran como mínimo lesión de confianza, entre otros.
Además de Froilán, también han sido incluidos en el proceso otras doce personas, entre ellas la maestra parvularia de 24 años Tatiana Cogliolo Izquierdo, sobrina de su exesposa, quien tenía un ingreso total de más de G. 12 millones como secretaria privada y docente con dos rubros en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Los ocho viajes al exterior realizados por Peralta en compañía de Tatiana también están en la lupa de los investigadores.
Los demás imputados por cobro indebido de honorarios son Evelyn María Caballero Izquierdo, Silvana González Noguera, María Ester Villagra Ortiz, Jessica María Gracia Estigarribia Medina, Chiara Jorgelina Noemí Izquierdo Sosa, Jorge Arnaldo Giménez Paredes, Erika Giovanna Patiño, Gladys Ester Izquierdo Sosa, Aidé Medina Insfrán, Nélida Cogliolo de González y María José Orué.
La fiscalía también investiga el nombramiento de la hija de Peralta, la nutricionista Nidia Adriana Peralta Cogliolo, y su yerno ginecólogo Guillermo Ramalho, como docentes en la Facultad de Veterinaria.
El jueves pasado, el juez Alcides Corbeta se apartó del caso tras la intervención de su sobrina Zulma Fatecha, en representación de Nélida Cogliolo. La decisión del magistrado fue impugnada por su colega Patricia González, quien alegó la falta de acreditación del parentesco referido por Corbeta. En la fecha, está previsto el sorteo de la Cámara de Apelación que deberá dirimir quién deberá hacerse cargo de la causa.
Prisión es para no obstaculizar la investigación
El peligro de obstrucción a la investigación fue el motivo esgrimido por los jueces Lici Sánchez y Alcides Corbeta para decretar la prisión del exrector Froilán Peralta, la primera como juez de turno el 25 de setiembre último y el segundo, como juez de la causa, el miércoles pasado.
La abogada Sara Parquet, una de las defensoras de Froilán, argumentó que la baja expectativa de pena por el hecho punible imputado –inducción a un subordinado a cometer un hecho punible– así como el arraigo con que cuenta en el país constituyen suficientes para la concesión de medidas sustitutivas de prisión. La letrada ofreció además en garantía un inmueble valuado en unos G. 700 millones, para cubrir una eventual fianza.
“El otro presupuesto requerido es la obstrucción, yo he traído legajos de los 12 imputados, legajos que no estaban en mi poder, saqué copias del legajo original que tiene la fiscalía en su poder, con el cual se prueba todos los nombramientos y demás actuaciones que tienen esos legajos, nombramientos y resoluciones que están en la web, nombramientos y resoluciones que están en Contrataciones Públicas, en el banco Itaú, porque son personas que cobran con tarjeta y dónde pueden obstruir o destruir o modificar, hacer desaparecer algún documento ¿Cómo lo haría?”, alegó Parquet.
“El fundamento del juzgado es que considerando que existe un peligro real y efectivo de obstrucción a la investigación fiscal, esta situación se ha dado tanto en la hipótesis planteada por el Ministerio Público como también por los hechos y acontecimientos producidos en los últimos días y que son de público conocimiento”, explicó la jueza Sánchez, al referirse a la destrucción de documentos del rectorado.
Cinco días después, Corbeta rechazó la revisión, tras afirmar que no han variado las condiciones que motivaron la aplicación de la medida restrictiva del libertad. Asimismo, el juez destacó en su resolución que la investigación aún se encuentra en estado incipiente y hay numerosas diligencias pendientes.
Proceso por hurto agravado
El segundo proceso formado a partir de irregularidades en el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción se tramita ante el juzgado penal de San Lorenzo y tiene su origen en el intento de destrucción de documentos de la institución.
La directora de Talento Humano, María del Carmen Martínez Méndez; su sobrina Leticia Deggeller Martínez y Luz Aquino, ambas funcionarias a cargo de la primera, han sido procesadas por hurto agravado y frustración de la prosecución penal tras ser sorprendidas en flagrancia en el interior del Rectorado por los estudiantes en vigilia, presuntamente sustrayendo documentos que serían evidencias.
Testigos aseguran que Martínez comió papeles, al verse acorralada por los estudiantes que bloquearon el paso a la camioneta en la que se refugió. Las otras dos funcionarias fueron detenidas en el interior del edificio en la mañana del pasado viernes 25, donde habían permanecido ocultas tras la conclusión del horario laboral. Las mujeres intentaron ocultarse bajo los escritorios y pasaron la noche allí.
En ambos casos la activa participación de los estudiantes fue determinante para la aprehensión de las funcionarias y también para la salvaguarda de los documentos.
Precisamente la excesiva demora de la fiscala Blanca Aquino de constituirse en la universidad, cuatro horas en total, derivó en su separación de la causa y la apertura de un sumario a la fiscala, cuya actuación también es objeto de una investigación de oficio por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El abogado de Luz Aquino, Carlos Villamayor, cuestionó la prisión preventiva decretada contra su defendida, medida que calificó como “populista”. Alegó que no existen elementos que permitan sospechar de la conducta de su representada ni de hurto agravado. Según su versión, al ver las salidas bloqueadas por los estudiantes, las funcionarias se asustaron y decidieron esconderse, para luego llamar al Sistema 911 de la Policía Nacional para pedir ayuda. A su vez, los abogados José Domingo Almada y Rodrigo Moreno, defensores de la exdirectora, aseguraron que las garantías ofrecidas eran suficientes para descartar el peligro de fuga.
Las procesadas alegaron ante el juez que preparaban documentos para pagar sueldos, pero no convenció al magistrado la inusual manera solapada en que actuaron.
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