Cargando...
Sobre los hechos ocurridos en la noche del 31 de marzo y el 1 de abril hay cuatro investigaciones abiertas.
La más importante está relacionada al crimen de Rodrigo Quintana. En este caso la fiscala que inició el caso es Raquel Fernández, pero a su trabajo se acopló la fiscala Lorena Ledesma.
Fue esta fiscala quien imputó a un jefe policial por el atropello a la sede del PLRA. Se trata del comisario Tomás Paredes Palma, subjefe del departamento de Investigación de Delitos quien la recusó luego.
Otro frente de la investigación es el ataque a la sede del Congreso en el cual parte del edificio fue incendiado. En este caso hay 21 procesados.
Los fiscales del caso son María Estefanía González, Aldo Cantero y Eugenio Ocampos, bajo la coordinación del fiscal adjunto Roberto Zacarías.
Todos ellos fueron recusados al igual que los fiscales adjuntos (anticorrupción) y Lourdes Samaniego (Capital), los dos últimos ante la posibilidad que intervengan.
Un tercer frente es la investigación por la fabricación de bombas molotov a cargo de los fiscales Aldo Cantero, Eugenio Ocampo y María Estefanía González. Los tres fueron recusados. Misma situación se dio con los fiscales Raquel Fernández, Hernán Galeano, Yolanda Portillo, Lorena Ledesma y Giovanni Grisetti, pese a que aún no tuvieron intervención en ese caso. Todas estas recusaciones fueron rechazadas por la fiscala adjunta Alba Rocío Cantero por falta de fundamento.
A su vez el fiscal general del Estado Javier Díaz Verón rechazó ante la Corte Suprema de Justicia las impugnaciones que le hicieron en los casos del Congreso y de la bomba molotov.
El rechazo de las recusaciones quedará firme hoy, si las respectivas defensas no las impugnan ante la Sala Penal de la Corte Suprema.
Un cuarto frente de la investigación es el relacionada al diputado liberal Édgar Acosta, quien sufrió heridas de balines de goma. Está a cargo de la fiscala Zayas, que no está recusada para esta causa.
En medio de todo, se anuncia la reconstrucción del caso de Rodrigo Quintana, aunque surgen dudas porque la representación legal de Efraín Alegre pretende que se acumule a este caso la denuncia presentada por el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico.
En ese menester el abogado Guillermo Duarte Cacavelos considera que se debe suspender la reconstrucción, prevista en el local del LRA para que se incluyan todos los puntos que inclusive afectan a Alegre, quien considera que esa negra noche también lo iban matar.
Nada claro
Hay cuatro causas abiertas por la fiscalía, con una treintena de imputados. Sin embargo, hasta ahora no se tiene nada de la autoría moral. En cada caso que se investiga hay una presunción de que alguien dio órdenes para obrar de manera perjudicial.
ocaceres@abc.com.py