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Además de Colmán y de su esposa Rosa Martínez, fue imputado por lavado de dinero Nery Pinazo. Los tres ya estaban procesados por tráfico de drogas ocurrido en octubre de 2011.
“Existen indicios de que Nery Pinazo Ricardi y Marcelino Amado Colmán Villeti presumiblemente eran los propietarios de la cantidad de 390,100 kg de cocaína incautada en un inmueble rural ubicado en las coordenadas geográficas: 22º 30.232[S 56º 27.500[O correspondiente al departamento de Amambay más precisamente era un establecimiento denominado Estancia Brillante”, refiere la primera parte de la imputación de De Vargas.
Añade: “Es así, que los mismos fueron las personas que realizaron las coordinaciones pertinentes con ciudadanos de nacionalidad boliviana, para que en dicha zona rural la aeronave monomotor de la marca Cessna, modelo 210M Centurión II, con Matrícula CP-1863 que corresponde a Bolivia, con número de construcción 21062608, aterrice y se proceda a la entrega en fecha 26 de octubre de 2011, la cantidad de 390,100 kilogramos de clorhidrato de cocaína y cocaína base, sustancias estupefacientes que trajeron vía aérea desde Bolivia, con el objetivo de posteriormente remitirlo y distribuirlo finalmente en el Brasil; dicha recepción fue realizada por los imputados Nery Pinazo Ricardi y Marcelino Amado Colmán Villeti además de contar con la colaboración para tal efecto de los imputados Leonardo Barboza Torres, Federico Barboza Torres y Eude Evacio Barboza Cuevas”.
De Vargas sostiene que la estancia fue utilizada para el tráfico de cocaína. “Dicha propiedad hasta la fecha 5 de diciembre de 2011 pertenecía al imputado Marcelino Amado Colmán Villeti y fue transferido a su esposa Rosa Toribia Martínez de Colmán, además utilizaban como base de operaciones la casa N° 1490, ubicada sobre las calles Lomas Valentinas y 14 de Mayo de la ciudad de Pedro Juan Caballero, y en ese sentido tenía oculto en dicha vivienda evidencias relacionadas a un circuito cerrado del domicilio, así como también aquellos documentos que dan cuenta de movimientos financieros, tales como recepciones depósitos y recibos de dinero”.
El fiscal refiere que en la vivienda habitada por Pinazo, ubicada en Pedro Juan Caballero, se encontraron documentos, giros de dinero, recibos de dinero que dan cuenta de un importante movimiento financiero.
“Estos objetos, sumas de dinero, documentos, equipos informáticos, eran presumiblemente utilizados por Nery Pinazo y Marcelino Colmán para concretar la comisión de los hechos punibles de tráfico internacional de drogas peligrosas desde y hacia nuestro país, teniendo como objetivo principal la remisión de importantes cantidades de cocaína base y clorhidrato de cocaína al Brasil”, enfatiza De Vargas.
De la imputación se entiende que la base de la investigación estuvo en la intercepción de llamadas telefónicas: “Marcelino Colmán y Nery Pinazo eran quienes se encargarían personalmente de realizar las coordinaciones con los ciudadanos de nacionalidad boliviana desde el mes de julio de 2011; en ese contexto mantenían activa conversación de la compra de la droga (clorhidrato de cocaína y cocaína base) y pasta base con ciudadanos bolivianos siendo el intermediario para dicha actividad Alfredo Maldonado, con esto estaría dando soporte logístico (económico) para la consumación de los hechos punibles de tráfico de drogas”.
El fiscal indica que ambos tenían en su poder documentos relacionados a movimientos de importantes sumas de dinero a nombre de terceras personas, registros de compra de divisas en efectivo, como así también una boleta de depósito de dinero en el banco BBVA y pagos realizados con cheques cargo el mismo banco, además de giros de dinero realizados con distintas casas que operan en el mercado cambiario nacional.
Especifica que ambos habrían utilizado varias líneas de teléfonos celulares a nombre de terceras personas; además de tener la colaboración de Maldonado, quien era el intermediario y nexo con los ciudadanos bolivianos que se encargaron de la venta de la droga incautada en el procedimiento realizado el 26 de octubre de 2011.
Sindica como otro implicado a Néstor Salinas, quien había mantenido constantes comunicaciones y sería el operador del Sr. Marcelino Colmán, además de ser la persona encargada de juntar todo el dinero que debería ser entregado al “Chipa” quien es el Sr .Nery Pinazo.
El tercer “colaborador” sería Afranio Pinazo Garcete, “quien formaba parte de la organización cumpliendo la función dentro de la misma de ser uno de los principales colaboradores de Nery Pinazo y como resultado de las supuestas actividades y negociaciones”.
De Vargas al referirse a los bienes de Pinazo señala que cuenta con un establecimiento ganadero “Ña Vaary” del distrito de Bella Vista y que la fecha 28 de junio de 2011 contaba con 1.537 cabezas de ganado.
El caso llega hasta la Corte
El fiscal adjunto de la unidad antidrogas Marco Antonio Alcaraz denunció ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia que Marcelino Colmán transfirió su estancia pese a que había una orden de embargo por parte del juez de garantía Alcides Corbeta.
Alcaraz realizó la comunicación basado en el informe que había recibido del fiscal Javier Ibarra. Este funcionario mediante una nota de fecha 27 de abril de 2012, puso a conocimiento de la Fiscalía Adjunta que el juzgado penal de garantía número 5 resolvió decretar el embargo preventivo sobre el inmueble de finca Nº 73 padrón 207, distrito de Bella Vista Norte, “inscripta a nombre de Marcelino Colmán Villeti”.
“Dicho embargo fue comunicado a la Dirección de Registros Públicos mediante oficio Nº 1909, de fecha 16 de noviembre de 2011”, explica Alcaraz.
Añade: “En el marco de la investigación, la unidad a cargo de la causa solicitó un informe a la Dirección de Registros Públicos sobre los datos del mencionado inmueble mediante nota de fecha 31 de noviembre de 2011, y en fecha 3 de abril de 2012 se informa que la finca número 73 en cuestión ha sido transferida en fecha 5 de diciembre de 2011 a nombre de Rosa Toribia Martínez”.
Alcaraz sigue diciendo: “Atendiendo a que el embargo preventivo del inmueble no ha sido inscrito y posteriormente se ha realizado una transferencia del mismo, se remiten todos los antecedentes al Consejo de Superintendencia a vuestro cargo para lo que hubiere lugar”.
Alcaraz añade que también se puso a conocimiento de los antecedentes a la Dirección de Denuncias Penales del Ministerio Público, que está a cargo de Aldo Cantero.
El caso finalmente quedó a cargo de la fiscala Sonia Pereira de la unidad barrial número 2.
Nunca fue inscripto el embargo
El fiscal Ibarra fue el que alertó la situación en un informe en el que menciona que fue llamativo lo ocurrido ya que pese a que había una orden judicial, nunca se inscribió el embargo.
“Se puede apreciar que el embargo preventivo comunicado a la Dirección General de Registros Públicos nunca fue inscripto, situación que llama poderosamente la atención a esta representación fiscal”, dice parte del informe de Ibarra elevado a la fiscalía adjunta.
Si bien la causa es de Francisco de Vargas, como este fiscal no se encontraba en el país el caso había quedado en forma interina a cargo de Ibarra, quien comunicó el hecho a sus superiores, en este caso Marco Alcaraz.
Se debe precisar el monto
La Dirección de Registros Públicos explicó a la fiscalía, vía telefónica, que si no se precisa el monto no se puede embargar una propiedad, señaló el fiscal Francisco de Vargas.
Por este motivo no se procedió a dar cumplimiento a una orden judicial.
Sin embargo, para la fiscalía antidrogas no deja de ser llamativo que no se haya informado de esta situación al juzgado, al momento de la notificación de la orden judicial del embargo de una estancia en Bella Vista Norte.
A esto se suma que la Dirección de Registros Públicos tampoco explicó el incumplimiento de la resolución número 1908 del 16 de noviembre de 2011, que señalaba que de conformidad al artículo 260 del Código Procesal Penal, se decretó la inhibición general de vender y gravar bienes de los imputados Nery Pinazo Ricardi, Marcelino Amado Colmán Villeti, Eudes Evacio Barboza Cuevas y Leonardo Barboza Torres.
La orden fue dictada el 16 de noviembre y notificada el 17 de noviembre a Registros, según la fiscalía.
Registros Públicos remitió un informe a la Corte que aún no se hizo público.
La fundamentación del pedido
El fiscal Francisco de Vargas fundamentó sus pedidos en que en la finca de Colmán se encontró la droga y que en esa propiedad estaban los ahora procesados.
“El presente pedido obedece a que en la finca más arriba detallada fue incautada una avioneta de la marca Cessna, modelo 210M Centurión II, con matrícula CP 1863, que corresponde a Bolivia, con número de construcción 21062608, que contenía en su interior un total de 8 bolsas tipo arpilleras, de las cuales 7 son de color negro y una más pequeña de color verde, que contenía cada una de las bolsas panes que a su vez contenían sustancias similares a la cocaína que dan un total de 389 panes encontrados”, decía el pedido de De Vargas.
Añadía: “Cada uno de los panes se encontraba envuelto en cintas de embalaje de color marrón y una vez totalizado el análisis de campo por el sistema de narcotest arrojó como resultado positivo a supuesta cocaína, dejándose constancia de que para tal efecto se extrajo un pan de cada bolsa pesado con una balanza romana de la marca Pocket Balance”.
Todos los recluidos por tráfico de droga se encuentran privados de su libertad en la penitenciaría nacional.
Transfirió el bien a su esposa
La estancia valuada en tres millones de dólares fue transferida por Marcelino Colmán a su esposa Rosa Martínez, según la imputación del fiscal Francisco de Vargas.
“Rosa Toribia Martínez de Colmán habría posibilitado a que disimulara el origen real de la finca Nº 73 del distrito de Bella Vista, realizando la transferencia de la misma a su nombre en fecha 5 de diciembre de 2011. El Juzgado Penal de Garantías Nº 5 comunicó a la Dirección General de los Registros Públicos a través del Oficio Nº 1909 de fecha 17 de noviembre que se ha decretado el embargo preventivo de la Finca Nº 73 del distrito de Bella Vista Norte, pese a dicha situación y a que el Sr. Marcelino Colmán posee inhibición de gravar y vender bienes se realizó la transferencia y según el informe de Registros Públicos la finca en cuestión no posee gravamen alguno”, dice parte de la imputación”.
Añade: “De igual manera la Sra. Rosa Toribia Martínez de Colmán registra recepción y envíos de montos importantes de dinero desde Pedro Juan Caballero, así también ha ejecutado compra de divisas (dólares). Por otro lado, ha realizado importantes erogaciones en dólares por compra de rodados similares a las incautadas en fecha 26 de octubre de 2011 en zona rural de Amambay, poniendo a su nombre algunos de los rodados”.
El matrimonio, según la fiscalía, cuenta con separación de bienes. De Vargas indica que si bien la pareja cuenta con antecedentes en la Subsecretaría de Tributación, esto no sería suficiente para justificar los gastos por sumas importantes y las operaciones efectuadas a través del sistema financiero.
Luego explica que ambos “figuraban como propietarios de la estancia ‘Brillante’ con Nº de 73 del distrito de Bella Vista Norte con un valor estimativo de 3.000.0000 de dólares americanos, un inmueble en la ciudad de Asunción sobre la calle Sucre Nº 2842 con Finca Nº 13531 por un valor estimativo a 400.000 dólares americanos, una finca Nº 17 en el distrito de Bella Vista Norte por un valor estimativo de 100.000 dólares americanos, también poseen una Toyota Hilux Modelo 2010, por un valor estimativo de 47.000 dólares americanos, un Toyota Rav 4 por valor de 43.000 y un bus de la Marca Nissan por valor de 25.000 dólares americanos. Agrega que los pagos de servicios realizados por Colmán , compra de celulares, la adquisición de vehículos lujosos, no se corresponderían con sus ingresos lícitos.
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