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La ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública (Art. 23) establece que la designación de defensores públicos está a cargo de la Corte, previa selección de ternas por el Consejo. El abogado defensor, Ricardo Preda, planteó el sobreseimiento definitivo, que fue rechazado por Caballero. Yore también afronta otro proceso, pero por lesión de confianza. Fue imputada por supuesta sobrefacturación de G. 5.000 millones en obras en distintas sedes del país.