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El desvío de los montos descontados al funcionariado para el pago de cuotas por créditos y compras en distintas casas comerciales, la utilización de pagarés de cuentas ya canceladas o por cancelar para la refinanciación de nuevos préstamos sin autorización de los socios y el destino de los fondos retirados para la refacción de la sede social del Ñemby son los principales hechos denunciados ante el Ministerio Público.
La imputación presentada por la fiscala María Estefanía González, de la barrial 3, está dirigida contra todos aquellos que ocuparon cargos directivos desde el año 2013 hasta mayo del 2016. En el referido lapso, la Aso ha obtenido cuatro préstamos por un total de casi 3.000 millones de guaraníes. Tanto el destino del dinero como las circunstancias en que ha sido obtenido están en la mira de la fiscalía pues, según los datos, no existirían documentaciones respaldatorias del destino de los mismos ni siquiera de la aprobación de dichas obligaciones en actas de asambleas u otros actos requeridos.
El escándalo estalló en mayo pasado, cuando numerosos socios empezaron a ser emplazados por diferentes entidades para realizar el pago total de sus deudas, pese a contar con los comprobantes de los descuentos realizados para la cancelación de dichos compromisos.
Los préstamos mencionados son los siguientes: uno por valor de G. 2.500.000.000 a través de las entidades financieras Lac SA y Pac SA, pagaderos en 24 cuotas de G. 75 millones; otro por G. 120 millones a través de la firma Credi Amigo; un tercero por G. 250 millones de la firma Credi Service y el cuarto por G. 100 millones de la Cooperativa Yvapovõ.
Cabe recordar que la firma Credi Amigo ha presentado una demanda contra la Asociación, derivada al juzgado en lo civil y comercial del 13er turno, a cargo de Luz Marlene Ruiz Díaz.
Todos los imputados
Fiscalía imputó al expresidente Celso Manuel Alvarenga, a su sucesor Fabio Daniel Martínez, a la extesorera María Gloria Escobar, el protesorero Roberto Israel Alfonso y al exjefe de Recursos Humanos Marcelo Stiben Noguera Romero por estafa, apropiación y lesión de confianza, como autores.
La lista de imputados sigue con Olga Elizabeth Caballero Báez, Alfredo Javier Martínez, Basilicia Miers, Óscar Silvino Ojeda Ávalos, Félix Alberto Torales Moreira, Miguel Ismael Castro Coronel, Aníbal Aldemir Duarte Franco, Olga Espínola Santander, Hugo Vicente Castillo Benítez, Jorge A. Resquín Torales, Fabio Ruiz Báez, Roberto Romero Olmedo, María Cicinia Irala de Cáceres, Carlos Enrique Céspedes, Elena Cañiza Paredes, José María Arévalos, Julio César Vichini, Jaime Samaniego Ayala, Marcos Antonio Ramírez Moreno, Julio Hermes Schupp y Odilón Turo, procesados por los mismos delitos, pero en carácter de cómplices.
La fiscala pidió prisión para los exdirectivos, medidas alternativas a la prisión para los demás e inhibición general de vender y gravar bienes para todos. Hasta el viernes último, ya se encontraban presos Marcelo Noguera, Celso Alvarenga y Fabio Martínez.
“La comisión directiva no habría realizado los pagos correspondientes a estas entidades causando un grave perjuicio patrimonial a los asociados, aproximadamente mil socios a la fecha de las distintas instituciones, quienes en la mayoría de los casos, se encuentran constreñidos a pagar dos veces por la misma prestación”, señala la fiscala González en su imputación.
“Esta situación genera la sospecha de la comisión del hecho punible de estafa a este grupo de socios, quienes han sufrido un perjuicio en su patrimonio, causado por la declaración falsa de la comisión directiva al momento de solicitar la autorización de descuentos mensuales de salario que debían ser destinados al pago de los compromisos asumidos y con esto habrían generado un error y la posterior disposición del dinero por parte de las instituciones encargadas de los descuentos de sueldo”, agrega González en su imputación, en la que precisa que esta situación se extendió durante cuatro años.
Tres están en prisión
La causa penal está a cargo del juez penal de garantías Óscar Delgado, quien ya decretó la prisión de Marcelo Noguera y Celso Alvarenga. El primero guardará reclusión en el departamento de Investigación de Delitos durante diez días, mientras que el segundo guarda reclusión en el penal de Emboscada.
El viernes último también se decretó la prisión del expresidente Fabio Martínez. El peligro de fuga y de obstrucción a la investigación fueron los factores determinantes para la imposición de la medida restrictiva de libertad.
En tribunales, Alvarenga no quiso hablar con la prensa. Lo hizo en su representación su abogado Florencio Oliva, quien sostuvo que su cliente era un simple funcionario administrativo y nunca participó en el manejo del dinero. A su vez, el defensor de Alvarenga dijo que recién solicitó copia del expediente y una vez que se interiorice de la imputación, hablará al respecto.
Acumulan denuncias
La Asociación de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial nuclea a funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa Pública y de la Justicia Electoral, varios de los cuales han presentado denuncias ante la fiscalía. Precisamente a raíz de dichas denuncias, las fiscalas Teresa Sosa y Alejandra Savorgnan allanaron la sede de la entidad, ubicada a media cuadra del Palacio de Justicia. Posteriormente, estas denuncias fueron acumuladas a la presentada por la actual comisión directiva de la Aso, cuyo titular es Jorge Recalde.
Primer caso
Este escándalo se desata a 18 años de otro similar, que concluyó con la condena de la entonces presidenta de la Aso, María Elena Caprarulo, a 3 años de cárcel. En aquel entonces, el perjuicio fue estimado en unos G. 500 millones.
Deuda total podría llegar a los 10.000 millones de guaraníes
El actual presidente de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, Jorge Recalde, estima que la deuda de la entidad con distintas casas comerciales y crediticias estaría entre 8 y 10.000 millones de guaraníes, pero únicamente con una pericia se podrá determinar con exactitud el perjuicio. Actualmente, los nuevos directivos están abocados a determinar la situación de cada socio y realizar un levantamiento de datos para establecer el perjuicio real.
“Por de pronto entre los reclamos de las casas comerciales a la fecha, hemos alcanzado el monto de G. 6.500 millones de deuda. Faltan algunas casas importantes, financieras, cuyos reclamos orillan entre G. 300 y 400 millones cada uno. Alcanzaríamos los 7.000 u 8.000 millones de guaraníes de deuda de los préstamos por órdenes de compra de los socios. A más de eso tenemos la hipoteca que sufrió nuestro bien inmueble en Ñemby por un crédito de G. 2.500 millones que no hemos encontrado documentaciones referentes al ingreso en la Aso y el destino de ese monto. La magnitud de lo defraudado aparentemente rondaría los G. 8.000 a 10.000 millones”, indicó.
Recalde comentó que se encontró con créditos realizados para la refacción de la sede de Ñemby, pero no han encontrado indicio de obra alguna. Por esta razón, solicitó a la fiscalía la realización de las averiguaciones correspondientes.
También comentó que además del no pago de cuotas pese a los descuentos correspondientes de los sueldos, han constatado que muchos pagarés de cuentas abonadas fueron utilizados para refinanciar otros préstamos, sin el consentimiento de los socios.
“Nosotros no vamos a descontar a ningún socio mientras no estemos al tanto de la situación particular de cada socio”, afirmó, y resaltó que una de las primeras medidas dispuestas fue el cese de los descuentos. Actualmente, hay un pedido de intervención judicial ante el juez Miguel Ángel Rodas.
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