Cargando...
El 23 de marzo de 2010, el entonces procurador general, Enrique García, promovió una demanda de nulidad de acto jurídico contra Eugenio Sanabria Cantero. Alegó que el expresidente del Partido Colorado no podía ser beneficiario de la reforma agraria para quedarse con la finca 10.245, de unas 25.000 hectáreas.
El 30 de marzo de 2010, la acción fue ampliada contra la escribana Esteche, porque ante la misma se hizo una transferencia del mismo inmueble. Incluso se denunció la producción de documentos públicos de contenido falso y el hecho fue investigado por el Ministerio Público, ante la denuncia que hizo la Dirección de Registros Públicos.
García explicó en su escrito ante la justicia que a nombre del Instituto Paraguayo del Indígena se encuentra inscripto el inmueble individualizado como Finca N° 10.245, con padrón número 307 del distrito de Nueva Asunción, departamento de Nueva Asunción. El título de propiedad fue expedido en ese entonces por el IBR a nombre de Eugenio Sanabria Cantero y lleva el número 116.181.
“Luego de averiguaciones nos informamos de que a través de una maniobra fraudulenta, el señor Julio Gómez Durañona adquirió supuestamente el inmueble individualizado como finca 10.104, con padrón 307, del señor Ernst Nikolaus Meiser y la señora Anne Gutermann de Meiser. La compra supuestamente se formalizó por escritura pública número 14 del 23 de marzo de 1988, pasada ante el escribano J. Ranulfo Pérez”, apuntó el entonces procurador general.
“El inmueble cuyo supuesto titular es Julio Bernardino Gómez Durañona es la misma propiedad que tuvo su origen en el entonces IBR, cuya nulidad se solicita en el principal. Los que produjeron el documento de contenido falso le cambiaron el número de finca, haciendo desaparecer de la Dirección de Registros Públicos, el libro finquero en donde estuvo asentada la propiedad que fue de Sanabria Cantero”, agregó.
Las maniobras se extendieron en el Indert y la Dirección de Catastro, en donde pudieron agregar sobreborrando el número de finca matriz, la 10.245 por el número 10.104 a nombre supuesto de Eugenio Sanabria Cantero.
Sin embargo, la maniobra no se pudo hacer en forma perfecta, porque los involucrados se olvidaron del libro de registro de beneficiarios del Indert, así como del sistema de microfilm, con que cuenta la Dirección de Registros Públicos, en donde se encuentra intacto que la finca que correspondió a Sanabria Cantero fue la 10.245 y no la 10.104, tal como pretendieron confundir, explicó García al juez Miguel Ángel Rodas, que tiene ahora a su cargo el caso.
En el año 2003 apareció un contrato privado de compraventa de inmueble que se realizó supuestamente el 14 de marzo de 1999, entre Julio Gómez Durañona y Cipriano Mendoza Barreto. Este, a fin de acceder a la firma de la escritura pública de transferencia del inmueble por parte de Gómez Durañona inició una demanda sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública, ante el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de Luque, a cargo de Juvencio Torres. Gómez Durañona se allanó a la demanda.
En el juicio hubo una sentencia condenatoria en el sentido de obligársele a Gómez Durañona a formalizar la escritura de transferencia a nombre de Mendoza Barreto. Sin embargo, ante la supuesta negativa del mismo, luego de la intimación, el juzgado se encargó de suscribir la escritura pública número 22 del 15 de julio de 2009, pasada ante la escribana Justina Maribel Esteche Bareiro.
Luego de haberse cumplido supuestamente con los requisitos para la formalización de la escritura pública, tales como certificado catastral e informe de condiciones de dominio, se suspendió la inscripción en la Dirección General de Registros Públicos, en donde, recién en ese momento, se percataron de que la finca contaba con problemas y de que ha sido objeto de investigación fiscal inclusive, por la denuncia que realizó la directora de la referida dependencia.
Luego de la suspensión de la inscripción se pudo constatar que el certificado catastral expedido para la transferencia del inmueble por orden judicial, es de contenido falso. Este hecho punible fue comunicado al Ministerio Público que abrió una investigación penal, de acuerdo a los antecedentes.
Llamativamente, ante la misma escribana Esteche se realizó la transferencia de las 25.000 hectáreas, a Julia Beatriz Vargas Meza, quien pagó por el valioso inmueble la suma de G. 1.250 millones. Es decir, solo a G. 50.000 la hectárea.
Sobre la finca pesaba una medida de no innovar, que el 1 de noviembre fue levantada por el juez Hugo Bécker, quien tiene a su cargo la demanda de nulidad que promovió en su momento Sanabria Cantero. Este quería anular la venta de las 25.000 hectáreas al Indert en 1996, durante la gestión de Valentín Gamarra.
La inscripción del inmueble, que hasta el 15 de noviembre de 2012, estuvo a nombre del Indi, en los Registros Públicos, se hizo la fecha indicada más arriba.
Existen dos fechas de transferencia del inmueble. La primera del 2 de noviembre y la segunda del 15. En el documento del 2, la escribana Esteche hace constar que el presidente del Indi, Rubén Quesnel, se compromete a levantar en Registros Públicos la medida de no innovar.
Quesnel luego de las críticas y las publicaciones revocó la resolución de venta que carece de efectos jurídicos. Es decir, la propiedad sigue inscripta a nombre de Julia Beatriz Vargas Meza, quien solo sería una prestanombre ya que no tiene la capacidad económica para pagar G. 1.250 millones por la finca, según la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Pese a sospechas de negociado, Quesnel sigue en el cargo. Hay silencio cómplice del Ejecutivo.
Se indaga daño patrimonial
El 2 de abril del año pasado, Quesnel vendió la propiedad a Julia Beatriz Vargas Meza. La transferencia del inmueble se hizo en G. 1.250 millones (G. 50.000 la hectárea) ante la escribana Maribel Esteche Bareiro.
Sin embargo, en esta fecha el inmueble no se podía inscribir a nombre del Indi en los Registros Públicos, en donde pesaba una medida de no innovar sobre la finca 10.245. La medida cautelar fue levanta el 1 de noviembre por el juez Hugo Bécker, quien tiene a su cargo una demanda de nulidad que promovió Eugenio Sanabria Cantero, que era el dueño anterior del inmueble, que el Indi ya compró en 1996 por G. 1.250 millones.
En la referida escritura, el titular del Indi, Rubén Quesnel, se comprometió a levantar la medida cautelar.
El 15 de noviembre se levantó la prohibición de innovar y esa fecha la escribana Esteche ingresó los documentos a Registros para formalizar la escritura de transferencia a favor de Julia Beatriz Vargas Meza.
La finca tendría un valor muy superior, por lo que el perjuicio al patrimonio del Estado sería colosal, lo cual es indagado por la fiscala Alba Delvalle, quien impulsa las diligencias.
Se habla hasta de una confabulación de la Procuraduría (que ya comenzó en la era de Fernando Lugo), para hacer aparecer que el inmueble tenía problemas judiciales y así justificar la alevosa subfacturación de la finca.
En el expediente que se tramitó ante el juez civil Hugo Bécker ya saltan varios indicios de que la venta habría sido amañada.
Bécker tenía a su cargo una demanda de nulidad de acto jurídico, que promovió Eugenio Sanabria Cantero, quien había adquirido del entonces IBR, durante la dictadura, la valiosa finca.
Sanabria Cantero alegó que fue engañado por Ernst Nikolaus Meiser, a quien le vendió el inmueble para un tercero y una vez transferida la finca al propietario final, le pagaría la suma de G. 150 millones.
Meiser falleció y sus herederos le dieron poder a una persona que finalmente vendió la propiedad al Indi en G. 1.250 millones.
A partir de entonces, la finca quedó registrada a nombre del Indi, según informó Registros Públicos.
Sin embargo, en la demanda de Sanabria Cantero se dictó como medida de urgencia la prohibición de innovar sobre la tierra.
En agosto de 2010, el juez Bécker rechazó la demanda contra Sanabria Cantero.
El 1 de noviembre de 2012, el magistrado levantó la prohibición de innovar, y el 2 el inmueble ya fue vendido a Julia Vargas Meza.
También había otra acción que promovió la Procuraduría ante la jueza en lo civil María Angélica Calvo, que también es esencial en la investigación penal y que ratificaría las maniobras para despojar al Indi nada menos que de 25.000 hectáreas.
La fiscala Delvalle ya solicitó copia autenticada de los expedientes civiles, así también a la Procuraduría y el Indi para que remitan los antecedentes.
En la investigación también se incluyó si la compradora, Julia Beatriz, tiene la capacidad económica para comprar la finca. Los informes evidencian que la mujer no tiene la solvencia económica para pagar el monto millonario y es por eso se sospecha que es solo una prestanombre.
Contra Sanabria Cantero
El 23 de marzo de 2010, el entonces procurador general Enrique García promovió una demanda de nulidad de acto jurídico, cancelación de inscripción en la Dirección de Registros Públicos y reivindicación de inmueble contra el Indert, Eugenio Sanabria Cantero y el Indi.
En el escrito, se apuntó que el Indi es la actual propietaria de la finca 10.245 con padrón 307 del distrito de Nueva Asunción, Departamento de Nueva Asunción.
Se explica que Sanabria Cantero fue adjudicado por el entonces IBR, en diciembre de 1983. El inmueble de 25.000 hectáreas se otorgó al expresidente del Partido Colorado, a cambio de la transferencia de la finca 2/81 del distrito de Yhú, de una superficie de 15.000 hectáreas a favor del Indert. En la propiedad se habilitaron las colonias Tecoyoyá, Curupicay y San Blas, en el distrito de Yhú.
“Es así que Eugenio Sanabria Cantero fue adjudicado con una fracción fiscal (lote ganadero) de 25.000 hectáreas, en concepto de compensación prevista en la Resolución del Indert a razón de G. 1.200 la hectárea. El monto total de la operación fue la suma de G. 30.000.000 por las 25.000 hectáreas en el Chaco”, apuntó la Procuraduría.
“Estamos convencidos de que el inmueble fue entregado en el concepto mencionado (compensación). Es decir la permuta de la finca 2/81 de Yhu, se le ha adjudicado a Sanabria Cantero, sin que el mismo sea beneficiario de la reforma agraria, conforme lo establecía la Ley 854/63 de ese entonces”, afirmó la Procuraduría.
Sanabria Cantero, el 19 de noviembre de 1987, por escritura pública pasada ante el escribano Julio Manuel Sosa, transfirió el inmueble de 25.000 hectáreas al señor Ernts Nicolaus Meiser, habiendo recibido la autorización de transferencia por Resolución del Consejo del IBR el 16 de setiembre de 1987.
Luego del fallecimiento de Meiser, en virtud del poder especial número 299 del 12 de julio de 1996, otorgado por Friedrich Hockeler a favor de Blanca Gregoria Rodríguez Alderete, esta en su nombre y representación transfirió el inmueble a favor del Indi por la suma de G. 1.250 millones. La escritura de transferencia se formalizó cuando Valentin Gamarra era titular del Indi. Es decir, que a partir de dicha fecha el inmueble se encuentra inscripto a nombre del Indi, según reconoció la propia Procuraduría General.
cbenítez@abc.com.py