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El exjefe de Orden y Seguridad de Central José Dolores Amarilla, el extitular de la comisaría de Ñemby Osvaldo Ayala y el exsubjefe de esa unidad Joni Díaz fueron condenados a 15 años de cárcel que deberán cumplirla en la Agrupación Especializada.
Mientras que el oficial primero Hernán Zelaya Meza, el suboficial primero Pablo Daniel Díaz Cuevas, el suboficial mayor Antonio Ramón Alcaraz Barreto, el suboficial Hugo Alfredo Vigneaux Torres y el oficial primero David Mereles Martínez fueron condenados a 10 años de prisión.
El fallo fue dictado por el tribunal presidido por la jueza Dina Marchuk e integrado por los jueces Daniel Ledesma y Julio César Granada.
El tribunal dividió esta historia en tres etapas: la primera el robo del dinero cometido por el chofer de Prosegur Carlos González Mallorquín que se registró el 21 de febrero de 2013. La segunda, dos días después cuando oficiales de rango medio vuelven a robar el dinero; y la tercera cuando los oficiales superiores despojan del dinero a los subordinados.
El dinero robado había sido llevado por Carlos González a la casa de su padre Basilio González, en Pa’i Ñu de Ñemby.
En las primeras horas del 21 de febrero pasado, el oficial Hernán Zelaya, quien ese momento prestaba servicio en la comisaría 5ª metropolitana se comunicó con el suboficial Hugo Vigneaux de la comisaría 7ª Central con sede en Ñemby.
Zelaya le manifestó al policía que en el barrio Pa’i Ñu estaba el dinero robado, específicamente en la casa de Basilio González, padre del chofer de Prosegur.
La información la recibió de un amigo que es vecino de ese lugar.
Una hora después se encontraron en la comisaría de Ñemby.
Allí armaron un grupo con el oficial Yoni Mereles y los suboficiales Antonio Alcaraz y Pablo Díaz, todos de esa unidad policial.
A las 2:30 aproximadamente, los policías irrumpieron en la casa de la familia González Mallorquín, con sus respectivas armas de fuego en la cintura.
Antes de salir de la casa, los policías amenazaron a Basilio González, mostrando las armas de fuego que portaban en la cintura y le exigieron así que no contara nada de lo ocurrido.
Luego subieron a la patrullera de la comisaría 7ª de Ñemby y a otro vehículo particular en el que llegaron al lugar, donde se repartieron el dinero.
Del monto robado, la acusación fiscal solo hace referencia que Vigneaux dejó la suma de G. 90 millones en la casa de su hermana.
Dos días después, en hora de la siesta, el comisario Joni Díaz comentó al jefe de comisaría, Osvaldo Ayala, que tenía conocimiento de que se realizó un procedimiento irregular.
Fue así que a Vigneaux lo trajeron desde la sede social de la cooperativa de Ñemby, donde hacía guardia y lo llevaron hasta el dormitorio de Díaz, en donde también estaba el comisario Ayala.
Vigneaux reveló que el dinero lo llevó a la casa de la hermana.
Paralelamente, por orden de Díaz, el suboficial Gustavo Cabañas retiró del poder de Zelaya una mochila que contenía varios fajos de billetes de G. 100.000.
Sin orden judicial Díaz irrumpió en la casa de la hermana de Vigneaux y tomó el dinero.
El oficial Luis Núñez, quien participó de ese operativo, declaró que quiso labrar acta del procedimiento, pero que Díaz le ordenó que no escriba nada.
El 23 de febrero, a las 19:00, Amarilla se constituyó en esa misma sede policial y para la justicia fue el momento de la repartija final.
En el juicio se presentó un informe de cruces telefónicos en el que se establece que ese día hubo 43 comunicaciones telefónicas entre Amarilla, Ayala y Díaz.
El caso se conoció cuando el oficial Núñez fue y denunció el hecho al entonces jefe de investigación de Delitos, Juan Pino.
Voto en disidencia
El juez Daniel Ledesma votó en disidencia en cuanto a la aplicación de la figura penal de lavado de dinero.
Señaló que para que se cometa lavado de dinero, la plata robada debe ingresar al circuito financiero, lo que equivale a la compra de un objeto o algún tipo de inversión.
Indicó que en este caso no se demostró que la plata haya sido utilizada.
Es más, ni siquiera se sabe qué se hizo con la plata porque nunca se encontró, destacó el magistrado.
Condena ejemplar, dice fiscala
“En principio queremos destacar el trabajo realizado durante todo el proceso por los fiscales de la causa, quienes fueron recusados. Presentamos una acusación que contenía todos los elementos que comprobaban la responsabilidad los acusados”, refirió la fiscala Gladys González quien participó del juicio junto a su colega Yolanda Morel.
Añadió: “Felizmente el tribunal valoró cada una de las pruebas que expusimos. Es una condena ejemplar para quienes tienen el deber de brindar seguridad a la ciudadanía. Estamos muy contentas por el resultado del trabajo”, refirió la fiscala González.
El caso denominado Prosegur fue llevado hasta el estrado judicial por los fiscales Blanca Agüero, Nelson Ruiz, Augusto Salas y Luis Said, quienes fueron impugnados durante el juicio oral y público.
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