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El diputado liberal electo para el Parlamento del Mercosur empezó a utilizar su calidad de tal para dilatar su juicio oral y público por lesión de confianza sin siquiera jurar como miembro de ese órgano internacional.
El legislador planteó una excepción de falta de acción para evitar el juicio oral y público fijado para la semana pasada, por el negociado de la compra de 5.000 hectáreas de tierras de la firma San Agustín SA, vinculada al senador Jorge Oviedo Matto.
El desfalco de unos G. 48.000 millones se concretó en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) durante la gestión del también liberal Luis Ortigoza.
Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción René Fernández y Nelson Ruiz pidieron el rechazo de la excepción.
Los investigadores alegaron que, en primer lugar, Duré no poseía tales fueros cuando presentó el pedido y que recién desde el 1 de julio asumiría como parlasuriano.
Además, volvieron a fundamentar que los legisladores tienen inmunidad de palabra y fueros parlamentarios en el recinto donde deliberan, y no para las causas de acción penal pública.
No resuelta
La excepción de falta de acción que presentó el diputado liberal Pedro Milciades Duré no pudo ser resuelta por el tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Pablo Mendoza, Laura Ocampo y Jesús Riera porque resultó recusado en pleno por otro de los implicados, Luis Ortigoza, extitular del Indert.
De esta forma, se dilata la resolución de esta excepción y es una brillante ocasión para que la justicia defina que los políticos son desaforados para un proceso específico y que el hecho de que accedan a un nuevo periodo parlamentario, no vuelve la inmunidad para esa causa penal.
Duré y su conocido “favor”
El diputado liberal Milciades Duré consiguió congelar su juicio oral y público durante más de un año y medio, con una “manito” de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Fue poco después de haber votado en contra de su propia bancada para enviar a la comisión el proyecto de la enmienda constitucional para la reelección del presidente de la República Horacio Cartes, cuando todavía aspiraba al rekutu.
La ayuda quedó en evidencia cuando el 8 de noviembre de 2016, la Corte Suprema admitió una inconstitucionalidad promovida por el parlamentario, con lo que se tuvo que suspender el juzgamiento.
El favor fue muy burdo porque el mismo día en que estaba marcado el inicio del juicio oral, los ministros Antonio Fretes, Miryam Peña y Miguel Óscar Bajac decidieron dar trámite a una acción que presentó el parlamentario en mayo de este año.
Los miembros del alto tribunal pidieron el expediente principal al Tribunal de Sentencia seis meses después de la presentación de la acción, con lo que se suspendió la audiencia pública.
Esto bastó para que el juzgamiento no se desarrolle durante un año y medio, pese a infructuosas fijaciones de los jueces Juan Pablo Mendoza, Laura Ocampo y Jesús Riera.
El tribunal, hace unos días, resolvió realizar el juicio oral con las compulsas del expediente (copia), pero la defensa de Luis Ortigoza, extitular del Indert objetó esto y finalmente recusó a los tres magistrados.
Lo que es totalmente evidente es la complicidad de la Corte para seguir reteniendo el expediente original.
Lo hace porque el planteamiento es improcedente porque se trata de una mera chicana debido a que el diputado recurrió la resolución de elevación a juicio oral, que es inapelable, según la ley.
El liberal objeta que la Cámara de Apelaciones, Segunda Sala, rechazó su apelación contra la disposición del juez Rubén Riquelme, que en la audiencia preliminar admitió a la Fiscalía pruebas documentales proveidas por el Indert.
“Refugio” de procesados
El Parlamento del Mercosur (Parlasur) se transformó en nuestro país en un “refugio” de procesados.
En el periodo anterior, fue beneficiado un parlamentario porque el Parlasur no realiza sesiones y, por ende, no trata pedidos de desafueros.
Se trata del liberal Enmanuel Friedmann, quien está incluido en el mismo proceso de Milciades Duré por el negociado de tierras del Indert.
El pedido de desafuero del juez Rubén Riquelme, a pedido del Ministerio Público, data de agosto de 2013 y nunca fue tratado.
El proceso se inició en abril de ese mismo año, cuando Friedmann todavía no poseía la inmunidad, pero su defensa se encargó de chicanear desde el inicio hasta que finalmente el parlamentario utilizó sus fueros para estar al margen de la justicia.
Enmanuel terminó su periodo en el Parlasur, y ahora el proceso puede seguir con relación a él.
En la misma situación de Milciades Duré, puede estar el senador liberal Enzo Cardozo, quien accedió a un cupo en el Parlasur en las pasadas elecciones.
El exministro de agricultura y ganadería tiene mucho que dilatar porque soporta dos acusaciones por lesión de confianza. Cardozo evitó hasta ahora que se realicen sus audiencias preliminares en los casos de desvíos de G. 68.000 millones y de G. 3.100 millones, en programas de desarrollo de pequeños productores.
Dilatado proceso
En abril de 2013, se inició el proceso penal contra el diputado liberal Pedro Milciades Duré por la compra irregular de tierras que hizo el Indert a la empresa San Agustín SA, ligada al también senador Jorge Oviedo Matto. Desde ese entonces, y cinco años después, los procesados evitan el juzgamiento con todo tipo de chicanas. La justicia debe definir el desvío de nada menos que G. 48.000 millones con esta transacción.
Favor por favor
El diputado Milciades Duré fue beneficiado el 8 de noviembre de 2016, cuando la Corte pidió el expediente principal de su causa y se truncó por más de un año y medio el juicio. El alto tribunal dio curso a una acción seis meses después de su presentación y luego de poco tiempo de que Duré votara en contra de su propia bancada para enviar a la comisión el proyecto de la enmienda constitucional para la reelección del presidente Horacio Cartes.
Fueros que no poseía
El 22 de junio pasado, el tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Pablo Mendoza, Laura Ocampo y Jesús Riera suspendió el juicio oral al ser recusado en pleno y antes de resolver una excepción de falta de acción de la defensa de Milciades Duré, que alegó que poseía fueros sin siquiera haber jurado todavía como parlasuriano. Ahora se discutirá si realmente hace falta volver a despojarlo de esa inmunidad.
Se dan groseras chicanas
El proceso por la irregular compra de tierras se inició en abril de 2013, y a más de cinco años, se dan groseras chicanas que impiden la realización del juicio oral y público. El 22 de junio pasado, el extitular del Indert Luis Ortigoza recusó al pleno del tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Pablo Mendoza, Laura Ocampo y Jesús Riera, porque estos, al no tener el expediente principal por estar en la Sala Constitucional de la Corte, iban a realizar el dilatado juzgamiento con compulsas.
Ortigoza no quiere que la justicia se expida en ninguno de sus procesos. Él estuvo al frente del Indert por menos de un año, y soporta tres acusaciones, aparte de la de San Agustín.
Otro de sus procesos tiene que ver con la venta irregular de 52.000 hectáreas en Alto Paraguay que derivó en un desfalco de G. 15.381.715.000. Además, está acusado por la venta tierras de la Reserva del Mbaracayú (perjuicio de G. 40.000 millones) y también por la adjudicación a un ciudadano árabe de un lote de 10 hectáreas que correspondía al aeropuerto de Capitán Bado. Ali Hatem pagó apenas G. 5.119.323 por las 10 hectáreas, que valían mucho más.
“Desafueros son por casos”
El diputado colorado Ramón Romero Roa, presidente saliente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, fue categórico al decir que los desafueros de parlamentarios son por casos, y que no es necesario un nuevo estudio si el legislador accede a un nuevo periodo parlamentario. Para Romero, es “innecesario” siquiera entrar a discutir esta situación.
“El desafuero se da por cada caso específico de hechos investigados, que el juzgado solicita y nosotros de hecho tenemos que llevar al pleno para ver la procedencia o no del pedido del juzgado y una vez que se resuelva eso favorablemente, durante todo el proceso ya el juzgado ya no necesita volver a pedir aunque sea en otro periodo parlamentario porque se trata del mismo hecho y de la misma persona investigada”.
Romero Roa fue contundente al decir que ni siquiera se puede entrar a discutir un segundo pedido, por el mismo proceso.
“Para mí, ni siquiera vale una discusión; es bastante claro. En cuanto al proceso, el juzgado tiene la amplia libertad de proseguir inclusive si es reelecto (el legislador), y si no lo es, con mayor razón”, especificó el diputado colorado.
Pese a esta interpretación, el diputado liberal Milciades Duré pretende ser beneficiado con fueros parlasurianos mal utilizados como “blindaje”.
Caso Tomás Rivas
Sobre el caso del diputado cartista reelecto por Paraguarí, Tomás Rivas, imputado por el caso de planillerismo en Diputados de sus tres empleados particulares, Ramón Romero Roa justificó la falta de expedición sobre la procedencia de su desafuero, con una apelación del oficio del juez Rubén Riquelme. “El dictamen sobre la procedencia o no del pedido de desafuero está temporalmente sin estudio porque se nos remitió un oficio del juzgado donde nos comunicaron que el afectado apeló la disposición del juzgado donde se solicitó el desafuero y está en estudio en la Cámara de Apelaciones. Estamos esperando las resultas para proseguir con eso, pero solamente necesitaríamos la comunicación del juzgado sobre que se ha resuelto eso y en qué forma se resolvió. Si es que la Cámara de Apelaciones rechaza, ahí nosotros tenemos todas la facultad para dictaminar la procedencia o no”, explicó el legislador.
Precisó también que es diferente del caso de Carlos Portillo, procesado por tráfico de influencias y soborno, porque pidió nulidad de su imputación luego de ser desaforado.
“No puede volver a ampararse”
El abogado Ricardo Preda, exdirector de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, indicó que un parlamentario no puede volver a ampararse en fueros sobrevenidos de un nuevo periodo legislativo, cuando ya fue desaforado para un proceso.
Para llegar a esta conclusión, el profesional esboza necesariamente el significado y alcance del fuero, según lo entendieron los constituyentes al elaborar el artículo 191 de la Carta Magna y, a partir de esa información, determina su incidencia en la persecución penal.
“Al respecto, nuestra legislación adopta la triple inmunidad parlamentaria, la cual consiste en: 1) inmunidad de opinión; 2) inmunidad de arresto; y, 3) inmunidad de proceso o enjuiciamiento.
Estas inmunidades no son permanentes, ya que, una vez que el parlamentario cesa en sus funciones, dichas inmunidades también terminan. Tampoco son absolutas, ni personales, puesto que la inmunidad es institucional, es decir, el privilegio se concede a la institución y no al individuo en razón de su persona, sino como miembro de dicho cuerpo colegiado”, indica sobre los alcances de las inmunidades.
Con relación a los fueros de un procesado, Preda precisa que lo que interesa del artículo citado es la tercera inmunidad, la del proceso o enjuiciamiento, la cual no es absoluta, puesto que en el caso de que prospere el desafuero, el legislador podrá ser puesto –y solo así– a disposición de la justicia.
“Su fin es evitar que se formen causas penales infundadas contra un legislador y, de esa manera, influir en él para la toma de decisiones. Si el objetivo es ese, entonces, la formación de un proceso penal requerirá únicamente de un desafuero. En caso de ser concedido por la Cámara respectiva, se halla expedita la vía para continuar el proceso. Por tanto, si existe un nuevo periodo parlamentario, ya no será necesario otro desafuero”.
El abogado va más allá, y afirma inclusive que si una persona es procesada formalmente antes de adquirir los fueros, tampoco deberá solicitarse en el futuro un desafuero.
“En conclusión, un sujeto que ya tiene un proceso penal –sea previo desafuero o porque antes no tenía fueros– no podrá ampararse en un fuero sobreviniente. Sostener lo contrario implicaría que el fuero es un privilegio personal, interpretación que no se ajusta a la Constitución ni a la doctrina que informa sobre este asunto”, puntualiza el entrevistado.
griselda@abc.com.py