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Se trata de un ente autárquico con personería jurídica de derecho público, cuyo objetivo es reforzar y colaborar con la protección de las personas privadas de su libertad, para evitar todo tipo de penas prohibidas por nuestra legislación y las normas internacionales vigentes en la materia.
Para el cumplimiento de su cometido, el MNP actuará a través de la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura, así como de los escabinos, funcionarios técnicos permanentes o temporales y demás funcionarios afectados por la Comisión Nacional para cumplir funciones específicas.
Control a centros de reclusión
La Comisión tendrá amplias atribuciones para intervenir penitenciarias u otros establecimientos similares; centros educativos para adolescentes infractores; establecimientos policiales, militares o educativos que cumplen funciones similares; establecimientos de internación de personas con discapacidades físicas o mentales, adicciones o con capacidades diferentes; hogares de abrigos de niños/as y adolescentes, mayores de edad y adultos mayores; unidades móviles de detención, y lugares de tránsito de inmigrantes.
“La idea del enfoque que tiene el protocolo facultativo es justamente de prevenir. En la medida en que se examina la privación de libertad, toda persona que está recluida y, por sobre todo, en aquellos sitios donde hay denuncia de que se está torturando, entonces el Mecanismo Nacional de Prevención actúa a través de la comisión, que es su institución ejecutiva, el mecanismo como el Poder Judicial y, en este caso, la Corte Suprema sería la comisión, el órgano ejecutivo que es el encargado de establecer planificaciones estratégicas y examinar a través de visitas sorpresivas diferentes a sitios en todo el territorio”, explicó el juez de garantías Pedro Mayor Martínez, miembro del Órgano Selector.
Identificar y explicar las causas de las torturas que aún persisten en el país y que pueden ser estructurales, sociales, económicas, por falta de educación, entre otros, con vistas a sugerir la implementación de medidas para su erradicación, son el principal objetivo de dicha comisión.
REQUISITOS PARA INTEGRAR LA COMISIÓN
La Comisión Nacional estará compuesta por seis miembros titulares y tres suplentes, cuya selección está a cargo del Órgano Selector, integrado por representantes del Estado y de la sociedad civil.
La conformación del Órgano Selector es la siguiente: Abog. Carlos María Aquino, designado por el Ejecutivo; Abog. Alejandra González Riobóo, por el Poder Legislativo y el Dr. Pedro Juan Mayor Martínez, por el Poder Judicial. Los profesionales electos por las 24 ONG son el abogado Dionisio Gauto, sociólogo José Carlos Rodríguez y la periodista Mariela González Caballero.
La Ley Nº 4288 (art. 14) establece los siguientes requisitos: tener nacionalidad paraguaya; residir en el país; ser mayor de 30 años; estar habilitado para ejercer funciones públicas; tener experiencia en las áreas que hagan al cumplimiento del Protocolo; tener reconocidos méritos en la defensa de los derechos humanos, además de una notoria honorabilidad y no poseer antecedentes.
El formulario está disponible para los interesados en la página web del Senado (www.senado.gov.py/mnp) y las carpetas deben ser entregadas en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, de 08:00 a 12:30.
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