Cargando...
En su imputación, el agente de Delitos Económicos y anticorrupción atribuyó al auxiliar de la asesoría jurídica de nombre Rodolfo Duarte la no presentación de una nulidad del fallo contrario a los intereses de la comuna capitalina.
Al contralor general José Enrique García Ávalos y a otro imputado Julio González Giménez, les adjudica la utilización de un documento no auténtico debido a que existen sospechas de que contenía un cargo de recepción que no provino de ningún funcionario del Tribunal de Apelaciones.
Según los datos, el 6 de octubre de 2016 el entonces director jurídico de la Municipalidad de Asunción, Enrique García, habría dejado a cargo del funcionario inferior la presentación de la apelación. Se agrega que García, al percatarse de que el sello y la firma pertenecía a funcionarios de la Primera Sala de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y no a la Quinta Sala que era donde debió haberse presentado, cinco días después, el 11 de octubre de 2016, el mismo funcionario (Rodolfo Duarte) presentó un pedido de acumulación de causa en esa sala. El escrito estuvo firmado por el hoy contralor y Julio González Giménez.
Debido a esta situación, la actuaria de la Quinta Sala solicitó informe a su colega de la Primera Sala sobre el supuesto recurso de nulidad planteado y la contestación fue negativa, debido a que ni en ese lugar ni en ninguna otra sala del Tribunal de Apelación del fuero Civil y Comercial, se encontró el escrito. Como consecuencia de esto, la Quinta Sala rechazó el pedido de acumulación de causa.
Las irregularidades fueron corroboradas con pericias caligráficas a 21 funcionarios de distintas salas del Tribunal de Apelación, y se concluyó la adulteración de firma y sello de la supuesta apelación de la comuna.
En otro punto de su imputación, el fiscal Leonardi Guerrero dice que García simplemente se limitó a encomendar la tarea de presentar un escrito el último día de vencimiento, a un auxiliar de la asesoría jurídica que estaba a su cargo.
Árbitro de Comuna, en contra
El 18 de agosto de 2016 el tribunal arbitral compuesto por Manuel Riera (propuesto por la Municipalidad de Asunción), Édgar Rifler (Ivesur) y Raúl Sapena (neutral y disidente) falló en contra de la comuna capitalina tras más de cinco años de impasses con la empresa Ivesur, que ganó así la indemnización de US$ 3.600.000.
La posición de la propia Municipalidad fue muy criticada debido a que el árbitro que propuso, Manuel Riera, falló en contra de los intereses de la comuna.
El mencionado abogado concordó con su colega Édgar Rifler (propuesto por Ivesur) e hizo lugar a la existencia de una supuesta “caja paralela” que, siempre según el fallo, permitía que existan vehículos sin inspección técnica vehicular, pero con habilitación de la Comuna.
Los mismos no tuvieron en cuenta que existen vehículos de excombatientes (o herederos), taxis y del Estado paraguayo que no requieren de ITV para ser habilitados y que son exonerados de esa obligación.
El árbitro neutral, sin embargo, falló a favor de la Municipalidad. Raúl Sapena dijo que llamaba la atención que la firma no rescindió el contrato con la Comuna ya que pese al evidente incumplimiento del acuerdo siguió por cinco años para luego reclamar la millonaria indemnización.