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Lula recibió conoció su primera condena a principios de este año. Fue hallado culpable y sentenciado a 12 años y seis meses de prisión por soborno y lavado de dinero.
Según un Tribunal de Brasil, a cambio de facilitar contratos a la empresa OAS en la petrolera estatal Petrobras, el exgobernante fue beneficiado con un departamento en la ciudad veraniega de Guarujá, ubicado en el estado de São Paulo.
El fundador del Partido de los Trabajadores (PT) se declara inocente y asegura que los procesos forman parte de un complot en su contra.
Pero una eventual condena en un segundo proceso, y por el que fue citado la semana pasada a declarar por la jueza Gabriela Hardt, le podría significar el fin de su carrera política y posiblemente la agrupación fundada por él: el Partido de los Trabajadores.
La magistrada sustituye provisionalmente a Sergio Moro en el caso Lava Jato después de que el magistrado aceptara ser el futuro ministro de Justicia del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro.
En este caso, las autoridades buscan aclarar las millonarias reformas realizadas por las constructoras OAS y Odebrecht, salpicadas por corrupción, en una casa de campo en la ciudad de Atibaia, en São Paulo, y que era utilizada por Lula y su familia.
Las autoridades investigan si el verdadero propietario es el exjefe de Estado. El inmueble figura a nombre de un viejo amigo de Lula, el empresario brasileño Fernando Bittar, quien le habría facilitado temporalmente la casa en 2010. Pero la Fiscalía sospecha que es solo un “prestanombre”.
Por su parte, los exejecutivos de las constructoras Odebrecht y OAS aseguraron a la Justicia que financiaron las reformas en la casa de campo en Atibaia.
El fallo se conocería después de la feria judicial de fin de año.
La operación Lava Jato inició en 2014 como una investigación común sobre el mercado paralelo de cambio en una red de gasolineras. Pero a medida que desarrollaban las investigaciones se convirtió en una “amenaza” para todos los políticos y empresarios de Brasil involucrados en el fraude multimillonario a la estatal Petrobras.
Los casos llegaron a instancias decisivas gracias a la independencia de los poderes, especialmente el judicial que se mostró sólida ante los más poderosos y considerados intocables.
Otros procesos y sus instancias
Lula enfrenta otros procesos, por corrupción pasiva, tráfico de influencias, lavado de activos o formación de organización criminal.
Instituto Lula. Cargos: Negociar con Odebrecht un soborno de 12 millones de reales para comprar un terreno para erigir el instituto que divulga su legado. La transferencia no se concretó, pero la fiscalía afirma que el delito se consumó con la mera aceptación del soborno. Está acusado en la misma causa de recibir un apartamento contiguo al que habita en São Paulo. Estado: Juicio en la primera instancia.
Nombramiento ministerial. Cargos: Obstrucción a la justicia al articular junto con la expresidenta Dilma Rousseff su nominación como ministro jefe de la Casa Civil (principal articulador del gobierno) para dotarse de fuero privilegiado y escapar a la investigación de la primera instancia de Sergio Moro. Su nombramiento fue bloqueado por el STF y tras la destitución de Rousseff el caso pasó a la justicia ordinaria. Estado: Juicio en la primera instancia.
Aviones de combate. Cargos: Lavado de dinero y tráfico de influencias en la compra del Estado brasileño de aviones suecos Gripen por US$ 5.000 millones durante la presidencia de Dilma Rousseff (2011-2016). Según la denuncia, Lula recibió 2,25 millones de reales a través de una empresa de su hijo Luis Claudio. Estado: Juicio en la primera instancia.
Automotrices. Cargos: Corrupción pasiva. La denuncia sostiene que recibió 6 millones de reales en 2009 –su segundo mandato– para prorrogar beneficios tributarios a automotrices. Estado: Juicio en la primera instancia.
BNDES. Cargos: Tráfico de influencias, corrupción pasiva, lavado de dinero. Según la denuncia, Lula “influenció la política de financiación internacional del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo) con la intervención de otros organismos públicos federales para favorecer a Odebrecht”. La contraprestación fue de 20,6 millones de reales materializados mediante una participación en la empresa de uno de los sobrinos del expresidente. Estado: Juicio en la primera instancia.
Partido de los Trabajadores. Cargos: Organización delictiva que cometió crímenes de cártel, corrupción y lavado de dinero. Fue acusado junto a la cúpula del partido socialista que cofundó de haber cobrado ilegalmente 1.485 millones de reales, usando a la administración pública. Estado: Denuncia en el Supremo Tribunal Federal (STF), por involucrar a políticos con fueros parlamentarios. Fuentes: AFP/EFE
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