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De esta forma, la CGR objeta las intenciones de los accionantes Juan Carlos Lezcano (periodista) y el abogado Ezequiel Santagada, señalando que los mismos invocan su pertenencia al Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI), suponiendo que utilizarían dicha información “para provecho particular de corporaciones con intereses sectorizados”. El asesor jurídico César Núñez indica que la normativa establece que la publicación de las declaraciones juradas debe estar autorizada por el declarante.