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Solo los ministros Miryam Peña y Luis María Benítez Riera aceptaron integrar la Sala Penal para estudiar recursos meramente dilatorios de la coacusada María Liz Gutiérrez, exjefa de gabinete de Ibáñez.
Las chicanas se remontan al 16 de marzo del año pasado, cuando el juez penal de garantías Miguel Tadeo Fernández tuvo que suspender la audiencia preliminar porque se apeló ante la Corte la providencia de convocatoria a las partes.
El magistrado decidió consultar a la Corte sobre la suspensión o no de la tramitación del proceso mientras se estudiaba un recurso de casación.
Para llegar a la Sala Penal con ese recurso de casación, Gutiérrez cuestionó la fijación de la audiencia preliminar ante el juez Fernández y tras su negativa apeló el rechazo ante la siguiente instancia que es la Cámara .
Paralelamente, la exjefa de gabinete recusó a los camaristas Bibiana Benítez, Emiliano Rolón y Antonia López, lo que está pendiente también de estudio. Para este caso sí está integrada la Sala Penal con los ministros Benítez Riera, Peña y Miguel Óscar Bajac.
Pedido de multa
Ante los sucesivos actos dilatorios, los fiscales de Delitos Económicos Victoria Acuña y José dos Santos solicitaron que María Liz Gutiérrez sea multada por litigante de mala fe y abuso del derecho, pero hasta ahora no se le impone sanción alguna.
Mientras tanto, corren los plazos y la Sala Penal de la Corte ni siquiera está integrada para destrabar la preliminar, ya que solo aceptaron Luis María Benítez Riera y Miryam Peña.
Un tercer miembro está siendo buscado en la Sala Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones.
Los ministros que se inhibieron fueron José Raúl Torres Kirmser, Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica, Sindulfo Blanco, Alicia Pucheta y César Garay.
Intentó reconocer hecho
El diputado José María Ibáñez ya intentó zafar de este proceso con una salida benigna que significaba reconocer los hechos punibles de estafa y cobro indebido de honorarios.
El parlamentario propuso devolver a la Cámara de Diputados los G. 30 millones que cobraron sus caseros de forma irregular y realizar una donación de G. 200 millones, lo que finalmente no fue aceptado por el Ministerio Público.
Supuestamente, todo estaba encaminado, pero se truncó porque esa tibia salida procesal habría resultado insostenible ante la opinión pública.
La fiscala Victoria Acuña había aclarado la posición de la fiscalía, de seguir con el proceso, pero reconoció que el “amague” de confesión del legislador no hacía más que reconocer la investigación penal. “El Ministerio Público ya tomó una postura el día que presentó el escrito conclusivo. Esta propuesta de la defensa la respetamos, pero consideramos que en este caso particular se debe discutir en un juicio oral y público”, declaró en su momento.
Ante el fracaso del intento de salida procesal más benigna, el legislador y los demás acusados resolvieron seguir dilatando el proceso que puede terminar en impunidad.
Gestionó y avaló a planilleros
El diputado José María Ibáñez fue acusado por el Ministerio Público por estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicio de contenido falso y cobro indebido de honorarios.
De acuerdo a la acusación fiscal, el parlamentario pidió la contratación de Favio Ernán Gómez Chamorro, Viviana Patricia Falcón Valenzuela y Éver Isaac Falcón Valenzuela para prestar servicios en la Cámara de Diputados.
Fue así que los tres fueron contratados en agosto de 2013, para prestar servicios en carácter de auxiliares administrativos, aunque tales servicios no se prestaron.
“José María Ibáñez ha certificado documentos a través de los cuales se confirman las asistencias de las personas nombradas más arriba, quienes supuestamente estaban a su cargo, pero, según la información obtenida durante la investigación, a través de varias diligencias, se ha corroborado que estas personas trabajaban como caseros en su casa quinta, ubicada en Itauguá (en realidad es en Areguá)”, se desprende del escrito de acusación presentado ya en junio de 2014.
Los tres caseros fueron contratados, a pedido del diputado Ibáñez, como funcionarios de la Cámara de Diputados, con un salario mensual de G. 2.500.000. La esposa de Ibáñez, Lorena Plabst, está acusada por estafa por haber retirado el sueldo de sus caseros.
La entonces secretaria del diputado, María Liz Gutiérrez, está acusada por cobro indebido de honorarios, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y frustración de la persecución y ejecución penal.
griselda@abc.com.py