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El millonario esquema de coimas cobradas por la Policía de Alto Paraná a los marihuaneros del distrito de Itakyry fue revelado, casi sin querer, por el suboficial principal Marco Antonio Verdún Jara, el 10 de mayo pasado, cuando fue grabado por sus propios camaradas mientras de mala gana hacía entrega de su cargo de jefe de la subcomisaría 48ª de la colonia Nueva Conquista, en cuya jurisdicción existen las mayores plantaciones.
En el audio, se escucha a Verdún cuando reprocha a su sustituto, el suboficial principal Manuel Cantero Casco, por haber supuestamente conspirado para quedarse como jefe de la subcomisaría.
Muy molesto por su cambio, Verdún acusa también a Cantero de querer manejar el millonario “rubro” aportado cada mes por los marihuaneros de la zona y que era repartido entre las principales autoridades policiales de la región.
Entre otras cosas, Verdún revela a Cantero que recientemente había entregado G. 50 millones cada uno al anterior jefe de Policía de Alto Paraná, comisario principal Juan Fernández; al anterior jefe de Investigación de Delitos y al anterior jefe de Antinarcóticos (cuyos nombres deben ser confirmados por la Fiscalía). El suboficial incluso le confirma a su camarada que él se quedó con otros G. 45 millones y que tenía fotografías y otras pruebas de los sobornos repartidos a sus superiores.
Las impensadas revelaciones fueron hechas por Marco Verdún porque tocaron su dignidad, según dice en el audio, al referirse a la “traición” que sufrió de parte del último jefe de Policía, comisario principal Manuel Sosa (quien asumió en vez de Juan Fernández).
Supuestamente, Sosa le cobró G. 4 millones a Verdún para mantenerlo como jefe de la subcomisaría de Nueva Conquista, pero al día siguiente ordenó su destitución y firmó el nombramiento del suboficial principal Manuel Cantero Casco.
Derivaciones del escándalo
A partir de la viralización del audio, el comandante de la Policía, comisario general Luis Rojas, ordenó la remisión del suboficial a Asunción, donde Verdún sin embargo intentó negar la veracidad de la grabación y trató de justificar con otros argumentos las fotografías en las que sostiene los fajos de dinero que supuestamente repartió a sus jefes.
El comandante Luis Rojas, así como el subcomandante Bartolomé Báez López, también fueron mencionados en el audio por el suboficial Marco Verdún. De Rojas dijo que es su pariente político y que podría otorgarle protección, en tanto que de Báez señaló que le prometió que ordenaría que le asignaran otro “buen lugar” para trabajar.
Otras derivaciones del escándalo fueron las destituciones de los comisarios Manuel Sosa (quien habría cobrado los G. 4 millones) y Juan Fernández (que habría recibido los G. 50 millones), entre otras movidas importantes.
Aunque la cúpula policial intentó apañar el esquema corrupto, el fiscal de Minga Porã, Adolfo Santander, confirmó la veracidad del audio mediante el testimonio de dos policías que estuvieron en aquella conversación.
El funcionario del Ministerio Público podría formular una imputación por cohecho pasivo (coima. La Policía, en la denuncia de este caso sugirió la figura penal de cobro indebido de honorarios.
Sin embargo, también se podría configurar la figura de la asociación criminal, debido a que toda una estructura jerárquica de la Policía estaba aparentemente involucrada en el cobro de los sobornos de parte de los marihuaneros. Supuestamente, la Policía de Alto Paraná cobraba a los narcos de Itakyry unos G. 5 millones por cada hectárea de marihuana cosechada.
La asignación del fiscal antidrogas, Manuel Rojas, para ayudar en la investigación, suponer que también habría indicios para, hipotéticamente, llegar a incluir a los mismos uniformados en una causa por narcotráfico, el tipo penal más grave por el cual pudieran ser procesados.
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