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En un recuento de seis procesos penales abiertos por hechos de corrupción, la justicia paraguaya muestra su cara más pobre. Procesos iniciados hace cuatro o cinco años, ni siquiera se elevan a juicio oral y público.
Es más, hace dos años el senador colorado Víctor Bogado, quien busca el rekutu en la Lista N° 1 encabezada por Marito Abdo Benítez y soporta un caso por estafa y cobro indebido de honorarios conocido como “niñera de oro”, demostró que puede pasar factura si algo le molesta.
El año pasado increíblemente hubo una sola imputación resaltante en toda la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción y tuvo como protagonista a la fiscala Josefina Aghemo, quien decidió procesar por presunto enriquecimiento ilícito a Miguel Ángel Carballo, supuesto testaferro de Bogado.
La agente resultó “muy ambiciosa y osada” porque además de pedir la inhibición general de grabar y vender bienes de Carballo, solicitó los embargos de los bienes que en realidad pertenecerían al parlamentario citado más arriba.
Esto le costó a Aghemo –funcionaria de años de Delitos Económicos y con buena reputación– su traslado a la Unidad Especializada de Delitos Informáticos por disposición de la nueva fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, que tiene el estigma de responder al presidente de la República Horacio Cartes. En su reemplazo fue reasignado su colega Nelson Ruiz.
El “pecado” de la fiscala fue dejar al descubierto la certeza de una investigación de ABC Color sobre los injustificables bienes de Miguel Carballo, conocido como el “mecánico de oro” por tener una fortuna considerable a la de un exitoso empresario.
Carballo, inclusive, tuvo que admitir su planillerismo en la Cámara de Diputados, donde de la mano de Bogado entró y cobraba sin trabajar. A la par, es funcionario de la Municipalidad de Asunción comisionado al Ministerio de Justicia. Esta situación, inclusive, dejaba claro que no era millonario porque tenía la desfachatez de cobrar salarios públicos sin contraprestación de servicios.
Excarcelado pese a oposición
Miguel Ángel Carballo estuvo con prisión preventiva solo 30 días pese a ser imputado por un hecho considerado crimen, enriquecimiento ilícito en la función pública.
El “mecánico de oro” contó con la mala suerte de que todavía intervino Aghemo en su audiencia y la agente apeló el arresto domiciliario que le dio el juez Miguel Tadeo Fernández. La fiscala fue clara al argumentar que se expone a 10 años de cárcel y la ley prohíbe medidas alternativas. Finalmente será la Cámara de Apelaciones la que resuelva la situación.
El enriquecimiento
Miguel Carballo fue imputado porque pese a tener ingresos solo como mecánico logró amasar una fortuna con la que adquirió un shopping ya transferido (Paseo Vía Bella) por G. 1.900 millones, un departamento de G. 450 millones y una deuda a cobrar de US$ 300.000, además de venta de valores y divisas de su empresa Rocket SA y adquisiciones de vehículos por US$ 40.000.
Sin juez, recusa a camaristas
El exsenador cartista Óscar González Daher, quien busca nuevamente acceder a una bancada en la Lista N° 1 de Marito Abdo Benítez, está sin juez y recusa a camaristas para dilatar su proceso por tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal.
Este caso le costó la pérdida de investidura a González Daher, debido a que audios difundidos por ABC Cardinal revelaron el esquema de aprietes a fiscales y jueces para negociar causas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La imputación data de diciembre del año pasado y a más de cuatro meses, ni siquiera hay juez.
Tanto la defensa del exparlamentario como la de su exsecretario Raúl Fernández Lippmann, como las del abogado Carmelo Caballero y el exsenador Jorge Oviedo Matto, plantearon la nulidad del acta de imputación, algo que todavía no se definió y por ende, tampoco se realizó la audiencia de imposición de medidas.
El Ministerio Público solicitó para todos el arresto domiciliario, debido a la gravedad de los hechos y al concurso de delitos.
Hace unas semanas, la defensa de González Daher se aseguró de que no se destrabe la causa porque recusó a los camaristas Arnulfo Arias, José Agustín Fernández y Carlos Escobar, tras una veintena de inhibiciones de jueces penalistas y civilistas.
Anuló elevación a juicio oral
El senador colorado Víctor Bogado, que aparece en la Lista N° 1 para el rekutú el próximo 22 de abril, logró lo que ningún político acusado por corrupción, anular de manera inexplicable la elevación a juicio oral de su caso de estafa y cobro indebido de honorarios, más conocido como “niñera de oro”.
La nulidad fue irregular porque la ley sostiene que el acta de elevación de la causa a juicio oral es inapelable.
Con el favor que le hicieron los camaristas Emiliano Rolón Fernández (en ese entonces integrante de una terna para ministro de la Corte), Mirtha González de Caballero y Carlos Ortiz Barrios al anular la elevación, el político se dedica desde hace tres años a burlar su audiencia preliminar.
El parlamentario se turna con los coacusados Gabriela Quintana Vanialgo, la niñera de sus hijas, y su entonces secretario de gabinete Miguel Ángel Pérez, para plantear recursos dilatorios y ni siquiera es sancionado.
Bogado, Quintana y Pérez fueron acusados el 19 de junio de 2013. El político fue desaforado, pero si vuelve a acceder a una bancada la justicia deberá pedir nuevamente que se le despoje del privilegio.
Hasta ahora la mayor ayuda recibió de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, debido a que están pendiente un conflicto de competencia del juez Óscar Delgado.
Elabora ternas de jueces y tiene dos procesos trabados encima
El senador liberal Enzo Cardozo elabora ternas de jueces y fiscales como miembro del Consejo de la Magistratura, mientras traba sus dos procesos por lesión de confianza por millonarios perjuicios en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Además, lo más probable es que el parlamentario logre cinco años más de estancamiento de sus causas al ser electo en Parlasur, que se sabe que no desafora a sus integrantes.
Cardozo concluyó el año pasado sin que avancen sus procesos por lesión de confianza y su cupo en el Parlamento del Mercosur se traduciría en su impunidad.
El exministro del MAG durante el gobierno de Federico Franco debía haber soportado de agosto a diciembre de 2017, juicio oral por un perjuicio de G. 68.000 millones por el desvío en producción frutihortícola.
De hecho, cinco exdirigentes de la Fenaprofhp, Silvio César Riveros, Luis Guillermo Picardo, Ricardo Arias, Ignacio Acuña y Lidio Esteban Irala, fueron condenados a penas de 7 a 11 años de cárcel porque se comprobó la lesión de confianza.
Paralelamente, Enzo Cardozo burla su audiencia preliminar por el desvío de otros G. 3.100 millones, dinero que del Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope) y el Frente Combatiente contra la Pobreza (Freccop).
Logrará blindaje con cupo en el Parlasur
El diputado liberal Pedro Milciades Duré también dilata afrontar su juicio oral y público por la compra fraudulenta de 5.000 hectáreas de tierra de la firma San Agustín SA y el perjuicio de G. 48.000 millones al Indert mediante la operación.
El parlamentario busca otros cinco años de impunidad debido a que es candidato N° 1 por la Lista N° 2 de Efraín Alegre, para el Parlamento del Mercosur, que se sabe que no desafora a sus integrantes pese a que este beneficio ni siquiera les alcanzaría.
Llamativamente, el juicio oral de Duré fue fijado para el viernes 20 de abril, dos días antes de las elecciones y es imposible que si se llega a realizar pueda concluir con sentencia.
De acuerdo a los antecedentes, el 9 de noviembre de 2016 fue la última vez que los jueces Juan Pablo Mendoza, Laura Ocampo y Jesús Riera intentaron juzgar al parlamentario junto con el extitular del Indert Luis Ortigoza. En esa ocasión, llamativamente la ministra Miryam Peña, integrante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, solicitó el expediente principal para estudiar una acción de inconstitucionalidad.
Con esto, Duré ganó más de un año de tiempo de la mano del alto tribunal. Todo esto sucedió luego que de votara a favor y en contra de su propia bancada para enviar a la comisión el proyecto de la enmienda constitucional para el intento de rekutu del presidente Horacio Cartes.
Intentó otra salida, pero Fiscalía se opuso
El diputado colorado José María Ibáñez, que está en los primeros puestos para la diputación por el Departamento Central, intentó una salida alternativa a su proceso conocido como “caseros de oro”, trabado desde el 2013 por la justicia.
En el 2014, Ibáñez se comprometió a donar G. 200 millones a fin de ser beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento. La figura procesal permite que a cambio de ciertas reglas de conducta, el procesado quede fuera del proceso y sin antecedentes penales, pero admitiendo los hechos.
Sin embargo, el día de la audiencia la fiscala Victoria Acuña se opuso a la salida más benigna. La agente había argumentado que la expectativa de pena supera los cinco años, tal como establece la ley penal porque hay concurso de hechos punibles debido que la acusación es por estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicio de contenido falso y cobro indebido de honorarios.
Tras este fallido intento, Ibáñez y los coacusados Lorena Plabst (su esposa), Favio Ernán Gómez Chamorro, Viviana Patricia Falcón Valenzuela y Éver Falcón Valenzuela (sus caseros que cobraban salarios en la Cámara de Diputados) y María Liz Gutiérrez (jefa de gabinete de Ibáñez), se turnaron para plantear chicanas para que el juez Miguel Tadeo Fernández no pueda realizar la audiencia preliminar.
Este año, la Sala Penal de la Corte completó dos años sin destrabar una casación totalmente improcedente.
El Lava Jato
En Brasil existen 123 personas (la cúpula empresarial de las firmas involucradas, funcionarios y algunos políticos) condenadas en el marco de la operación Lava Jato (lavado a chorro), que desenmascaró la gran red de corrupción montada en Petrobras durante el gobierno de Lula Da Silva. Y, aun hay 101 políticos con fueros, en proceso de ser investigados y enjuiciados. El juez Sergio Moro sentenció a 9 años y 6 meses de cárcel a Lula en julio de 2017, pero la Cámara aumentó la pena a 12 años de cárcel.
Intocables
El sometimiento de la justicia en paraguay es un descaro. Hay más de una decena de políticos que chicanean sus procesos por corrupción con la complicidad de jueces y ministros. Muchos son intocables y ya tienen el mote de “mimados” como Víctor Bogado. La gran mayoría busca acceder nuevamente a cargos en el Parlamento para volver a tener fueros y seguir burlando juicios. Las causas datan de cuatro o cinco años porque abarcan gobiernos de Federico Franco y Fernando Lugo, principalmente.
Enquistados
En un sondeo rápido, entre el Partido Colorado y el Liberal presentan como sus “opciones” para el Congreso Nacional a nada menos que diecisiete candidatos con cuestionadas gestiones y dudosos antecedentes. Tanto los senadores como diputados ganan G. 33 millones mensuales en concepto de salario y gastos de representación, lo que equivale a 16 salarios mínimos (G. 2.041.123). Además, tienen cupos de combustibles mensuales de G. 5 millones y seguros “médicos de oro”.
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