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En el año 2014, tres “empresarios”, Ulisses Jorge Cardoso, David Esteban Martínez Navarro y Hadson Da Costa Dos Santos fundaron la firma denominada “Grupo Empresarial San Jorge SA”, supuestamente para dedicarse al transporte aéreo y terrestre de personas y cargas, servicios de transporte hospitalario.
Sin embargo, el Grupo Empresarial San Jorge SA nunca pasó de ser una firma de papel o de maletín, como le llaman. Sin embargo, sus accionistas la utilizaron para la compra de avionetas usadas, presumiblemente de los Estados Unidos, que luego con la complicidad de los funcionarios de la Dinac y otros intermediarios conseguían habilitarlas, a través de documentos falsificados y matrícula correspondientes a otras naves, para realizar vuelos nacionales e internacionales.
Para conseguir esto, según la acusación fiscal, los “empresarios” se vieron obligados a conectarse con los funcionarios de la Dinac identificados como el coronel (SR) Jesús César Ríos Rabello (71), quien se desempeñaba como subdirector de Normas de Vuelo; el ingeniero José Darío Gauto Ginés (61), responsable de la emisión de los certificados de aeronavegabilidad; el gerente del Registro Aeronáutico Nacional (RAN), Joel Ricardo Amarilla Monges (55); y el inspector Alfonzo Rutilio Ramírez Duarte (69), autorizado para realizar la verificación física de aeronaves. La estructura operaba con la colaboración de los mecánicos de aviación Rubén Darío León Téllez (56) y su hijo Rubén Osmar León Agüero (35), ambos propietarios del taller AIR PAR SERVICE OMA 010.
Con esta estructura, la mencionada firma puso en operación ocho aeronaves, las que utilizó para transportar grandes cargamentos de cocaína tanto de Bolivia como Colombia hasta la zona de Amambay, donde utilizaban el aeropuerto local como una verdadera base de operaciones. Toda la droga que traían, aparentemente lo almacenaban en un depósito clandestino y desde allí la remesaban en pequeñas cantidades a distintos país de Europa, Asia, África y en algunos casos Estados Unidos.
La estructura criminal operó impunemente hasta que el 6 de julio del 2015, agentes del Ministerio Público y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) efectuaron una serie de allanamientos simultáneos tanto en Pedro Juan Caballero como en la capital y se incautaron de 22 avionetas, todas vinculadas a la misma red criminal.
La naves fueron sometidas a peritaje con el sistema de aspirado, y gracias a ello se pudo confirmar que la mayoría de ellos presentaba restos de cocaína y otras sustancia en el tapizado.
Luego se procedió a la captura de las cabezas visibles de la firma investigada, Ulisses Jorge Cardoso y David Esteban Martínez Navarro, mientras que Hadson Da Costa Dos Santos nunca pudo ser ubicado y actualmente se encuentra prófugo de las justicia. Gracias a algunas chicanas y recursos judiciales, Ulisses Jorge Cardoso recuperó rápidamente su libertad, pero luego fue nuevamente detenido y remitido a la penitenciaría por la fiscalía. La mayoría de los pilotos contratados para operar las avionetas y que fueron responsables, supuestamente, del traslado de toneladas de drogas terminaron presos e imputados por narcotráfico.
Finalmente, los investigadores intervinieron las oficinas administrativas de las Dinac, donde procedieron a la detención de los cuatro funcionarios mencionados y la incautación de todas las documentaciones relacionadas con el hecho. Todas las pruebas fueron remitidas al Ministerio Público, donde fueron estudiadas meticulosamente por un grupo especial de agentes.
El resultado del trabajo fue la acusación presentada el 21 abril pasado contra estas seis personas, quienes se exponen a fuertes penas carcelarias por la falsificación de los documentos públicos que usaron para habilitar las aeronaves que surcaron por más de un año los cielos de la región transportando cientos de kilos de cocaína y marihuana, según la conclusión fiscal.
brlopez@abc.com.py