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Para apropiarse del emprendimiento hidroeléctrico binacional, los descendientes de Lusitania tiraron al cesto de basura el compromiso del presidente Joao Goulart del 19 de enero de 1964 y el Acta Final de Foz de Yguazú del 22 de junio de 1966.
No tuvo mejor suerte la Declaración Conjunta de los presidentes Fernando Lugo e Inácio Lula Da Silva del 25 de julio de 2009. No fue más que un simulacro para rechazar in extenso los reclamos de la Comisión Negociadora que el Gobierno de Lugo exigía:
1) La libre disponibilidad de la energía paraguaya. 2) El precio justo. 3) La revisión de la deuda de Itaipú. 4) La cogestión plena. 5) La implementación de auditorías binacionales públicas. 6) La realización de todas las obras previstas en el Tratado.
Finalmente, como premio consuelo, luego de humillantes cabildeos, el Senado brasileño, de US$ 3 MWh aumentó a unos US$ 9 el MWh la energía que no utilizamos, desde 1986 gratuita para la Eletrobras, pagada por el Tesoro brasileño.
Otro bálsamo consistió en la ampliación de la Subestación de la Margen Derecha, prisionera en territorio de Itaipú, para la implantación de un vano de salida de una línea de transmisión de 500 kV pagados con los Fondos Estructurales del Mercosur (FOCEM).
Otros ofrecimientos que permitía la ANDE, en vez de la Eletrobras, comercializar el excedente, fueron al mazo, como también irá luego del 2023, la promesa de comercializar a terceros mercados la energía de Itaipú.
Ni Jeffrey Sachs se salvó de la ignominia.
Fue desacreditada la imparcial conclusión del académico norteamericano -por el Director General Brasileño y el Director Financiero Ejecutivo- por demostrar que la deuda de Itaipú ya fue honrada por Paraguay en el 2008 y corresponder a la Itaipú (Brasil) compensar al país con unos US$ 5.000 millones.
Si seguimos siendo flojos, la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú en el 2023 no cambiará las condiciones de privilegio que goza el socio condómino. El status quo, que solo beneficia a los comensales de Itaipú, impedirá que el país disponga libremente de su energía y de los otros reclamos.
Nuestra forzada relación con Brasil -que blanqueó en el Acta de Foz de Yguazú la apropiación indebida del Salto de Guairá, birlando los límites genuinos instaurados en 1872- no es la más propicia. El vecino condómino, para lograr su objetivo, no hesitará en violar el Tratado y la Constitución de la República del Paraguay.
Las autoridades que debieran protegernos, con la reciente experiencia en Yacyretá, dejan razonables dudas de su interés en defender la principal riqueza del país.