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José Ignacio Lula Da Silva, presidente de Brasil (2003-2010) y ahora infructuoso jefe de gabinete de Dilma Rousseff, declaró recientemente que “cuando existe una intolerancia como la que ahora está ocurriendo en Brasil, se convierte en algo insoportable, un retroceso, en Brasil deberemos luchar para que no ocurra igual lo mismo que en Honduras o Paraguay”.
Para tapar la gigantesca corrupción de Petrobras, por él apañada, recurre a la “caja china” como estrategia extrema para desviar la atención, intentando comparar el proceso de destitución de Dilma con el del obispo Lugo como un insoportable retroceso democrático. Cínicamente, una deleznable persecución política, sin relación con el crimen organizado, que habría que revertir para que no ocurra lo mismo que en Paraguay.
El 3%
Durante el gobierno de Lula, en su función de ministro de Energía presidía el Consejo de Administración de Petrobras Dilma Rousseff (2003-2005), actual presidente brasileña.
Cabe resaltar que Petrobras no es solo la mayor empresa del Brasil, es también la mayor empresa estatal de toda Latinoamérica. Emplea a más de 85.000 personas y se estima que procesa unos 2.500.000 barriles de petróleo por día. Está presente, mediante sus estaciones de servicios en numerosos países, incluyendo hasta hace poco a nuestro país. Desde el 2003, la estatal Petrobras, presuntamente para fortalecer la industria local, licitaba sus obras exclusivamente con empresas constructoras y de ingeniería brasileñas.
Con ello se inició la aplicación de la política “Compre (lo) Nacional” que Dilma Rousseff, como ministra de Energía, implementaría para la creación de empleos e impulsar la industria nacional. Sin embargo, de acuerdo con Paulo Roberto Costas, exdirector de abastecimiento de Petrobras, se desviaba alrededor del 3% del presupuesto de los contratos en sobornos para empresarios y políticos a cambio de asegurar la adjudicación. Estos sobornos, entre otros, comprendían pagos mensuales a políticos para financiar a sus partidos o para campañas electorales. El dinero así adquirido era lavado reintroduciéndolo en el mercado a través de estaciones de suministro de combustibles, lavaderos de autos (“Lava jato”), lavanderías, hoteles, etc.
Más tarde, los delincuentes implicados transferían el dinero al extranjero, a centenares de empresas ficticias y cuentas bancarias que enviaban millones de dólares hacia China o Suiza. Las compañías, para encubrir el dolo simulaban transacciones de importaciones y exportaciones, sin la presencia de productos o servicios. Cualquier semejanza con la ruta del dinero “K”, en Argentina, es pura coincidencia.
Recaudando para los “amigos”
Con esta “política” se pudo recaudar para los “amigos” entre 2004 y 2012 unos 2.400 millones de euros. Parte de esta recaudación se utilizaba en pagos mensuales a políticos del PT y sus aliados; para financiar partidos políticos; para campañas electorales y especialmente en sobornos. Todo el esquema funcionaba a la perfección con José Ignacio Lula Da Silva en la presidencia y Dilma Rousseff en el Consejo de Administración de Petrobras.
Efectos políticos del “lava jato”. Itaipú: ¿Seré yo señor?
En marzo del 2014, a escasos siete meses de las últimas elecciones presidenciales brasileñas, se hizo público el oprobio. Dilma Rousseff resultó reelecta en una contienda muy reñida. La reelecta obtuvo el 51.46% de los votos contra el 48.36% de su oponente, el liberal Aécio Neves del PSDB.
No obstante, el caso Petrobras afectó a la popularidad de Rousseff. Las críticas apuntaban a su amplio conocimiento acerca de la red de corrupción que se maneja en el ente estatal.
En marzo del 2015, el escándalo subió de nivel al conocerse a los implicados en el caso, en su gran mayoría aliados y miembros del PT.
La lista comprometía en gran medida a Dilma, ya que Juan Vaccari Neto, tesorero del PT y miembro ad eternum del Consejo de Administración de Itaipú, fue llamado a declarar sobre presuntas donaciones legales e ilegales de varias empresas socias de Petrobras responsables de financiar la primera campaña política de Rousseff en el 2010.
Neto está condenado por haber recibido unos US$ 200 millones en concepto de sobornos. Dada su larga permanencia en Itaipú, el Tribunal de Cuentas de la Unión anunció recientemente la fiscalización de las cuentas de la binacional. Existe la presunción que durante su prolongada gestión en Itaipú haya lavado dinero de empresas que prestan servicios en la entidad, en cuyo caso miembros paraguayos del Consejo de Administración devendrían en cómplices, por acción u omisión. Una vez presos, en busca de la rebaja de sus penas, los delincuentes no tienen reparos en acusar a sus cómplices. Solo es cuestión de tiempo, para que la firme justicia brasileña, pueda desenredar el ovillo completo.
La comunidad internacional, conjunto de sujetos de Derecho Internacional Público, está harta de políticos bandidos y de sus socios del sector privado, que hacen ostentación de su riqueza mal habida, mientras el resto vive en escandalosa precariedad.
Debido al gran escándalo que está haciendo tambalear a Dilma Rousseff, un grupo de tenedores de acciones de Eletrobras, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, atribuyéndose indebidamente la propiedad exclusiva de Itaipú, había presentado una demanda en una Corte Federal de Manhattan contra de la multinacional brasileña.
Consultado al respecto, el director paraguayo de la binacional, James Spalding, dijo que la situación de Petrobras no afecta directamente a Itaipú. Sin embargo, si ganan los demandantes, su impacto sería impredecible y tal vez la Petrobras solo sirva para botón de muestra.
juanantoniopozzo@gmail.com