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Liderada por los gobiernos brasileños y sus adláteres paraguayos, la entidad binacional que se gestiona como una empresa brasileña, para llegar a este colmo transitó un largo proceso histórico que se inició con la entrega del Salto del Guairá.
De propiedad paraguaya, la mayor maravilla natural del mundo de pronto cambió a condominio de los dos países limítrofes, según registros que obran en el Acta Final de Foz de Yguazú de 1966. Sin consulta parlamentaria, los cancilleres no titubearon en rubricar el Acta.
En el mismo documento, que proyectaba el aprovechamiento hidroeléctrico conjunto del condómino río Paraná, quedaba dividida en partes iguales la producción energética y por la energía no utilizada, el Paraguay recibiría un precio justo.
Sin embargo, una vez formalizado los términos del Acta en el Tratado de Itaipú de 1973, toda la energía, excepto una pequeña porción, fue destinada al Brasil.
En vez del precio justo, una irrisoria compensación a cargo de Itaipú sería suficiente. Del mismo cuero salía la correa.
El tratado, un vergonzoso timo ratificado por la mayoría parlamentaria entreguista, fue prontamente convertido en ley el 17 de julio de 1973, consumándose así la apropiación indebida de Itaipú.
Se completaba la abdicación con una Nota Reversal que distribuía los cargos y funciones más importantes a los brasileños. El resto, las accesorias a los paraguayos.
Esta grosera apropiación indebida, auspiciado por el propio presidente general Stroessner y sus obsecuentes negociadores, sigue invariable en manos de los últimos gobiernos.
Estos en complicidad con la justicia con inusitada presteza consiguieron un blindaje jurídico, para impedir el escrutinio estatal, hasta transmutarlo en un tercer Estado.
No obstante, para su autonomía plena era menester conseguir rentas o beneficios que eran prohibidos en el tratado. Con dinero suficiente, distribuido generosamente a la clientela política y a la alta gerencia, los administradores aseguraban sus millonarios cargos.
Entonces, los órganos de administración en vez de potencia comercializaron energía que clasificaron básicamente en: firme o garantizada y adicional a la garantizada.
Con la primera, estaban cubiertos todos los Costos del Servicio de Electricidad. Una salomónica solución, habida cuenta que la potencia comercializada siempre era menor que la potencia disponible para la contratación haciendo imposible solventar el costo del servicio.
Con la energía adicional, libre de compromisos con el costo del servicio y suficientemente atendido con los ingresos de venta de la energía garantizada, era factible el lucro.
Aunque prohibida la ganancia o beneficio administrado al margen del control estatal, habría que encubrirlo recurriendo a la ilegal modificación de la misión de Itaipú. A la tarea principal de la usina de generar energía, añadieron otras accesorias relacionadas con el gasto social.
La exitosa conspiración en contra de los Estados Parte era un hecho, aunque insuficiente.
Conseguida la entrega de la soberanía energética paraguaya, quedaba en el tintero, la sospechada de corrupta, Eletrobrás a la que había que subsidiar con las elevadas tarifas de electricidad resultantes de deudas fraguadas.
Por increíble que parezca, la generalizada corrupción, fuera de control, convertía en damnificados no solo al pueblo paraguayo sino también al brasileño. Tanto paraguayos como brasileños, a través de una tarifa energética artificialmente cara, subsidian a los privilegiados accionistas de la multinacional Eletrobrás.
Desde el arreglo de las cuentas con la multinacional brasileña en 1997, la principal tarea de la Itaipú se centró en la recaudación de unos US$ 2.000 millones destinadas al pago anual a la Eletrobrás.
Esta irracional iniquidad posterga el desarrollo del país. Un verdadero escollo para que la misión de Itaipú, “…el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos hidráulicos del río Paraná…”, pueda lograr su cometido.
(*) juanantoniopozzo@gmail.com