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Se trata de una reforma tributaria que se propone llegar al menos a una presión tributaria del 15% en los próximos cinco años. Entre los principales puntos de la propuesta figuran fusionar el IRAGRO con el IRACIS, para un mayor rendimiento de la renta agropecuaria, para un mayor control sobre los precios de transferencia de los commodities agrícolas y con el fin de eliminar exenciones a los intereses de algunos activos.
A la vez, sugieren ampliar las alícuotas o tasas del Impuesto a la Renta Personal (IRP), de dos actuales a 6 y con rangos de ingresos que se extienden de 5 a 25%.
Nuevo esquema de alícuotas para el IRP
Entre los tramos de renta anual en salarios mínimos (SML) plantean: de 0 a 36 SML (exento), más de 36 SML a 60 SML (5%), más de 60 SML a 120 SML (8%), superior de 120 SML a 200 SML (10%) y más de 200 SML a 300 SML (15%). Sigue con aquellos con más de 300 SML a 400 SML (20%) y más de 400 SML (25%).
También de reducir los gastos deducibles del IRP a los niveles normales y/ o comunes de aplicación de este tipo de impuesto en la región latinoamericana.
Además, impuesto único del 5% a la venta de productos agropecuarios o Impuesto Ambiental (externalidades negativas).
Otras de las propuestas es generalizar gradualmente la tasa del IVA del 10% a aquellos bienes y servicios que están eximidos de este impuesto o que solo pagan el 5%.
Por otro lado, proponen al nuevo gobierno la derogación de la Ley N° 5542/2015, que permite la invariabilidad tributaria al impuesto a la renta a empresas por más de 20 años y corregir y/o reducir los regímenes especiales que causan perforaciones tributarias.
Insisten en buscar mejorar la recaudación del impuesto inmobiliario mediante la ayuda de la administración central a gobiernos locales así como mejorar la administración tributaria con recursos humanos más calificados, capacitación constante y uso de tecnología actualizada.
Calidad del gasto público
Son enfáticos los economistas al destacar que ninguna reforma tributaria podrá ser efectiva ni tendrá legitimidad, si no se mejora la calidad del gasto público de manera sustentable, eficiente, equitativa y transparente. Para ello deben contribuir la menor discrecionalidad del Congreso en asignación de recursos, una gestión más rigurosa y transparente del Ejecutivo en la inversión pública, mayor prioridad del gasto público hacia las demandas sociales, y más control del gasto en gobiernos subnacionales e instituciones autárquicas.