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El Tratado de Itaipú y el de Yacyretá son parecidos. Sus negociadores, que sin vacilar cumplían mandatos del presidente Stroessner, fueron los mismos: Enzo Debernardi, Raúl Sapena, Alberto Nogués, Carlos Saldívar, Ezequiel González Alsina. Últimamente, Conrado Pappalardo, en la conferencia “Itaipú & Yacyretá. La historia verdadera”, se atribuye tan deshonrosa misión.
Empleamos el nefasto Tratado de Itaipú como muestra del despojo sufrido por Paraguay en ambas hidroeléctricas.
El Tratado de Itaipú de 1973 se desentendió de todos los términos del Acta Final de Foz de Yguazú de 1966, que suponía la explotación conjunta del río Paraná. La única conclusión válida para Brasil en el Acta Final hacía referencia a la aquiescencia paraguaya que le otorgaba en condominio el Salto del Guairá (subrepticiamente escondida en la tercera conclusión del acuerdo). Todo ello, allanando el plan brasileño de explotación energética del río Paraná, con el que pretendía morigerar la falta de electricidad a su creciente población.
Se puede concluir que el Tratado de Itaipú, violando los términos de las conclusiones arribadas en el Acta de Foz de Yguazú fue diseñado, con la complicidad traidora del oficialismo gobernante, para otorgar la soberanía energética de Paraguay a Brasil.
En efecto, la igualdad en la explotación del río Paraná, establecida en el Tratado de Itaipú, se fue diluyendo a lo largo del contexto documental hasta instituirse un discutido derecho de adquisición sobre la energía paraguaya no utilizada. Como si fuera poco, la cesión energética de Paraguay fue imputada al Costo de Servicio de Electricidad de Itaipú, de tal suerte que, con la cesión de su energía al socio condómino, Paraguay se pagaba su propia compensación.
Es pertinente aclarar que algunos réprobos caducos siguen insistiendo en negar autoridad soberana paraguaya sobre la mitad de la producción proveniente de las empresas binacionales hidroeléctricas.
Intervención brasileña
También en el extravagante Tratado, se instauraba la intervención de la seguridad brasileña en ambas márgenes del emprendimiento binacional. También, como parte de esta política entreguista, en el mismo día de la firma del Tratado de Itaipú, el 23 de abril de 1973, una nota reversal adjudicaba los principales cargos del Directorio Ejecutivo a funcionarios brasileños impidiendo la cogestión paritaria.
Para completar la abdicación, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Antonio Fretes, Miguel Bajac y Alicia Pucheta) en la Acordada 280 del año 2011, no hizo lugar a informes exigidos a la ANDE sobre Itaipú y Yacyretá. El Congreso, sus comisiones investigadoras, la Contraloría y demás órganos de control estatal no podían auditar a Itaipú. Un hecho delirante que convirtió a la binacional hidroeléctrica en un Estado paralelo.
Desde el año 2002, por resoluciones del Directorio Ejecutivo y del Consejo de Administración (RDE 145 y RCA 020) Itaipú asocia a la potencia disponible para la contratación una energía llamada garantizada y una energía adicional a la garantizada. De hecho, se oficializa la venta de energía y no de la potencia prevista en el Tratado.
Desde entonces Itaipú vende una energía garantizada cara (US$ 44 el MWh) y una energía adicional barata (US$ 5,68 el MWh). La combinación de ambas energías, resulta en las tarifas que pagan por su adquisición, tanto la ANDE como la Eletrobras.
Al comprar la Eletrobras la mayor porción de la energía garantizada y una vez conseguido las tres cuartas partes de la energía adicional, la estatal brasileña paga una tarifa que no obstante supera al de la ANDE al ser extraordinaria la cantidad de energía que adquiere. Entre tanto, la adquisición de una mínima cantidad de energía garantizada y una cuarta parte de la energía adicional, demandan de la ANDE una tarifa menor, piedras en zapatos de la Eletrobras.
Sin embargo, el reparto fraudulento de la energía adicional a la garantizada, dispuesto por los órganos de administración de Itaipú, no se compadece del Tratado que claramente establece el reparto de la producción energética de Itaipú en partes iguales a ambos socios. Aunque por exigencias de la Eletrobras, la energía adicional a la garantizada es obtenida cada vez menos por la dejadez de la ANDE.
Entre 2015 y 2016, la energía adicional disponible fueron de 14.215.000 MWh y de 20.098.000 MWh respectivamente, correspondiendo a la ANDE prácticamente nada de la energía adicional a la garantizada: apenas unos 848.000 MWh (2015) y 342.000 MWh (2016). Las consecuencias de esta inequidad no se hicieron esperar, La ANDE subió la tarifa eléctrica a los consumidores.
Esta desigualdad, por enésima vez, es el reflejo característico del leonino Tratado de Itaipú. Actualmente, las autoridades de la ANDE seguirán en la bizantina discusión de “… la falta de un acuerdo con Eletrobras sobre la contratación de valores de potencia de Itaipú, que ‘imposibilita’ la emisión de facturas mensuales por la prestación de los servicios de electricidad…”. La ANDE y el inoperante Consejo de Administración, no exige el reparto igualitario de la energía adicional a la garantizada.
La política del hecho consumado, aplicada por Brasil a Paraguay en Itaipú, sin solución de continuidad, es una impronta de hierro que solo podrán subsanar verdaderos estadistas comprometidos con el Paraguay. Los rostros actualmente visibles, carentes de decoro, no podrán obstaculizar el efecto “Bolsonaro” como estrategia militar que ataca para defenderse.
General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno juananatoniopozzo@gmail.com