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Si bien es cierto que existe una mayoría que se alimenta del oficialismo y sus noticias, no se ha hecho justicia con los que, con grandes sacrificios, mantienen su independencia. Ellos son independientes y no viven de los poderes que manipulan la información.
Es meritoria su labor pues la dificultad económica y las restricciones para entrar en la privilegiada información oficial reservada les exige un esfuerzo adicional, particularmente los profesionales que persiguen las noticias, siempre con el riesgo de ser denunciados ante los jueces con acusaciones manipuladas.
Gran parte de nuestros jueces, más preocupados en ubicar a sus proles en algún resquicio estatal rentable o en el blindaje jurídico de las hidroeléctricas binacionales, se encargan de dificultar la difusión de noticias sobre la corrupción con medidas que protegen al poder de turno.
Las denuncias sobre la ilegal modificación de la misión de Itaipú o las multimillonarias vacaciones sempiternas de los miembros de su Consejo de Administración no hacen mella en sus espíritus claudicantes.
Mediante argucias dilatorias o rechazando pruebas que inculpan a los acusados, los periodistas comprometidos son taponados por estos protectores de delincuentes.
Hasta hace poco, a los jueces no les temblaba el pulso para ordenar a la policía irrumpir en algún periódico decretando su cierre. Procesaban a su director y equipo directivo, incluso al Consejo de Administración. Si fuese el caso, ordenaban su detención para ser interrogados en las comisarías.
Lamentablemente, hasta hoy día, estos venales incompetentes no caen en la cuenta del cambio de escenario. Es el que mantiene en prisión a Odebrecht y su séquito de administradores oficialistas de la vecindad regional.
Estos juristas, como el avestruz que esconde en el hoyo la cabeza, pretenden no ver que estos periodistas son la conciencia del pueblo que cumplen con la dura misión de descubrir la verdad.
No obstante, hay atisbos de optimismo. No hay mal que dure cien años.
Recientemente, la subsecretaria adjunta del Departamento de Justicia, Sung-hee Suh, comunicó que “Odebrecht y Braskem utilizaron una unidad de negocios de Odebrecht, oculta y funcional, que podríamos llamar ‘Departamento de Sobornos’, que pagó sistemáticamente centenas de millones de dólares a funcionarios corruptos en países de tres continentes”. Cabe mencionar que, últimamente, los US$ 3.500 millones de multas aplicadas a la Odebrecht y a la Braskem son parte de un acuerdo de lenidad –confesión a cambio de reducción de castigo– en el que participan los gobiernos norteamericano, suizo y brasileño para liberarlos de las acusaciones judiciales en esos países.
Esta cifra representa la multa más alta jamás pagada en el mundo en acuerdos de este tipo y es uno de los triunfos de la Operación “Lava Jato”. Mientras, se sigue esperando pacientemente que la Contraloría General de la República del Paraguay y el Tribunal de Cuentas de la Unión no hagan oídos sordos a la prensa y se decidan auditar Itaipú.
juanantoniopozzo@gmail.com